Viernes 18 Septiembre 2026
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Venezuela: juez de Florida ordena pagar más de US$312 millones a tres estadounidenses que denunciaron torturas

Más de US$312 millones en indemnizaciones ordenó un juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Florida contra Nicolás Maduro y varios miembros de su gobierno, a favor de los estadounidenses Edgar Marval, Jason Saad y Jerrel Kenemore, quienes denunciaron haber sido secuestrados y torturados en Venezuela entre 2023 y 2025.

Los estadounidenses liberados llegan a una base aérea en Texas tras un canje de prisioneros con Venezuela
Los ciudadanos estadounidenses liberados, entre ellos Edgar Marval, Jason Saad y Jerrel Kenemore, posan a su llegada al anexo Kelly de la Base Conjunta San Antonio, en Texas, el 20 de diciembre de 2023, tras el intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela. (Foto: Getty Images)
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Una sentencia millonaria en rebeldía

La decisión fue emitida por el juez de distrito Darryn P. Gayles mediante una sentencia en rebeldía, figura que se aplica cuando los demandados no comparecen ni ejercen su defensa y el tribunal da por probados los hechos alegados por la parte demandante. De acuerdo con el fallo civil, Edgar Marval, Jason Saad y Jerrel Kenemore fueron detenidos por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM), sometidos a acusaciones falsas y utilizados como fichas de intercambio para negociar la liberación del empresario colombiano Alex Saab, aliado clave de Nicolás Maduro. La condena económica solo recae, por ahora, sobre los funcionarios que no participaron activamente en el proceso judicial, mientras que otros demandados, como la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, su hermano Jorge Rodríguez y la petrolera estatal PDVSA, continúan litigando el caso en Florida.

Detenciones, canje de prisioneros y relatos de tortura

Según la demanda y el fallo consultados por BBC Mundo, el calvario de Edgar José Marval comenzó el 19 de agosto de 2023, cuando fue detenido en el aeropuerto de Barcelona, estado Anzoátegui, tras llegar desde Miami para visitar a su esposa e hijos. Permaneció 123 días bajo custodia hasta el 20 de diciembre de 2023, cuando fue liberado junto a otros nueve estadounidenses en un intercambio de prisioneros que permitió la salida de Alex Saab de una cárcel en Estados Unidos. El tribunal civil sostiene que Marval, Saad y Kenemore fueron víctimas de secuestro, torturas físicas y psicológicas e incomunicación, con el objetivo de presionar a Washington. El caso de Jerrel Kenemore, detenido durante 643 días, incluye, según el fallo, privación de alimentos, agua y medicinas, consumo forzado de agua insalubre y comida en mal estado, aislamiento prolongado y exposición a torturas de terceros con descargas eléctricas. Jason Saad, privado de libertad por 560 días, habría sido encapuchado, atado de pies y manos y forzado a permanecer en posiciones de estrés que casi le dislocan el hombro.

El infierno de Edgar Marval y la respuesta de Caracas

En el caso de Edgar Marval, el juez Gayles destaca que, pese a ser quien menos tiempo estuvo detenido, su situación fue considerada la más grave. De acuerdo con la sentencia, Marval fue golpeado brutal y repetidamente por un oficial de la DGCIM hasta fracturarle la espalda, sometido a descargas eléctricas, incluso en los genitales, y amenazado con quitarle a sus hijos. Su testimonio fue enviado al Comité de la ONU contra la Tortura y a la relatora especial Alice Jill Edwards, y fue incorporado a un informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que describe la toma de rehenes como forma de tortura por parte de varios Estados, entre ellos Venezuela. La defensa de Marval sostiene además que agentes de la DGCIM lo obligaron a entregar claves bancarias para vaciar sus cuentas en Estados Unidos y que su esposa habría sufrido agresiones, extorsiones y la confiscación de una vivienda y participaciones en dos farmacias. Frente a estas acusaciones, el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, negó en 2025 cualquier maltrato a los ciudadanos estadounidenses y afirmó que los detenidos habían firmado documentos, en español e inglés, en los que descartaban torturas antes de abandonar el país.

La inmunidad solicitada para Delcy Rodríguez

La dimensión política del caso se amplió cuando el gobierno de Donald Trump intervino a favor de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. En julio de 2025, el asesor legal del Departamento de Estado de Estados Unidos, Reed Rubinstein, envió una carta al Departamento de Justicia de Estados Unidos en la que solicitó que se reconociera la inmunidad de Rodríguez frente a la jurisdicción del tribunal de Florida en esta causa civil, alegando sus responsabilidades como jefa de Estado en ejercicio. El documento, incorporado al expediente, indica que el Departamento de Estado concede esa inmunidad y pide que el Departamento de Justicia la comunique al juez “a la mayor brevedad posible”. En la práctica, esta postura implica la suspensión de las reclamaciones contra Rodríguez mientras ejerza la jefatura de Estado, aunque, según medios estadounidenses citados por BBC Mundo, dichas acciones podrían retomarse cuando deje el cargo. La solicitud se produce tras la detención de Nicolás Maduro el 3 de enero y el reconocimiento de Rodríguez por la Casa Blanca como presidenta interina, en el marco de una relación descrita por analistas como de estrecha cooperación que incluye el control de las ventas del petróleo venezolano por parte de Washington.

Impacto internacional y camino judicial pendiente

El caso de Marval, Saad y Kenemore trasciende el litigio civil en Florida y se inserta en un patrón de detenciones arbitrarias de ciudadanos extranjeros denunciado por organismos internacionales. El informe presentado en 2025 al Consejo de Derechos Humanos de la ONU alerta de que países como China, Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Irán, Myanmar, Corea del Norte y Venezuela presuntamente retienen a extranjeros con fines económicos o políticos. Según reveló el medio de investigación venezolano Armando.Info, Marval participa actualmente en un programa de protección de víctimas del FBI y colabora en una pesquisa sobre lavado de dinero. Mientras tanto, la ejecución del fallo de más de US$312 millones enfrenta múltiples obstáculos prácticos: la falta de comparecencia de varios demandados, la inmunidad reclamada para Delcy Rodríguez y la complejidad de embargar activos vinculados a un Estado extranjero. Los próximos pasos del proceso en Florida serán clave para determinar si las víctimas logran algún tipo de reparación efectiva y hasta qué punto la justicia estadounidense puede incidir en las denuncias de torturas y secuestros atribuidas al aparato de seguridad venezolano.

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