Viernes 19 Abril 2024
Nacionales

Más de 60 migrantes sin documentos detenidos en Nicaragua

En lo que va del 2016, el país se ha convertido en ruta de tránsito para los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.

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Transcurrido  cuatro meses y 15 días del 2016, las autoridades nicaragüenses han retenido al menos 61 migrantes ilegales de distintas nacionalidades. La más reciente retención de extranjeros ilegales se produjo la tarde del sábado.

De los 61, en su mayoría varones, 19 son de origen nepalí, 15 originarios de Bangladés, 14 son pakistaníes, nueve cubanos, tres ecuatorianos y uno asiático, de acuerdo con los juicios que se han celebrado en los distintos juzgados del país a lo largo de este año. Estos fueron ubicados en Managua, Carazo y San Rafael del Sur, mientras eran transportados en su mayoría, por nicaragüenses, quienes les ayudaban a cruzar la frontera a cambio de una fuerte suma de dinero.

En el caso más reciente, ocurrido ayer en el kilómetro 13 de la carretera Managua- Masaya, agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional detuvieron al nicaragüense José Luis Mejía Fuentes, de 29 años  transportando a cinco migrantes nepalíes.

Los extranjeros eran transportados en un vehículo  Hyundai, placas RI 7303. El "coyote" como se le conoce a  quienes trafican con migrantes ilegales, dijo a los periodistas  que aceptó hacer el viaje de los migrantes ilegales de Rivas a un sitio de la carretera Managua - Masaya; porque le pagarían U$$ 250 que ocuparía para alimentar a su familia, porque tiene  varios meses de estar sin trabajo. 

Según el sospechoso de traficar con migrantes ilegales, él iba a dejar a los extranjeros en el kilómetro 14 de la referida vía, pero ellos se negaron a  descender del vehículo porque vieron desolada la carretera. Los migrantes ilegales  y  Mejía fueron traslados inicialmente a la Estación Cinco de Policía, luego los primeros fueron conducidos a la Dirección de Migración y Extranjería y el nacional a la Dirección de Auxilio Judicial, DAJ, a la espera de ser puesto a la orden de la Fiscalía.

 El Código Penal sanciona con condenas que van de seis a diez años de prisión, más una multa equivalente a mil días del salario mínimo vigente del sector industrial al momento de dictarse la sentencia.

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