Grigsby planteó la posibilidad de que la Asamblea Nacional de Nicaragua, integrada en su mayoría por diputados sandinistas, plantearía la aprobación de una reforma a la Ley Electoral o Ley 331, en la cual se establecería la postergación de los comicios electorales del año próximo.
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“Entonces es por eso es por lo que yo creo que cada vez va siendo una real posibilidad que en esta circunstancia que está Centroamérica, la crisis en el mundo, si esto continúa deteriorándose, pues hombre, lo más sensato que va a tener que hacer la Asamblea Nacional es hacer una reforma, para que las elecciones se posterguen, uno o dos años más, el país no podrá hacer las elecciones”, dijo Grigsby.
Recientemente, en su último informe semanal sobre la situación del Covid-19, el Ministerio de Salud de Nicaragua (Minsa), a través de su titular, informó que el país registra 254 personas infectadas, nueve muertos, 199 recuperados y 54 ciudadanos activos con la enfermedad, en comparación con el reporte anterior, donde oficializaron 25 contagiados, eso representa un incremento exponencial de casos.
Opositores y organismos internacionales demandaron durante el estallido social de abril del 2018, que Ortega abandone el poder bajo mecanismos democráticos y que a la vez consensuara con los actores pertinente las reformas electorales.
Elegirán magistrados del CSE
Se conoció que Daniel Ortega convocó a los partidos políticos de oposición a participar en una negociación de las transformaciones que harían a la Ley Electoral, que se han venido exigiendo en el país y para la elección de nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral en el mes de octubre.
Alfredo César, presidente del Partido Conservador, dijo en un vídeo enviado a la Voz de América, que su partido recibió notificación de un funcionario del gobierno sobre el inicio de las negociaciones en julio entre el gobierno y los partidos políticos “legalmente constituidos”.
Las negociaciones empezarían en julio y se planea que para octubre se debería estar nombrado a los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), de manera que haya credibilidad en el proceso de elecciones.
Actualmente, los magistrados del CSE son mayoritariamente figuras del partido de gobierno que responden a sus intereses por encima del principio básico de realizar elecciones incuestionables.
