“De acuerdo a la información recibida por parte del Estado costarricense, se estima que desde enero hasta septiembre de 2018, alrededor de 52,000 (nicaragüenses) ingresaron a Costa Rica y se han quedado en el país. Por otra parte, la información suministrada indica que al momento de la realización de la visita se registraba un total de 40,386 personas que habían manifestado necesitar protección internacional en Costa Rica”, detalla el reporte.
Agrega que de los 52,000 nicaragüenses, un total de 13,697 personas habían formalizado ante las autoridades migratorias, su solicitud de asilo en el vecino país del sur.
El reporte agrega “la negativa de las autoridades migratorias de adelantar el permiso laboral cuando se cuenta con una solicitud de empleo; la existencia de una lista taxativa de profesiones a las que se pueden dedicar; la falta de mayor información relativa a sus derechos y al procedimiento de asilo; la falta de apoyo sicosocial; y la dificultad de gozar efectivamente de sus derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación y al trabajo”.
Finalmente, la CIDH hace un llamado al Gobierno nicaragüense a cesar la represión contra los manifestantes y la criminalización hacia los opositores, y pide al Estado garantizar la seguridad y libre movilidad de quienes residen en Nicaragua, y en caso de que alguien quiera salir del país, este pueda hacerlo de manera legal.
