Un litigio de cinco años que redefine el poder político
El oro forma parte de las reservas internacionales que Venezuela mantuvo durante décadas en el Banco de Inglaterra, hasta que la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino en 2019 abrió un conflicto inédito: dos parlamentos, dos bancos centrales y dos ejecutivos reclamando la misma propiedad. El caso llevó al Tribunal Supremo de la Gran Bretaña a dirimir quién podía representar al país, mientras Londres reconocía a Guaidó y se negaba a entregar los lingotes al Gobierno de Nicolás Maduro. Ese bloqueo impidió durante años el uso de unas reservas que hoy se consideran cruciales para la reconstrucción nacional tras el terremoto de 2026, que, según estimaciones del Banco Mundial citadas en informes previos, dejó daños millonarios. La situación dio un giro cuando el Reino Unido decidió reconocer, desde marzo de este año, la legitimidad del mandato de Delcy Rodríguez, después de que Washington hiciera lo propio. “La Asamblea Nacional de 2015 ya no es contraparte en este litigio”, recordó el dirigente opositor Gustavo Marcano, quien subrayó que, una vez reconocido ese mandato, “las cosas se han despejado” y que el papel de su sector es “facilitar los acuerdos con garantías para la transparencia”.
Estados Unidos toma el control de la llave financiera
La disposición de las autoridades británicas a liberar el oro está atada a un acuerdo político verificable. De acuerdo con fuentes vinculadas a la negociación, la intermediación de Estados Unidos no se limita a auspiciar el diálogo: el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado deberán autorizar cada uso de los fondos. Washington pretende así blindar el proceso frente a la desconfianza estructural de la oposición hacia la gestión económica del chavismo, que ha sido cuestionada por años. El diseño en discusión prevé que el dinero, aun si sale del Banco de Inglaterra, quedará sometido a una administración tutelada por los organismos estadounidenses, en lugar de pasar de forma directa a manos del Gobierno de Venezuela. Para el chavismo, la perspectiva de acceder a 4 000 millones de dólares en oro, más otros activos desbloqueados, sería un respiro en medio del aislamiento financiero; para la oposición, la fiscalización externa es la única garantía de que ese capital no termine diluido en opacidad.
Un país con activos millonarios y emergencia social
El oro en Londres es solo una pieza de un rompecabezas mucho más amplio. Venezuela es propietaria de Citgo, gigante refinador estadounidense valorado en 10 000 millones de dólares, envuelto hoy en un litigio que podría costarle al país esa empresa estratégica. A ello se suman los recursos de los activos internacionales de Petróleos de Venezuela congelados durante la etapa de Nicolás Maduro, y el dinero asociado a los Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional, del que Hugo Chávez se apartó a comienzos de la década anterior. Más recientemente, un tribunal portugués ordenó desbloquear 1 500 millones de dólares de fondos públicos venezolanos retenidos en Novo Banco, otro componente clave del patrimonio externo. Pese a este portafolio, buena parte de la población vive en una situación de precariedad agravada tras el terremoto de 2026. “Es una cantidad importante. El Gobierno de Venezuela quiere usar ese dinero para atender las necesidades inmediatas de la población luego del terremoto: viviendas, escuelas, centros de salud”, explicó Leonardo Vera, presidente de la Academia Venezolana de Ciencias Económicas. El economista matizó que, en circunstancias normales, las reservas de oro se destinan a sostener el mercado cambiario y la estabilidad macroeconómica, no a gasto social directo, pero admitió que “no estamos en tiempos normales” y que hay una “enorme presión para conseguir fondos para la reconstrucción nacional”.
Riesgos de convertir las reservas en botín político
La pugna por el control del oro revela hasta qué punto los activos internacionales se han convertido en instrumentos de poder interno. El prolongado pulso entre el equipo de Juan Guaidó y el Gobierno de Nicolás Maduro mostró que la comunidad internacional no solo reconocía o desconocía gobiernos, sino que definía quién podía usar el dinero de la república. Ahora, con Delcy Rodríguez reconocida por Londres y Washington, la correlación de fuerzas se ha movido a favor del chavismo, pero bajo una arquitectura vigilada desde Estados Unidos. El riesgo es que las 31 toneladas terminen funcionando como un botín de negociación de corto plazo más que como una palanca de reforma estructural. Economistas y actores políticos consultados advierten, además, de que el uso de reservas para gasto social inmediato, sin un plan macroeconómico creíble, puede aliviar algunos daños visibles del terremoto pero no resolver la fragilidad de fondo. La experiencia de años de control cambiario, colapso petrolero y sanciones apunta a que, sin transparencia y rendición de cuentas, incluso montos como los 4 000 millones de dólares del Banco de Inglaterra o los 1 500 millones de Novo Banco se diluirían rápidamente.
Un acuerdo a contrarreloj tras el sismo de 2026
En la mesa de diálogo en Caracas, donde figuras como Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez ya han firmado documentos preliminares, el tiempo corre. Washington, consciente de que Venezuela dispone de medios económicos bloqueados en el exterior, muestra renuencia a aportar fondos propios a la reconstrucción mientras no se activen primero esos recursos. A su vez, la urgencia social tras el terremoto de 2026 dificulta imponer límites técnicos al uso del oro y de otros activos, porque las demandas de viviendas, escuelas y centros de salud son apremiantes. El desenlace dependerá de la capacidad de chavismo y oposición para sellar un compromiso verificable y del margen que el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado estén dispuestos a conceder. Si el acuerdo se concreta, Venezuela podría recuperar una parte relevante de su liquidez externa; si fracasa, las 31 toneladas de oro seguirán atrapadas en Londres como símbolo del bloqueo político y económico del país.