Evaluaciones médicas minimizadas y soldados atrapados
El caso de Oleg Shikin ilustra el funcionamiento de este sistema. Tras pisar una mina, fue hospitalizado con metralla en el cráneo, quemaduras en el rostro y la mano, y lesiones en el ojo izquierdo, el pecho, los brazos y las piernas, hasta el punto de que le extirparon quirúrgicamente parte del cráneo y se le colocó una placa de titanio. Reclutado desde una colonia penal a cambio de su libertad, fue remitido a una evaluación médica militar para definir si era no apto para el servicio, categoría que permitiría su baja en tiempos de guerra. Los médicos recomendaron revisarlo tras un mes de licencia, pero, según BBC News Rusia, fue reincorporado de inmediato al frente sin haber pasado por una junta médica completa. Shikin presentó una queja ante el Tribunal Militar de Nizhny Novgorod alegando trato ilegal, y los jueces ordenaron a su comandante garantizarle la evaluación reglamentaria. Después, el rastro documental se corta: no hay constancia pública de que la junta se hiciera ni de si el soldado sigue vivo, lo que agrava las dudas sobre el cumplimiento real de las normas médicas en plena campaña militar.
Presos convertidos en “carne de cañón” y restricciones para salir del ejército
La historia de Shikin no es aislada. De acuerdo con BBC News Rusia y documentos judiciales, decenas de miles de presos se han alistado en los últimos cuatro años para reforzar el frente en Ucrania a cambio de promesas de excarcelación, pero muchos terminan atrapados en el ejército. Sergei Krivenko, director de la organización de derechos humanos Citizen Army Law, afirma que estos antiguos reclusos pueden ser “enviados cínicamente a una muerte casi segura”. El Tribunal Militar del Distrito Sur falló que los antecedentes penales de Rustam Farzaliyev impedían su salida del ejército pese a haber sido declarado “parcialmente apto” por una “enfermedad socialmente significativa”. Otro ex detenido, Vitaly Kamenyuk, asegura que fue declarado apto para el combate basándose únicamente en la opinión de un neurólogo, sin una evaluación colegiada, a pesar de que el parte médico de su primera lesión la calificaba de “grave”. Mientras voluntarios comunes con amputaciones o enfermedades como VIH, tuberculosis, cáncer o trastornos mentales son a veces dados de baja como “parcialmente aptos”, muchos ex presos denuncian que no reciben esa misma posibilidad, lo que evidencia, según los defensores de derechos humanos, un trato discriminatorio y funcional a las necesidades de reclutamiento.
Directivas de guerra que rebajan los controles de salud
Las denuncias no se limitan a ex reclusos. En 2022, tras la movilización de cientos de miles de reservistas, el Ministerio de Defensa de Rusia emitió una directiva de guerra que ordenaba un examen médico a su llegada a las unidades solo para descartar enfermedades infecciosas y dolencias que impidieran la movilidad. Solo si se detectaba una “incapacidad” serían remitidos a una comisión médica militar completa. El reservista Dmitri Yelkin afirma que fue considerado apto recurriendo únicamente a sus historiales de hace once años, sin una evaluación actualizada de su salud. En otra directiva, firmada en junio de 2023 por el entonces viceministro de Defensa Timur Ivánov, se autorizó que la decisión sobre si un soldado dado de alta del hospital o tras una baja médica estaba apto, no apto o parcialmente apto pudiera ser tomada por el médico de guardia o incluso por un paramédico de la unidad, en vez de por una junta de especialistas. Para un abogado de la coalición Llamado a la Conciencia, que asesora a reclutas y movilizados, estas normas “en esencia, pretenden sustituir la comisión médica militar por un simple chequeo médico” y muestran que “ya no se consideran medidas temporales”. A su juicio, las fuerzas armadas rusas “se están preparando para combatir así durante décadas”, consolidando un modelo de control sanitario mínimo en una guerra prolongada.
Reclutamiento masivo, bajas crecientes y legislación permanente
La presión sobre el recurso humano militar es evidente. Pese a las campañas de reclutamiento en Moscú, San Petersburgo y otras ciudades que ofrecen salarios de hasta siete millones de rublos al año a soldados contratados, varios medios independientes rusos informan de menos ciudadanos dispuestos a alistarse. Paralelamente, BBC News Rusia ha identificado y nombrado a 233 200 soldados rusos muertos en el conflicto, mientras que el jefe del Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno elevó en mayo de 2026 el balance estimado a casi 500 000 militares rusos fallecidos desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania. Ante el aumento de demandas de soldados heridos por falta de evaluaciones médicas adecuadas, el Ministerio de Defensa de Rusia trabaja para transformar sus órdenes de tiempo de guerra en legislación permanente. Para los abogados consultados por BBC News Rusia, esto sugiere una voluntad de dotar a las fuerzas armadas de personal a largo plazo mediante normas que rebajan las garantías médicas y limitan las salidas legales del servicio. El Ministerio de Defensa de Rusia no respondió a la solicitud de comentarios sobre estos señalamientos, lo que deja abiertas cuestiones de fondo sobre la protección de los derechos de los soldados rusos en una guerra que, por la manera en que se legisla, parece concebida para prolongarse durante muchos años más.