Un abogado personal convertido en árbitro de la ley
El presidente estadounidense ha colocado al que fue su abogado en los casos de los pagos a Stormy Daniels, en los que fue condenado por 34 delitos vinculados a 130 000 dólares, al frente del principal órgano de persecución penal federal. Todd Blanche, que ya ejercía como fiscal general interino, ocupa el cargo dejado por Pam Bondi tras su destitución por la controvertida gestión de los archivos del pederasta millonario Jeffrey Epstein. Según el relato del propio Senado de Estados Unidos, Blanche fue el estratega de la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos de 2024 que otorga una amplia inmunidad a los presidentes en el ejercicio de sus funciones, interpretación que, de acuerdo con fuentes legislativas, refuerza la idea de que Trump puede amparar bajo su cargo decisiones que afectan directamente a sus procesos judiciales.
Un historial de acuerdos favorables a Trump y choques internos
Como fiscal general interino, Todd Blanche cerró un acuerdo extrajudicial con Donald Trump para archivar una demanda por 10 000 millones de dólares contra el IRS (Internal Revenue Service) a cambio de un fondo de compensación de 1 800 millones de dólares destinado a amigos y aliados del presidente que alegaban haber sido perseguidos por la Administración anterior, según la documentación oficial. El pacto incluía, además, una inmunidad fiscal para Trump, su familia y sus empresas. Ese punto desató fuertes críticas, hasta el extremo de que, según el registro del Senado de Estados Unidos, el propio Blanche tuvo que comprometerse a retirar el fondo y limitar dicha inmunidad para salvar su nombramiento. Más de 1 200 exempleados del Departamento de Justicia de Estados Unidos denunciaron por escrito que el candidato había “socavado la institución”, según recordó la senadora republicana Susan Collins, que afirmó que “el señor Blanche ha tomado varias acciones que han erosionado aún más la independencia del Departamento de Justicia”.
La justicia como herramienta de represalia política
El aterrizaje de Todd Blanche culmina una estrategia más amplia de Donald Trump para rodearse de leales en las estructuras judiciales y de seguridad. En 567 días de segundo mandato ha nombrado 54 jueces y 52 fiscales federales y ha impulsado, en una sesión maratoniana, la aprobación en el Senado de Estados Unidos de 136 nombramientos adicionales, que incluyen decenas de jueces y nuevos fiscales. Paralelamente, ha ordenado acciones contra enemigos políticos: demandas contra James Comey, exdirector del FBI (Federal Bureau of Investigation); intentos de procesar a John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional; y presiones para investigar a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, o al senador demócrata Mark Kelly y a otros legisladores que llamaron a las fuerzas armadas a desobedecer órdenes ilegales. En su propia red social, el presidente llegó a escribir que “cada uno de estos traidores a nuestro país debería ser arrestado y sometido a juicio”, en una línea de actuación que, según varios senadores republicanos críticos, convierte la justicia en un instrumento de represalia.
Colonización de puestos clave y debilitamiento de controles
Además de Todd Blanche, el presidente ha situado a al menos una veintena de sus antiguos abogados defensores en puestos estratégicos. Emil Bove, que lo representó en el caso de los documentos clasificados de Mar-a-Lago y en la acusación por obstrucción electoral tras las elecciones de 2020, fue nombrado juez del tribunal de apelaciones para el tercer circuito, clave en la admisión o rechazo de recursos. Will Scharf, otro de sus letrados en causas de interferencia electoral, fue incorporado a la Casa Blanca. A la vez, según un informe citado por la agencia Reuters, casi la mitad del personal de la Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha abandonado la institución desde el regreso de Trump al Despacho Oval, y un 17 % de la Oficina del Inspector General también ha salido, reduciendo significativamente las investigaciones internas por abusos de poder o irregularidades en la actuación del propio Departamento.
Un símbolo en la fachada y un Supremo alineado
La transformación del Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene también una dimensión visual: un gran cartel con el rostro severo de Donald Trump y el lema Make America Safe Again cuelga desde hace meses de la fachada del edificio en Washington. La imagen rompe con la tradición, asentada desde el escándalo de Watergate, de mantener una distancia simbólica entre la Casa Blanca y el órgano encargado de aplicar la ley a nivel federal. Paralelamente, el presidente cuenta con una mayoría de seis magistrados conservadores de nueve en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, tres de ellos propuestos por él. De acuerdo con los datos mencionados en el reportaje original, en más del 80 % de los fallos recientes el máximo tribunal se ha alineado con las posiciones del Gobierno. Pese a algunos reveses en materias como aranceles o ciudadanía por nacimiento, la Casa Blanca ha buscado vías alternativas para sostener sus políticas, reforzando la percepción de que el nuevo fiscal general se integra en una arquitectura de poder orientada a blindar al presidente y, al mismo tiempo, a intensificar las causas contra sus adversarios políticos.