Un ultimátum público y una lista cerrada de países
El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos publicó una tabla donde detalla la terminación del Temporary Protected Status para Venezuela, Honduras, Nicaragua, Haití, Siria, Yemen, Afganistán, Camerún, Nepal, Sudán del Sur, Birmania (Myanmar), Somalia y Etiopía. En el mensaje en inglés se lee: “For those with terminated TPS: LEAVE NOW or be DEPORTED”, una formulación inusualmente dura para un canal oficial. Según la propia agencia, la terminación del TPS ya está en efecto para estos países, aunque en el caso de Etiopía se reconoce que resoluciones de jueces federales han retrasado parcialmente la aplicación total, sin alterar el objetivo gubernamental de concluir el programa.
El respaldo de la Corte Suprema y las fechas clave de expiración
De acuerdo con la cronología descrita en la publicación, la nueva ofensiva se sustenta en fallos recientes de la Corte Suprema de los Estados Unidos que autorizaron al Ejecutivo a levantar suspensiones judiciales promovidas durante años por organizaciones civiles. Esas resoluciones permitieron hacer efectivo el fin del TPS para varias nacionalidades de manera casi inmediata. Para Siria y Haití, la protección concluyó formalmente el 27 de julio de 2026, tras el aval del máximo tribunal. En el caso de Honduras y Nicaragua, la salida forzosa se activa una vez agotadas las últimas prórrogas administrativas. Venezuela presenta un escenario mixto: un grupo limitado de beneficiarios mantiene el TPS únicamente hasta octubre de 2026 bajo extensiones técnicas, mientras que la mayoría, amparada en designaciones previas como la de 2021, ya quedó sin cobertura y pasa a una situación de vulnerabilidad legal inmediata.
Impacto en los migrantes y opciones legales de última hora
La pérdida del TPS implica la desaparición de la autorización de trabajo y de la protección frente a la deportación para cientos de miles de personas, aunque el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos no detalló cifras en la comunicación analizada. Ante ese escenario, diversos bufetes de abogados de inmigración recomiendan explorar al máximo las vías alternativas de regularización existentes antes de enfrentar una orden de remoción. Entre las opciones se mencionan el Ajuste de Estatus para quienes cuenten con peticiones familiares o laborales calificadas, la revisión minuciosa de solicitudes de asilo pendientes y la posibilidad de solicitar un cierre administrativo del caso ante un juez de inmigración. Los especialistas insisten en que la situación debe evaluarse caso por caso, dado que la existencia de procesos abiertos puede, en ciertos supuestos, suspender temporalmente la repatriación forzosa.
Salida voluntaria incentivada y castigos de hasta veinte años
En paralelo al ultimátum, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos impulsa de forma prioritaria el programa de salida voluntaria incentivada. Este mecanismo ofrece asistencia económica para el reasentamiento y la cobertura de pasajes aéreos a quienes acepten abandonar el país por sus propios medios, a cambio de evitar las consecuencias más severas de una deportación formal. Según la información oficial, quienes desoigan la advertencia y permanezcan en situación irregular se exponen a detenciones inmediatas y a prohibiciones de ingreso a Estados Unidos que pueden ir de cinco a veinte años. La combinación de presión pública, calendario de expiraciones y castigos a largo plazo configura una estrategia destinada a acelerar la salida de los antiguos beneficiarios del TPS, mientras los afectados buscan contrarreloj asesoría legal y alternativas de permanencia lícita.