Refugios permanentes y vidas en pausa
La cadena de damnificados comenzó con el deslave de Vargas en 1999 y se reforzó con nuevas emergencias por lluvias y deslizamientos en Caracas y La Guaira en 2010 y 2012, además de terremotos recientes. En uno de esos episodios, el derrumbe de al menos 60 viviendas en Catia en 2012 dejó a familias como la de Magdalena atrapadas en edificios abandonados. Ella murió en 2025, tras 13 años esperando la adjudicación de una casa estatal que nunca llegó, símbolo de una espera que se hereda de generación en generación entre quienes ocupan estos inmuebles.
Enfermedad, hacinamiento y miedo a reclamar
En el refugio José Ángel Lamas, Moraima sobrevive desde hace 14 años en un “espacio humanizado” que no es más que un cubículo subdividido con colchones y sábanas. Padece artrosis, problemas graves de ligamentos y déficit de cartílago grado 4, mientras cuida a su hijo con autismo severo y a un hermano con enfermedades cardíaca y renal. Pese a esas condiciones, debe subir y bajar cuatro pisos a diario y, según relata, un ingeniero le recomendó tras los recientes terremotos que, si vuelve a temblar, corra por las escaleras; ella replica: “¿Pero cómo corro con mi condición?”. Un crédito aprobado por 8.000 bolívares, apenas unos 10 dólares, solo le permite aspirar a ranchos en zonas inaccesibles para alguien con discapacidad, lo que evidencia la desconexión entre la política crediticia oficial y el costo real de la vivienda.
La Torre Pomarrosa: control, hacinamiento y silencio forzado
La Torre Pomarrosa de Catia resume la degradación del sistema de refugios. Allí han pasado hasta 110 familias en los últimos 16 años, no solo damnificados por lluvias, sino también personas expulsadas por operativos de seguridad y familias en situación de calle. La vida cotidiana está marcada por el hacinamiento y las reglas restrictivas: la puerta se cierra con llave después de las diez de la noche, algunos comparten baño con hasta 20 personas y se prohíbe abrir ventanas. Yarcelis, madre de seis hijos —uno con autismo y microcefalia—, describe el trato con crudeza: asegura que “nos tienen aquí como si fuéramos unas cucarachas” y admite que muchas personas evitan reclamar porque, afirma, se les mete miedo con amenazas veladas de perder el poco techo que tienen.
Cupaz y albergues: control político sobre la pobreza
Además de los refugios, existen cuatro albergues considerados invasiones toleradas por el Estado en antiguos hoteles, aerolíneas, museos o bancos, ocupados por lo que las autoridades llaman “casos sociales”. Estos espacios están custodiados por las Cuadrillas Defensoras de la Paz (Cupaz), creadas en 2019 por Nicolás Maduro, lo que introduce un fuerte componente de control social y político. Jessica, vocera del albergue Casa Taller en Catia, explica que 21 familias viven sin agua desde hace un mes y comparten baños entre 12 personas, mientras se les ha informado de planes para habilitar en el mismo edificio una Sala de Autogobierno para los Cupaz. Pese a las carencias y a problemas de salud graves en su familia, insiste en que necesita seguir en Caracas por motivos laborales y médicos, lo que reduce aún más sus alternativas de reubicación.
Promesas selectivas y parálisis tras el fraude electoral
La desigualdad en la respuesta oficial alimenta la frustración. En julio de 2026, el gobierno de Delcy Rodríguez asignó 200 viviendas a damnificados del doblete sísmico apenas tres semanas después del evento, mientras los antiguos refugiados acumulaban años de espera. Ante esa disparidad, familias de la Torre Pomarrosa y de Casa Taller recurrieron a denuncias en TikTok, lo que provocó la reacción de la Comisión Presidencial de Refugios Dignos. Su funcionaria Marioxis Barrios justificó que quienes habitan estos cubículos necesitan autorización escrita para salir de noche o recibir visitas porque “no son propietarios” y advirtió que los refugios donde se detecten “acciones de desacato” serían objeto de acciones legales, un mensaje que refuerza la autocensura. Residentes como Raúl y José, en La Posada de Catia, recuerdan que las adjudicaciones de vivienda “se pararon el 28 de julio de 2024 por la vaina de las elecciones”, en alusión al fraude electoral y a la posterior represión, lo que vincula directamente la crisis habitacional de larga duración con la deriva política reciente del país.
Un sistema sin horizonte de salida
Más de una década después de perder sus casas, muchas de estas familias han visto cómo se vacían progresivamente los refugios sin que se aclaren los criterios de adjudicación. En la Posada de Catia, por ejemplo, de más de 100 familias que había en 2010 hoy solo quedan unas 15, pero no existe un calendario público para los traslados ni información clara sobre nuevas construcciones. Mientras algunos residentes se resignan a “esperar el turno”, otros temen exigir derechos y terminar reubicados en lugares aún más precarios. El resultado es un sistema donde el refugio temporal se convierte en destino final y donde el acceso a una vivienda digna depende de decisiones discrecionales y de la capacidad —o el miedo— de cada familia para alzar la voz.