La presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez, demandó: “la inmediata excarcelación de los periodistas y garantías para su seguridad física y la de sus familiares”. Domínguez, además, subrayó que “de lo único que son culpables ambos periodistas es de proveer una fuente de información independiente a los nicaragüenses ante un régimen que atropella las libertades de expresión y de prensa”.
Mora y Pineda no figuraron en la lista de los 100 presos políticos beneficiados con la medida cautelar de casa por cárcel. En cambio, ambos periodistas son acusados por “incitar al odio” y “proposición, provocación y conspiración para cometer actos de terrorismo” y serán enjuiciados el próximo 18 de marzo.
Las familias de Mora y Pineda denunciaron que las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional (SPN) no les han permitido verlos. Mora –inclusive– inició una huelga de hambre el pasado 19 de febrero para reclamar por los abusos a los que se les somete y se desconoce el estado de salud de ambos comunicadores.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, reiteró “la solidaridad de la SIP con la prensa independiente nicaragüense y el compromiso de mantener el tema en la agenda pública internacional debido a la grave situación de las libertades de expresión y de prensa en el país”.
Rock adelantó que una delegación de la SIP viajará del 6 al 8 de marzo de marzo a Washington DC, capital de Estados Unidos, para reunirse con congresistas, periodistas y representantes de organizaciones para también abogar por la excarcelación de Mora y Pineda.
En una intervención de Mora ante la asamblea general de la SIP de octubre en Salta, Argentina, expresó que ser periodista en Nicaragua “es hoy cuestión de vida o muerte”. Agregó que “se nos violan todos los derechos humanos por pensar diferente y expresarlo y se nos llama terroristas”.
Mora recibió, en representación de sus colegas, el Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa que la organización otorgó a los periodistas nicaragüenses “por su valentía y compromiso”. Al reiniciarse el 27 de febrero el diálogo, entre representantes del gobierno y de la sociedad civil, se estima que unos 660 presos políticos continúan encarcelados.
Periódico Hoy
