De la fractura electoral de 2024 a la tutela de Washington
Las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, organizadas por el Consejo Nacional Electoral, rompieron el último hilo de confianza en la vía institucional. Con María Corina Machado inhabilitada e impulsando la candidatura de Edmundo González Urrutia, la oposición documentó masivamente las actas de mesa. Con el 83 % de los boletines emitidos por las máquinas del Consejo Nacional Electoral, la oposición sostiene que obtuvo 7,4 millones de votos (67 %) frente a 3,3 millones (30 %) del chavismo, mientras el árbitro nunca publicó resultados desagregados. La respuesta del poder fue una de las fases más duras de represión reciente: más de 2 000 personas acabaron encarceladas por motivos políticos, numerosos dirigentes opositores, incluida Machado, pasaron a la clandestinidad o al exilio, y hablar de política se volvió un riesgo. Según el historiador Pedro Benítez, se trató de uno de los fraudes más descarados de la historia latinoamericana, que dejó a Nicolás Maduro con una base social mermada y sin capacidad para controlar el país sin recurrir a la fuerza y a la inteligencia interna.
La caída de Maduro y el nuevo equilibrio de poder
La crisis escaló el 3 de enero con una operación militar de Estados Unidos sobre Venezuela que terminó de quebrar el mando de Nicolás Maduro. Hoy, Maduro se encuentra preso en una cárcel de Manhattan, Nueva York, junto a Cilia Flores, mientras en el terreno interno se consolidó un Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, que sobrevivió a la intervención y se presenta como presidenta encargada. De acuerdo con los datos estructurados, la respuesta internacional a la caída de Maduro fue de rechazo tibio o prácticamente nulo, lo que debilitó aún más su posición dentro del propio chavismo. Al mismo tiempo, Washington impuso una tutela sobre el Gobierno encargado, situando en el centro de la arquitectura de poder a la Asamblea Nacional elegida en 2015, que Estados Unidos considera la única institución legítima y que mantiene facultades jurídicas sobre activos clave del país en territorio estadounidense.
Una negociación sin María Corina Machado y con Trump como actor impredecible
El nuevo ciclo de conversaciones, que arranca el 1 de agosto, se articula entre el Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez y la Asamblea Nacional elegida en 2015, con un respaldo explícito del Departamento de Estado de Estados Unidos. La agenda tiene un doble objetivo: pactar un acuerdo electoral que permita elecciones libres y competitivas, y construir bases legislativas que den seguridad jurídica a la inversión extranjera y al refinanciamiento de la deuda, en particular en el sector de hidrocarburos, donde las normas vigentes son consideradas de “pies de barro” por consultores como Carmen Fernández. Sin embargo, la mesa nace con una grieta estructural: la ausencia de María Corina Machado. El politólogo Benigno Alarcón advierte que, sin ella, la sostenibilidad de cualquier pacto está en duda, porque el electorado opositor la percibe como la verdadera depositaria del mandato de 2024. La líder ha aclarado que no forma parte de la iniciativa, aunque no la boicoteará si genera avances reales hacia la democratización. Sobre este tablero se mueve también Donald Trump, principal sostén internacional de Delcy Rodríguez. El presidente estadounidense reiteró recientemente su apoyo a la mandataria encargada y afirmó que Venezuela “todavía no está preparada” para elecciones, pese al inminente inicio de la agenda de trabajo. Su capacidad de cambiar de postura de forma abrupta, señalada por Fernández como su principal herramienta de presión, introduce un factor de imprevisibilidad sobre el calendario y la profundidad de los cambios.
Terremoto, gestión cuestionada y presión social creciente
A la herida abierta por el fraude de 2024 se sumó la tragedia del terremoto del 24 de junio, que dejó más de 5 500 muertes en Venezuela y expuso las debilidades del aparato estatal. La catástrofe, que según Pedro Benítez puede acelerar transformaciones políticas al llevar al límite los sistemas de poder, ha servido al oficialismo para intentar reconstruir legitimidad mediante la gestión de la emergencia y el acceso preferente a recursos y donaciones internacionales. No obstante, un sondeo de Atlas Intel para Bloomberg, realizado después del sismo, indica que el 65 % de los venezolanos desaprueba la respuesta gubernamental, consolidando la percepción de que el chavismo es no solo incompetente, sino negligente frente a la protección ciudadana. Este desgaste se proyecta sobre Delcy Rodríguez y el Gobierno encargado, y podría traducirse en nuevas protestas sociales y mayores tensiones internas en el oficialismo, justo cuando se abren las negociaciones. Para analistas como Alarcón, el éxito del diálogo dependerá de tres factores: la capacidad de coerción de Estados Unidos sobre ambas partes, la rapidez en mostrar resultados concretos y el grado de legitimidad que María Corina Machado decida otorgar al proceso. Solo si esos elementos convergen, sostienen, Venezuela podrá transformar estas conversaciones —las enésimas en dos décadas— en el arranque efectivo de una transición que relegitime todos los poderes por vía electoral.