Nosotros, en calidad de educadores de la carrera de Comunicación para el Desarrollo de la UNAN-Managua después de reflexionar sobre los últimos acontecimientos de nuestro país, hemos decidido expresar nuestras valoraciones sobre los actuales acontecimientos ante la faz de la nación.
Reconocemos en primer lugar como condición para la convivencia social y la paz, el respeto a la dignidad y los derechos humanos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como la Constitución Política de Nicaragua y la Ley de Autonomía de la Educación Superior y reafirmados por la Misión, Visión y Valores de la UNAN-Managua.
En primer lugar, expresamos nuestra profunda preocupación debido a que nuestro país está pasando por momentos graves y de gran tensión para la ciudadanía en general y los estudiantes en particular, después que varios de ellos, obedeciendo a su conciencia, decidieron expresar su desacuerdo ante la reforma gubernamental a la Seguridad Social.
El derecho a manifestarse en contra de decisiones gubernamentales o administrativas es un derecho constitucional, fruto de las luchas libertarias del pueblo de Nicaragua, y garantizado por la Constitución Política de 1987, después de haber derrocado a la tiranía de los Somoza.
Es por ello que respaldamos el llamado del Consejo Nacional de Universidades (Comunicado 21-04-2018) para establecer un diálogo nacional, con visión de nación que involucre a todos los sectores de la sociedad nicaragüense y que cuente con la mediación de los obispos de la Iglesia Católica.
Esta situación de protesta social por la reforma de la Seguridad Social, ha provocado la muerte de unas 30 vidas valiosas de nicaragüenses, ante las cuales expresamos nuestras sinceras condolencias a sus familias, institución policial y comunidad universitaria de Nicaragua. A la misma vez, exigimos que se investiguen las causas de estas muertes y que quienes resulten responsables les sea aplicado todo el peso de la ley.
Valoramos como muy positivo que se haya revocado el decreto presidencial 03/2018 de reforma al Decreto 975 “Reglamento General de la Ley de Seguridad Social”, como un primer paso para establecer un diálogo nacional amplio y con la participación de todos los sectores del país. El diálogo nacional que respaldamos debe ser democrático e incluyente, que nos permita a todos los nicaragüenses alcanzar acuerdos, sobre la base el diálogo, el consenso y la búsqueda del bien común.
Condenamos la violencia en todas sus formas, pues provoca una situación de inseguridad ciudadana con resultados trágicos al perderse valiosas vidas de ciudadanos nicaragüenses. Además, esto trae consecuencias que afectan la convivencia pacífica basada en la garantía y protección de los derechos humanos.
Rechazamos a la misma vez, los intereses mezquinos y antipatrióticos de sectores que buscan promover la desestabilización, el caos, la conflictividad y el odio para imponer sus agendas partidarias politiqueras. La historia nacional nos muestra que los problemas nacionales pueden y deben ser resueltos entre nicaragüenses, sin la participación ni injerencia de gobiernos extranjeros en los asuntos nacionales.
Hacemos un llamado para que se respete el derecho a la libertad de expresión y prensa, el cual debe ser garantizado por las autoridades del Estado y la sociedad nicaragüense. Este derecho implica que los comunicadores y periodistas puedan ejercer su labor con garantías para el libre flujo de información, sin censuras, chantajes, ni amenazas ni a su labor, ni a sus vidas, puesto que desarrollan una importante función social, la cual consiste en ofrecer a la ciudadanía, las herramientas para comprender el mundo en el que viven.
En este sentido, llamamos también a todos los comunicadores a comprometerse con ofrecer a la ciudadanía una información verídica, mostrando los hechos y su contexto y respetando los intereses sociales. Como comunicadores, no podemos promover ni el odio entre hermanos nicaragüenses, ni tampoco hacer apología del delito o la guerra. Nuestro compromiso es con el pueblo de Nicaragua y debemos hacer nuestra labor con respeto a los altos estándares de la ética profesional y con valores humanísticos.
Tras las declaraciones del presidente Daniel Ortega, para abrir una mesa de negociaciones con el COSEP, esperamos que se sepa reconocer, con todo el derecho acreditado por la lucha, a los estudiantes y se les designe un lugar en esas iniciativas no sin antes haya un retiro inmediato de las fuerzas del orden en aquellos recintos universitarios, donde aún permanecen, como señal de buena voluntad, a fin de aportar a la tranquilidad, calma y estabilidad del país.
Finalmente, solicitamos a las autoridades supremas del Estado que, para aportar a la armonía y paz social, que sean liberados los estudiantes que permanecen detenidos, otorgándoles amplias garantías para que retornen a sus hogares sanos y salvos, por intermedio del Consejo Nacional de Universidades, a fin de que retomen sus estudios en condiciones de seguridad y respeto a su dignidad y derechos humanos.
¡A la libertad por la Universidad!
Suscribimos este pronunciamiento:
Vanessa Cortez Bonilla
Amarus Hernández
Milán Prado Cuarezma
Hazel Rueda Tenorio
Javier González Serrano
Freddy Quezada
Walter Calderón Ramírez
Arellys Mayorga
José Ramiro Castillo
Yasser Gutiérrez
Aníbal Alemán López
Managua, 23 de abril del 2018
Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor
