Un amparo indígena que obliga a repensar el derecho ambiental
La demanda de amparo fue presentada el año pasado por activistas y comunidades mayas del municipio de Hopelchén. En su escrito, acusan que las instituciones ambientales federales, estatales y municipales incumplieron la obligación de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y de proteger a las abejas frente a la deforestación y el uso intensivo de pesticidas. El planteamiento central va más allá de pedir medidas de protección: busca que los tribunales reconozcan a las abejas como sujetos de derecho y que las comunidades mayas sean reconocidas jurídicamente como sus representantes y guardianas. De esta acción principal se derivaron dos juicios adicionales contra la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, señalados por presunta omisión de investigar y sancionar los daños ambientales denunciados, lo que amplía el alcance del conflicto desde la selva de Hopelchén hasta la forma en que el Estado mexicano ejecuta su política de vigilancia ambiental.
La postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: del antropocentrismo al enfoque ecocéntrico
Durante la sesión de este jueves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió atraer el amparo para estudiarlo a fondo y fijar un criterio constitucional. La propuesta fue impulsada por los ministros Irving Espinosa Betanz y Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Corte, quienes subrayaron que el expediente abre una vía inédita para repensar el derecho al medio ambiente sano. Irving Espinosa Betanz sostuvo que "el caso nos plantea varias aristas de cómo plantear el derecho al medio ambiente sano; nos permite estudiar la relación ancestral de la comunidad maya con las abejas, si las comunidades indígenas pueden ser guardianas de la naturaleza y, con ello, acudir a juicio en su nombre y representación". Según el ministro, este debate permitiría que el máximo tribunal profundice en la problemática medioambiental desde una visión ecocéntrica, en contraste con la doctrina jurisdiccional previa, centrada en una perspectiva antropocéntrica que coloca siempre al ser humano como eje del análisis jurídico.
Meliponas, patrimonio biocultural y derechos de los pueblos mayas
Los ministros recordaron que la abeja melipona, especie nativa sin aguijón, está estrechamente ligada a la economía, la alimentación, las tradiciones y la identidad cultural de las comunidades mayas de Hopelchén. La miel producida en la región es valorada internacionalmente por su calidad y origen, y se ha convertido en la base de ingreso para cientos de familias de apicultores, según el propio texto. La deforestación asociada a cultivos como la soya y el uso desmedido de pesticidas han provocado la muerte masiva de abejas y el deterioro acelerado de los ecosistemas locales, amenazando ese patrimonio biocultural. En este contexto, la Corte analizará si reconocer a las abejas como sujetos de derecho puede funcionar como mecanismo indirecto para proteger también los derechos de las comunidades indígenas, a partir de los artículos 2 y 4 de la Constitución mexicana, que reconocen los derechos de los pueblos originarios y consagran el derecho humano a un medio ambiente sano.
Homún, el Anillo de los Cenotes y la ofensiva jurídica por los derechos de la naturaleza
La atracción del caso de las abejas llegó acompañada de otros dos expedientes clave. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió también revisar un amparo promovido por el pueblo maya de Homún, en Yucatán, que reclama protección para la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes frente a la expansión de la industria porcícola. En esa demanda, los habitantes piden el reconocimiento de la personalidad jurídica de la reserva de agua dulce y que los pueblos originarios sean declarados sus custodios. Además, el tribunal estudiará un tercer amparo presentado por niñas, niños y adolescentes de Homún que, en 2018, lograron la suspensión de actividades de la megagranja porcícola Producción Alimentaria Porcícola (PAPO) dentro del Anillo de los Cenotes. Ahora corresponde a la Corte evaluar si la autorización, instalación y operación de la granja vulneran derechos humanos al agua, a un medio ambiente sano, a la salud, a la identidad cultural, a la libre determinación del pueblo maya y al interés superior de la niñez, profundizando así el alcance de los llamados derechos de la naturaleza.
Una disputa estratégica por un nuevo modelo de justicia ambiental en México
El ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía remarcó que "el asunto tiene relevancia constitucional al trascender el interés individual y plantear la protección de los derechos colectivos y el equilibrio ecológico nacional". Recalcó que el debate exige que el Tribunal Constitucional mexicano transite "de un paradigma antropocéntrico hacia un enfoque biocéntrico" para decidir si la naturaleza puede ser considerada sujeto de derecho, lo que, en su opinión, fortalecería tanto la protección del derecho humano a un medio ambiente sano como la salvaguarda del pueblo maya. El Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya atraído los tres asuntos y afirmó que una sentencia favorable "representaría un avance significativo en la protección de la biodiversidad y en la construcción de un modelo de justicia ambiental que incorpore la diversidad biocultural de México". El mismo colectivo advirtió que las resoluciones que emita el máximo tribunal podrían marcar un parteaguas: definirían el alcance de los derechos de la naturaleza, el papel de los pueblos indígenas como custodios de sus territorios y la obligación del Estado de evitar daños ambientales irreversibles, desde las colmenas de meliponas en Hopelchén hasta las aguas del Anillo de los Cenotes en Homún.