“Definitivamente no”, dijo Moncada cuando la periodista Michelle Polanco le preguntó al canciller si el gobierno de Ortega va a aceptar adelantar las elecciones presidenciales, como lo pide el sector opositor agrupado en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en la mesa de diálogo.
“Adelanto de elecciones no es un tema que esté sobre la mesa de negociación “, dijo Moncada. El funcionario argumentó que adelantar las elecciones implica una violación a la Constitución Política y un mal precedente para próximos gobiernos.
“La Constitución vigente en nuestro país establece períodos presidenciales claramente definidos. Y dos porque, imagínese usted, qué va a pasar si nosotros utilizamos como método, como precedente estarle adelantando las elecciones a cada presidente que pueda irse produciendo en el transcurso del tiempo, sería muy difícil así fortalecer la democracia”, expresó Moncada.
Por su parte, el negociador de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Jose Pallais, expresó este jueves que, si el Gobierno de Ortega se niega a abordar el tema de elecciones anticipadas, la Alianza estaría abandonando la mesa de negociaciones que sostiene con el gobierno de Daniel Ortega desde el pasado 27 de febrero y que busca una salida a la crisis sociopolítica de Nicaragua.
“Si el gobierno cierra esa posibilidad, nosotros lo hemos dicho ya el dialogo no tiene ningún sentido porque este es un estado de necesidad”, dijo Pallais a la entrada del Incae.
Jose Adán Aguirre también aseguró que el tema de los comicios adelantados sí deberá estar en la mesa de negociaciones.
“La Alianza Cívica no representa a un sector golpista, representa a un sector que fue reprimido por el gobierno”, expresó Aguerri, en repuesta a las declaraciones que este jueves brindó el canciller Denis Moncada, en el cual dejó claro que para el régimen el tema de los comicios anticipados no es un tema de agenda.
Sobre la Policía
Por otra parte, en la entrevista de canal 10, la periodista Michelle Polanco le cuestionó al canciller por qué la Policía, que debería preservar el orden para todos los nicaragüenses, actúa como brazo armado y violento .
Moncada manifestó que la actuación de la Policía puede parecer ilegal y violatoria de derechos humanos, pero en realidad lo que trata de hacer es “preservar la seguridad y la vida de todos los ciudadanos”.
“Muchas veces nosotros vemos que el actuar de la Policía, tal vez porque nos afecta directamente, es como ilegal o violatoria de derechos humanos, pero muchas veces la Policía, por la información que maneja, puede prever situaciones que pueden dejar consecuencias más delicadas y más graves en un conglomerado o en una actividad política o de manifestación aparentemente pacífica. En el entorno se pueden mover muchos elementos o muchas situaciones que la Policía está en la obligación de prever y prevenir. A veces lo sentimos como que es una actividad no muy correcta de la Policía, pero en el fondo lleva un sentido positivo de preservar la seguridad y la vida de todos los ciudadanos”, dijo Moncada.
La periodista le explicó a Moncada que en el marco de la protesta pública “Pitazo Nacional”, la noche del miércoles 27 de marzo, un bus lleno de agentes ofendió con palabras soeces y amenazas de golpizas y detenciones a periodistas de ese medio que cubrían en las calles la protesta, lo cual llegó al extremo cuando agentes uniformados lanzaron piedras contra el equipo periodístico.
Desde el 18 de abril de 2018, la Policía ha coordinado grupos armados, conocidos como paramilitares, para reprimir las protestas civiles que demandan la salida de Ortega y su esposa y Rosario Murillo, del poder que ostentan ilegítimamente desde 2012, cuando se les venció el periodo presidencial que ganaron en 2006 con el 38 por ciento de los votos y recurrieron desde entonces a torcer las leyes para reelegirse.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) determinó durante una investigación de seis meses en el país, que el Gobiernon de Ortega cometió “crímenes de lesa humanidad”, mediante una política de represión impulsada y avalada por la máxima autoridad del Estado.
En la ejecución de estos crímenes fue clave la participación de la Policía y los paramilitares, quienes dispararon a matar a la ciudadanía y provocaron entre 325 y 585 asesinatos, según diferentes reportes de organismos de derechos humanos, además de más de 700 persona detenidas por participar en las protestas.
En esta entrevista, Moncada también rechazó la posibilidad de discutir elecciones adelantadas antes de 2021, cuando se vence el período que el Consejo Supremo Electoral.
Incoherente y sin argumentos convincentes, Moncada también cuestionó a los grupos opositores que protestan con la bandera azul y blanco como símbolo, diciendo que se hacía mal uso de la bandera según las leyes y justificando que no se permitían marchas y protestas porque violentaban los derechos a la circulación, la paz y convivencia de los nicaragüenses.
