Gas costa afuera: Shell, British Petróleum y capital del Golfo toman posiciones
La operación más avanzada se concentra en el gas. Las compañías Shell, British Petróleum, XRG —de Emiratos Árabes Unidos— y UCC Holgding —de Catar— pactaron con el Gobierno de Delcy Rodríguez un cronograma para explotar los campos “costa afuera” del Loran, en la Plataforma Deltana, frente a Trinidad. Shell obtuvo en junio del año pasado la primera fase del bloque, mientras que la fase 2 quedó en manos de un consorcio liderado por British Petróleum y las firmas emiratíes y cataríes, con la mira puesta, según estas fuentes, en exportar gas a Europa aprovechando la infraestructura trinitense y las regalías más bajas de la Ley de Gas.
Petróleo: contratos opacos y expectativas de crecimiento económico
En el negocio petrolero, el Ejecutivo anunció Contratos de Participación Productiva con las corporaciones estadounidenses Hunt Oil y Crossover, además de una alianza marco con Slumberger. Algunas fuentes calculan que estos acuerdos, sumados, podrían derivar en inversiones futuras cercanas a 2 000 millones de dólares, centradas en pozos capaces de aumentar rápidamente la producción con desembolsos acotados. Para el economista Alejandro Grisanti, socio director de Ecoanalítica, esta estrategia ya se traduce en una reactivación visible: sostiene que la inversión petrolera y gasífera internacional “se está canalizando a aquellos pozos que puedan obtener un máximo de incremento de producción con una inversión pequeña” y proyecta un crecimiento de 5 puntos del PIB en 2026 y tasas de dos dígitos desde 2027, impulsadas por un aumento de 200 000 barriles diarios por año.
Tutela estadounidense y viraje político de la revolución bolivariana
El giro no puede entenderse sin la tutela estadounidense instaurada tras la captura del expresidente Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 por soldados estadounidenses en Caracas. La presencia casi exclusiva de Chevron, Repsol y Eni durante los años de sanciones ha dado paso a una ofensiva de búsqueda de capital extranjero. La ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, defendió en Houston, ante la Asociación Estadounidense de Geólogos Petroleros, que “Venezuela no solo muestra al mundo sus cuantiosas reservas de petróleo y gas, sino también los mecanismos contractuales que permiten convertir esas reservas en barriles de superficie”. La escena, impensable antes de enero, evidencia la adaptación del chavismo a un marco legal y político tutelado desde Washington, aunque expertos como Francisco Monaldi advierten sobre contratos operativos “poco claros” que, a su juicio, dejan una amplia discrecionalidad al Estado.
Producción, techo político y dependencia de la transición democrática
Venezuela, que posee las mayores reservas de gas de América Latina pero solo produce el 10% del volumen regional, arrastra décadas de proyectos fallidos bajo la gestión de Hugo Chávez y del exministro de Petróleo Rafael Ramírez, entre acusaciones de despilfarro y corrupción. Hoy bombea algo más de 1,2 millones de barriles diarios, muy por debajo de los tres millones de los mejores años. Grisanti plantea que, sin una transición hacia elecciones libres y hacia una democracia plena, la producción local difícilmente superará los 2,5 millones de barriles diarios; con un cambio político, estima posible llegar hasta 4 millones de barriles diarios “en no mucho tiempo”. Esa proyección subraya que el techo productivo no solo depende de los capitales de Shell, British Petróleum, Hunt Oil o Slumberger, sino de la estabilidad y credibilidad institucional del país.
Capital nacional desplazado: la batalla de Delta Finance
Mientras aterrizan las multinacionales, el capital venezolano denuncia ser relegado. Delta Finance, propiedad de Oswaldo Cisneros y dueña del 40% de las acciones de PetroDelta, acusó al Estado de haberla “despojado de sus activos” y de revocar sus derechos de explotación de actividades petroleras primarias mediante un procedimiento sancionatorio. La empresa afirma que sus concesiones en los campos de Tucupita, Bombal, Uracoa, El Isleño, Temblador y El Salto, con derechos de uso hasta 2042, fueron reasignadas a la estadounidense Pacific Coast Energy Company, cuyo CEO es Klaus Hasbro. El Gobierno de Venezuela sostiene que PetroDelta incumplió obligaciones de exploración e infraestructura, extremo que la compañía niega y asegura poder demostrar. El desenlace de este conflicto será un termómetro de cómo se redistribuye la renta petrolera entre nuevos socios extranjeros y actores locales en la etapa de reconstrucción energética venezolana.