“Las feministas no hemos podido marchar desde 2015, porque ya desde esas fechas el régimen Ortega Murillo mandó a la Policía a impedir que marcháramos, de hecho, nos dejaban reducidas a un espacio de 100 metros y de ahí no podíamos salir, pero ya en el año 2017 hicieron cosas tan absurdas como detener buses en Masaya para que no vinieran a la marcha las mujeres”, señaló.
Asimismo, dijo que en 2017 detuvieron los buses que venían de los departamentos y “en ese momento ya reveló (el gobierno) su clara intención de que el movimiento de mujeres no se movilizaran por las calles”.
El único lugar en el que pudieron expresarse fue la Universidad Centroamericana.
Blandón considera que estas represalias se deben a que el movimiento feminista siempre ha sido crítico, autónomo y pluralista, cuyo papel ha sido poner el dedo en la llaga y ha denunciado “cuando el Estado no está tutelando ni garantizando los derechos de las mujeres. El papel es denunciar las violaciones a los derechos humanos, pero los gobiernos autoritarios no soportan las denuncias de los movimientos sociales autónomos, críticos, por eso recurren a estrategias coercitivas”.
El papel del Estado
En cuanto a las condiciones en que las mujeres viven en nuestro país asegura que en estos 13 años de gobierno Ortega-Murillo el Estado “se ha convertido en cómplices de la violencia contra las mujeres y las niñas, no solo por omisión sino por acción”.
Para ilustrar dicha aseveración, manifestó que este gobierno cerró las comisarías de las mujeres “para evitar que las mujeres fueran a interponer denuncia. Es decir, la policía le cerró las puertas a las víctimas, que eran mujeres, niñas y también eran niños”.
“Hace muy poco la señora Murillo y el director de la sancionada Policía dijeron que la violencia contra la mujer es un problema de comunicación de la pareja. ¿Cómo están diciendo eso cuando la ley deja claro que la violencia es producto de las relaciones desiguales de poder entre hombre y mujeres? Además, el propio gobierno con todas sus estructuras partidarias hace un discurso que les orienta a que se callen”, apuntó.
Además, Blandón dijo que en los últimos 10 años en Nicaragua se reportan 600 víctimas de femicidios y la mayoría no ha recibido justicia.
“En los casos de femicidio, además de que cambiaron la tipificación para mantener estadísticas bajas, no ha habido respuesta para las víctimas y sus familias. Muchos femicidas están libres y otros tras las rejas pero sin haber sido juzgados, por la retardación de justicia que hay en el sistema”, apuntó Blandón.
