Al abogado Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), lo trasladaron a una estación por dar acompañamiento a los opositores Freddy Navas y Flor Ramírez, quienes desde hace semanas estaban siendo asediados en sus viviendas.
Pablo Cuevas manifestó que además de la retención les quitaron los celulares y los multaron: “Al conductor le impusieron 2500 córdobas de multa”. “Sin nuestra autorización nuestros teléfonos le fueron entregados al informático de la estación policial y este extrajo información, me desinstaló varias aplicaciones, me borró contactos, me borró los videos y fotos y extrajo información del teléfono”.
Asedio para abogados defensores
Además de Cuevas, también habían sido detenidos el abogado Felipe Ulloa y el conductor Danilo Vásquez, quienes acompañaban al asesor legal, quienes fueron puestos en libertad un par de horas después de la detención.
«Hace media hora fueron liberados, sin embargo, no fueron tratado bien. Les quitaron los celulares a todos y extrajeron toda la información. Además son tan degenerados que le suspendieron la licencia al conductor y aplicaron una multa de 2,500 córdobas por manejo temerario cuando el chofer estaba parqueado cuando los detuvieron», dijo Carmona a LA PRENSA.
Cuevas es un destacado defensor de derechos humanos con más de 40 años de experiencia y desde las protestas gubernamentales de 2018, donde la dictadura encarceló a cientos de opositores, «Pablito», como es conocido, ha tenido protagonismo por su labor como abogado de la CPDH, desde donde recibe denuncias de familiares de presos políticos.
Carmona denunció que tras la liberación los abogados recibieron amenazas como de que «atuvieran a las consecuencias» si decidían continuar defendiendo los derechos humanos. «Dijeron que dejáramos de estar defendiendo a los golpistas. No hubo agresión física pero sí hubo abuso en revisar los celulares privados y extraer información, según Cuevas.
Carmona condenó este nuevo actuar de la institución represiva y señaló que esto demuestra que la dictadura de Ortega no solo está empecinada en perseguir a opositores, sino también a organismos defensores de derechos humanos que han sido claves para evidenciar las violaciones cometidas a diario por la administración Ortega Murillo.
