Jueves 25 Abril 2024
Nacionales

Preparan acreditación a más trabajadoras sexuales

La Corte Suprema de Justicia se prepara para acreditar a más trabajadoras sexuales como facilitadoras judiciales, una iniciativa que ha sido reconocida a nivel internacional.

AFP Image caption Las disputas entre colegas por clientes o lugares de trabajo parecen ser bastante frecuentes entre las trabajadoras sexuales.

La presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales, María Elena Dávila, aseguró que hasta el momento 18 mujeres que hacen este trabajo en varias zonas del país, que han sido acreditadas y capacitadas para que su trabajo voluntario contribuya al acceso a la justicia y generar armonía en las relaciones interpersonales del sector, así lo informó La Primerísima.

 Los facilitadores judiciales brindan sus servicios gratuitamente como auxiliares de la administración de justicia y son ejemplo de pacificación en su comunidad.

En todo el país hay 4,377 facilitadores, de los cuales 2,007 son mujeres. Los facilitadores judiciales trabajan voluntariamente facilitando la resolución de los conflictos que se presenten en su comunidad o sector. Son juramentados por el Juez Local del municipio de su residencia, conforme las disposiciones del Reglamento del Servicio de Facilitadores Judiciales.

Nicaragua: el primer país del mundo en entrenar a sus trabajadoras sexuales para resolver conflictos

La prostitución es legal en Nicaragua y, según María Elena Dávila, en el país hay más de 14.000 trabajadoras sexuales de muy diferentes orígenes, edades, apariencias e historias personales, pero agrupables todas en tres categorías generales.

"Están las que no se identifican a sí mismas como trabajadoras sexuales y están las que sí lo hacen pero no pueden dar la cara en público, porque sus familiares y amigos no saben en qué trabajan", le dice a BBC Mundo esta profesional del sexo de 51 años.

"Y luego estamos nosotras, que sí damos la cara", agrega Dávila, presidenta de la Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales Girasoles, una organización fundada en noviembre de 2007 que ya cuenta con más de 2.300 integrantes.

Entre las mujeres de Girasoles, sin embargo, desde hace algunos meses también hay 18 que pertenecen a una categoría particular que muestra lo mucho que las trabajadoras sexuales nicaragüenses han logrado avanzar en sus reivindicaciones gremiales.

Mujeres como la misma Dávila, Merling Ríos o Imogen Omier, acreditadas por la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua (CSJ) para actuar como facilitadoras judiciales.

"Desde hace mucho tiempo las trabajadoras sexuales éramos víctimas de muchas violaciones de nuestros derechos, sobre todo de parte de la Fuerza Pública", le dice Omier a BBC Mundo, vía telefónica, desde Managua.

"O sea que esta es una oportunidad buenísima, que llegó en el momento justo", agrega la mujer, de 49 años.

"Primero del mundo"

Los facilitadores judiciales son descritos por la Corte Suprema como auxiliares de la Administración de Justicia que además pueden actuar como mediadores en los casos donde la ley admite la mediación como mecanismo para dirimir conflictos.

"No juzgan los casos, no son defensores ni fiscales, sino son un puente de comunicación entre operadores de justicia y su comunidad/barrio", se explica en el portal de la CSJ. "Se trata de un servicio voluntario basado en el liderazgo y el espíritu comunitario para un mejor proceso de acercamiento hacia la justicia".

Y, con su inclusión en el programa –que opera desde 1998– las trabajadoras sexuales organizadas de Nicaragua esperan poder garantizar una mayor dosis de justicia para una población muchas veces olvidada, a menudo discriminada, todavía estigmatizada.

Mediación y violencia

Efectivamente, según el artículo 57 del Código Penal, la mediación procede en el caso de faltas, delitos imprudentes o culposos, delitos patrimoniales cometidos entre particulares sin mediar violencia o intimidación, y los delitos sancionados con penas menos graves.

Y el polémico reglamento de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, publicado en julio del año pasado, declara susceptible de mediación la violencia doméstica, intrafamiliar y física cuando sólo provoca lesiones leves, así como delitos como el acoso sexual, la violencia patrimonial, la sustracción de menores y hasta las intimidaciones o amenazas, que son castigados con menos de cinco años de cárcel.

Fuente: BBC.

Con información de Primerísima Nicaragua.

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