Además, la OFAC sancionó a los comisionados Juan Antonio Valle Valle, Luis Alberto Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina, por su participación como altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua y líderes de la policía.
“La designación de la OFAC está dirigida a la Policía Nacional como una institución responsable de los abusos contra los derechos humanos en Nicaragua”, se lee en el comunicado emitido hoy, 5 de marzo de 2020.
“El NNP se designa de conformidad con E.O. 13851 por ser responsable, cómplice o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua. El NNP también está siendo designado de conformidad con la NHRAA por ser responsable o cómplice, o responsable de ordenar, controlar o de otra manera dirigir, o haber participado a sabiendas, directa o indirectamente, de actos significativos de violencia o conducta que constituyen un abuso grave o violación de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas en Nicaragua que comenzaron el 18 de abril de 2018”, especifica el OFAC.
Asimismo, señalan que el cuerpo policial es responsable del uso de munición real contra manifestantes pacíficos y de participar en escuadrones de la muerte, así como de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y secuestros.
Por otro lado, hacen referencia a la existencia de grupos parapoliciales que se han encargado de secuestrar y ejecutar a líderes de la oposición en el país.
Juan Antonio Valle Valle, Luis Alberto Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina sancionados de manera personal.
“De acuerdo con declaraciones públicas de altos funcionarios de NNP, la parapolicía, un grupo paramilitar voluntario que a menudo se compone de oficiales de NNP vestidos de civil, opera bajo la dirección del NNP con impunidad. En julio de 2018, el PNN y la parapolicía llevaron a cabo la "Operación Limpieza" para tomar medidas enérgicas contra los manifestantes y desmantelar las barricadas de las carreteras, lo que resultó en aproximadamente 100 muertes”, especifican.
Estados Unidos sanciona a la Policía Nacional de Nicaragua y a los comisionados involucrados en abusos contra los derechos humanos
