Esta situación obliga a miles de nicaragüenses a reducir extremadamente los consumos de energía eléctrica en su hogar, como es el caso de Francis López una habitante de la capital de Nicaragua, López comenta que a cada instante debe apagar las luces en algunos puntos de su vivienda para ahorrar energía y no sobrepasar el mínimo de consumo establecido y de esta manera alcanzar la reducción del costo en su tarifa. “Tenemos que estar desconectando el cargador y prácticamente todo lo que se usa”, indicó Francis.
Del mismo modo Georgina Sequeira, una madre nicaragüense residente en Managua, decidió someter el uso de los electrodomésticos en su hogar para reducir el costo de la energía.
“Están altos los costos de la energía y otras cosas, pero hemos tenido que hacer muchas cosas para que no salgan altas las tarifas. Eliminamos todos nuestros electrodomésticos. Si usted se fija, aquí no hay refrigerador, no hay televisión, todo para evitar el costo alto de la luz”, dijo Sequeira a la Voz de América.
Al igual que estas ciudadanas, otro abundante grupo de pobladores viven en la pobreza y deben tomar medidas drásticas para acomodar sus ingresos y poder sobrevivir, muchas familias han tenido un desequilibrio económico por la crisis sociopolítica que comenzó hace tres años en Nicaragua, pero que se agravó con la pandemia del coronavirus, cuando miles perdieron sus trabajos.
El precio del combustible también afecta
Por otra parte, según el Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central, Nicaragua ocupa el segundo puesto de Centroamérica en ser el país que paga más caro por la gasolina seguido de Costa Rica.
“Todo lo que hacemos en el trabajo del día es para el combustible y ya se nos dificulta llevar los frijoles a la casa”, dijo a la VOA Marlon Rocha, un hombre de 40 años que trabaja como taxista en la capital.
La Voz de América en uno de sus artículos publicados mencionan que algunos analistas e incluso la población cuestionan que no han visto reflejados los beneficios de los acuerdos petroleros que Nicaragua mantiene desde 2007 con Venezuela, los cuales suponían una mejora en la tarifa de energía y el costo del combustible.
“Simple y sencillamente se trata de un robo, que no comenzó ahorita”, criticó el economista Enrique Sáenz en una emisora local, al referirse a las constantes alzas en Managua.
En el caso específico del combustible, Sáenz dice que “hay un sobreprecio que permite a los que están en el negocio obtener una sobre ganancia a costillas de los nicaragüenses”.
Aunque no lo mencionó directamente, Sáenz ha criticado en otros momentos que Rafael Ortega, hijo del presidente Daniel Ortega, al mando de algunas empresas de hidrocarburos, como la Distribuidora Nacional de Petróleo (DNP-Petronic), sancionada en 2019 por Estados Unidos.
De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), DNP es una compañía controlada por Rafael Ortega Murillo, así como por la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, la cual ha sido utilizada para su propio enriquecimiento personal a partir de contratos no competitivos con instituciones gubernamentales nicaragüenses.
Ante este contexto, algunos nicaragüenses cuestionan la posibilidad de un cambio de políticas públicas a menos de un mes de las elecciones, en las que Ortega busca un nuevo mandato, con siete precandidatos bajo arresto.
