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Unión Europea sanciona a 6 funcionarios del régimen Ortega Murillo

El consejo de la Unión Europea sancionó a seis altos funcionarios del gobierno de Daniel Ortega, por violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, a pesar de que en sus comparecencias el mandatario ha pedido el cese de estas medidas en contra del Estado.

Los sancionados son el subdirector de la policía nacional, Ramón Avellán; la exministra de salud y ahora asesora en temas de salud para el gobierno, Sonia Castro; el director de la Policía, Francisco Díaz; el asesor presidencial, Néstor Moncada Lau; y los comisionados generales Luis Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina. Cabe mencionar que todos ellos ya han sido previamente sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

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 El Consejo europeo aseguró que las sanciones se daban en el marco de medidas restrictivas específicas adoptadas por el Consejo el 14 de octubre, las consecuencias de esta resolución consisten en la prohibición de viajar a la UE y la congelación de activos.

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No ven avances en derechos humanos

“En los últimos meses, no se han realizado avances tangibles en democracia y derechos humanos en Nicaragua. La represión por parte de las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales de opositores políticos, manifestantes, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y miembros de la Iglesia Católica ha continuado”, afirmó  Josep Borrell, en nombre de la Unión Europea, sobre Nicaragua.

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Ortega y Murillo en sus comparecencias han catalogado las sanciones impuestas en contra de su gobierno como una medida que violenta los derechos humanos, aún más en un contexto donde se vive una crisis sanitaria por el coronavirus.

Cabe señalar que Ortega, en sus recientes apariciones, ha dicho que se vive un tiempo donde debe prevalecer la unidad y el apoyo entre naciones.

Requisitos que pide la UE

La implementación total de los acuerdos del 29 de marzo de 2019, para fortalecer los derechos y garantías civiles y políticos, incluido el restablecimiento de las libertades políticas y el estado legal de las organizaciones prohibidas de la sociedad civil, el retorno voluntario y seguro de los exiliados y la liberación de los prisioneros políticos restantes.

Esto también significa la retirada de los cargos contra los presos políticos liberados, deteniendo el acoso y la intimidación de ellos y sus familias y garantizando su seguridad e integridad física.

El segundo punto es la cooperación plena y el regreso de los organismos internacionales de derechos humanos a Nicaragua, incluida la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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En tercer lugar, piden un acuerdo sobre reformas electorales e institucionales entre el gobierno y los grupos de oposición, incluida la Coalición Nacional, destinado a garantizar elecciones creíbles, inclusivas y transparentes.

En este sentido, consideramos que las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la UE de 2011 siguen siendo válidas y constituyen un importante marco de referencia. Esas recomendaciones incluyen reformas como el nombramiento de nuevos miembros del Consejo Supremo Electoral y organismos electorales relacionados, el registro de votantes, la publicación y tabulación de resultados o la acreditación de observadores nacionales e internacionales, entre otros.

Sanciones a funcionarios de Nicaragua

La UE reafirma su compromiso de apoyar al pueblo nicaragüense, incluso ayudando a fortalecer el estado de derecho y apoyando el desarrollo económico y social de los más vulnerables.