El exdiplomático Bosco Matamoros indicó que esta resolución amplía el accionar del Departamento del Tesoro en la aplicación de sanciones.
“Amplía el margen de acción del tesoro y/ o agencias OFAC. Subraya bloqueo de propiedades, cuentas y activos de los nicaragüenses involucrados en actos de corrupción y violación de Derechos Humanos", analizó el exdiplomático.
Por su parte, Félix Maradiaga, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, menciona que la entidad tiene la posibilidad de acelerar las sanciones.
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“El Departamento del Tesoro busca, a través de este cambio, tener la libertad de acelerar las sanciones contra los violadores de derechos humanos. El documento publicado el día de hoy hace efectivo cambios en las secciones de transacciones prohibidas; y además, en cumplimiento con la Nica Act, amplía los permisos o licencias de acción de ciertas actividades del gobierno de los Estados Unidos», explicó el politólogo Maradiaga.
Sancionados hasta este momento
«En conclusión, si bien la enmienda es parte de un proceso técnico, también es claro que la OFAC ha fortalecido sus procesos internos para ser aún más ágil en la implementación de las futuras sanciones a personas que han violado derechos humanos en Nicaragua», agregó Maradiaga.
La Ley Nica Act la presentaron por primera vez el 21 de septiembre de 2016, diez congresistas republicanos y demócratas, encabezados por la cubana-americana Ileana Ros-Lehtineng quien ha sido una de las políticas estadounidenses más críticas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La reforma a este reglamento entrará en vigor el 17 de julio, luego que se publique en el Registro Federal, según indica el documento emitido por el Departamento del Tesoro.
Entre los sancionados anteriormente están el jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, además, Iván Adolfo Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público, Rosario Murillo, Laureano Ortega, Rafael Ortega, el subdirector de la Policía Nacional, Ramón Avellán; la exministra de salud y ahora asesora en temas de salud para el gobierno, Sonia Castro; el director de la policía, Francisco Díaz; el asesor presidencial, Néstor Moncada Lau; y los comisionados generales Luis Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina.