Albergues ciudadanos frente a una respuesta oficial mínima
Según las autoridades locales, el sismo dejó al menos 74 fallecidos y más de 150 desaparecidos en la capital del Valle del Cauca. Sin embargo, la Alcaldía de Cali solo ha habilitado un albergue formal en las Canchas Panamericanas con capacidad para unas 60 familias, una cifra que contrasta con los cientos de damnificados que duermen en carpas, pasillos y zonas comunes de edificios agrietados. Ante esa brecha, la ciudadanía ha organizado por su cuenta varios refugios temporales, entre ellos el del barrio Chiminangos, en el norte de la ciudad, donde se calcula que se atiende a cerca de 300 personas que tuvieron que evacuar por riesgo estructural.
Chiminangos: del desplome de las escaleras a un campamento de carpas
El caso de Chiminangos ilustra la dimensión de la emergencia y la precariedad de la atención. Un tramo de una escalera al aire libre se desplomó y causó la muerte de una mujer cuyo cuerpo, denunciaron los vecinos, permaneció 32 horas a la vista sin que ninguna autoridad realizara el levantamiento. En los muros quedaron pintadas advertencias de “riesgo de colapso” y las familias desalojaron sus apartamentos sin que ingenieros de la Alcaldía de Cali o de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo hubieran evaluado la estabilidad de la estructura. En ese vacío, los residentes improvisaron un albergue con lonas, palos y retazos de tela, montaron fogones comunitarios y organizaron la recepción de donaciones de alimentos, ropa y medicinas que llegan de otros sectores de la ciudad. Para damnificados como Katherine Varela, que solo puede subir por las escaleras agrietadas “de a uno y en puntas de pie” para rescatar algo de ropa, la prioridad ya no es la comida sino una evaluación técnica que les diga si podrán regresar o si deberán empezar de cero en otro lugar.
Vidas suspendidas entre la intemperie y la incertidumbre
En esos campamentos improvisados se cruzan historias de desarraigo y supervivencia. Francisco Manrique, de 76 años, llegó desde Pereira —otra ciudad gravemente afectada— después de que su casa se desplomara. Desconoce el barrio, duerme en una carpa regalada y guarda en un papel arrugado el único vínculo con su familia en Cali: el número telefónico de una hermana. Luisa Mosquera, de 20 años, había llegado desde Buenaventura dos meses antes del terremoto y ahora lacta a su hija de 4 meses en una colchoneta bajo plástico, sin saber si el edificio donde vivía será declarado habitable. Otros, como Andrés Pérez, duermen en el albergue y se marchan de día a trabajar para conseguir dinero y seguir pagando arriendo de viviendas que, según relatan, hoy son inhabitables. Los testimonios coinciden en una sensación de abandono: las brigadas oficiales no han terminado el censo de familias sin casa, y muchos damnificados temen quedar fuera de cualquier registro que les permita acceder a subsidios o reubicación.
Solidaridad desbordada y riesgos invisibles
La respuesta comunitaria ha sido tan intensa que, en Chiminangos, los organizadores afirman que ya no necesitan más alimentos porque se podrían perder, sino presencia institucional que garantice soluciones duraderas. En paralelo, los vecinos protagonizan trasteos de alto riesgo para recuperar sus pertenencias: cadenas humanas improvisadas bajan electrodomésticos desde terceros pisos, mientras otros se quedan atrapados detrás de rejas cuya apertura depende de propietarios ausentes. En este escenario, la Oficina de prensa de la Alcaldía de Cali sostiene que el despacho está “volcado a las actividades de búsqueda y rescate de sobrevivientes” y que esa es su máxima prioridad, pero los albergues improvisados denuncian la falta de acompañamiento técnico y social. La amenaza adicional es la lluvia: tras al menos dos semanas sin precipitaciones, un aguacero sobre estructuras resquebrajadas podría agravar el colapso de edificios y poner en peligro tanto a quienes siguen atrapados bajo los escombros como a las familias que pernoctan en carpas a la intemperie.
Una crisis prolongada que exige algo más que ayudas puntuales
Más allá de las primeras 72 horas de rescate, Cali enfrenta una crisis de largo aliento que implica reubicar a quienes lo perdieron todo, apoyar a pequeños negocios golpeados por el sismo y garantizar atención psicosocial a las familias de las víctimas mortales y de los desaparecidos. Sin un censo completo de damnificados ni una estrategia pública clara para integrar a los albergues improvisados en la red oficial de atención, el peso de la reconstrucción recae hoy en la organización barrial. Mientras tanto, en estos refugios se siguen encendiendo velas para pedir que no llueva y se acompaña incluso a mujeres que inician trabajo de parto sin acceso inmediato a clínicas o ambulancias. Las próximas decisiones de la Alcaldía de Cali y de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo serán determinantes para que esa solidaridad ciudadana no quede aislada, sino incorporada a un plan de respuesta y reconstrucción que dé certezas a quienes esperan una solución más allá de la siguiente noche bajo plástico.