Ortega hizo referencia a las acciones que Estados Unidos, liderado por Donald Trump, ha realizado en contra de Venezuela.

“Acciones brutales son lanzadas por el gobierno norteamericano en contra del presidente y líder de Venezuela, donde el gobierno norteamericano ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por la cabeza del presidente Nicolás Maduro, presidente legítimo de la república Bolivariana de Venezuela”, dijo.

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“Eso es más criminal, porque llamar y estar pagando para que se asesine a un jefe de Estado e intentando nuevamente en medio de la pandemia intervenir militarmente en Venezuela, desplazando sus fuerzas militares, sus fuerzas navales, con el pretexto de combatir el narcotráfico, cuando deberían de combatirlo en los Estados Unidos, que es el principal consumidor del mundo de la droga”, prosiguió.

Ortega sostuvo que en medio de la pandemia del Covid-19, naciones como Estados Unidos se dedican a invadir más territorios.

“La pandemia más terrible que enfrenta la humanidad es el uso de la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza, las guerras que promueven las grandes potencias, principalmente Estados Unidos, enfrentamos la pandemia del calentamiento global, enfrentamos la pandemia del debilitamiento de los organismo que tiene las Naciones Unidas”, agregó.

Ortega pide que le quiten las sanciones y le llueven más

“Que se suspendan esas agresiones, que llaman sanciones, que se respeten los principios de Naciones Unidas y eso sería más que suficiente para que el mundo, de verdad, empezara a cambiar. Y estaríamos en mejores condiciones para entonces, asumir los retos que tiene la humanidad, para alcanzar la paz y la justicia para los pueblos del planeta”, insistió

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Sin embargo, horas después de esa solicitud, se anunciaba que la Unión Europea sancionaba a seis altos funcionarios del gobierno de Ortega.

Los sancionados son: el subdirector de la policía Ramón Avellán; la exministra de Salud y ahora asesora en temas de salud para el gobierno, Sonia Castro; el director de la Policía, Francisco Díaz; el asesor presidencial, Néstor Moncada Lau; y los comisionados generales Luis Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina. Cabe mencionar que todos ellos ya han sido previamente sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.