El peso de un legado entre la seguridad y los derechos humanos
La llegada de Keiko Fujimori a la jefatura del Estado rompe el cerco que el antifujimorismo mantuvo durante tres elecciones presidenciales consecutivas. Su victoria se produce tras una campaña en la que reivindicó con inusual claridad la década de gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), a quien se atribuye haber estabilizado la economía y derrotado las insurgencias armadas de izquierda, pero también graves actos de corrupción y violaciones de derechos humanos que motivaron su condena por masacres en las que una unidad militar asesinó a 25 personas. El exmandatario pasó 16 años encarcelado y recuperó la libertad en 2023 gracias a un indulto, antes de morir en 2024, lo que no impidió que su figura fuese utilizada como símbolo en la campaña de su hija, con frases como que, “como tengo la sangre de Alberto Fujimori, lo haremos con los pantalones bien puestos para derrotar a la delincuencia”.
Una candidata profesional que se apoya en el orden y la mano dura
A diferencia de su padre, que llegó como outsider, Keiko Fujimori asume el poder tras décadas de carrera política. Fue primera dama a los 19 años tras el divorcio de sus padres, ingresó al Congreso peruano en 2006 con la mayor votación de ese año y fundó en 2010 el partido Fuerza Popular, desde el que compitió por la presidencia en 2011, 2016, 2021 y 2026. En esta última campaña se apoyó en el eslogan “vuelve el orden” y prometió “pacificar Perú” con una política de seguridad de mano dura, en un contexto de incremento de extorsiones y homicidios. Entre sus propuestas más controvertidas destacan la instalación de megacárceles inspiradas en el modelo del presidente salvadoreño Nayib Bukele y la figura de magistrados anónimos para juzgar a presuntos delincuentes, pese a que esa práctica ya fue cuestionada en el pasado y choca con criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre transparencia y debido proceso.
Alertas por reformas legales y sombra de autoritarismo
La preocupación de organizaciones de derechos humanos se agudizó porque, antes incluso de la toma de posesión, el partido de gobierno logró que el Congreso peruano aprobara una ley que impide que policías y militares sean juzgados por la justicia civil en casos de abusos, trasladando esos expedientes a tribunales castrenses. Este punto es sensible en un país donde el fujimorismo está asociado a violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto interno. Keiko Fujimori ha prometido ser “implacable” contra la corrupción y ha asegurado que no permitirá que se repitan los “horrendos crímenes” del grupo militar por el que fue condenado su padre, aunque ha negado que hubiera pruebas en su contra pese a que las sentencias fueron confirmadas en diversas instancias. Para expertos como la profesora de ciencia política Cynthia McClintock, de la Universidad George Washington, el apoyo actual a Keiko se explica en parte porque “los recuerdos de Alberto se desvanecieron un poco y por eso ella se sale con la suya”, pero persisten inquietudes sobre un autoritarismo latente y el respeto a las normas.
Populismo, economía ortodoxa y un pasado judicial abierto
En el plano económico, Keiko Fujimori ha ofrecido mantener el orden macroeconómico y la ortodoxia que marcó el fujimorismo de los años noventa, pero al mismo tiempo replicar medidas consideradas populistas, como la entrega masiva de títulos de propiedad de tierras. El politólogo José Incio, profesor de ciencias sociales en la Pontificia Universidad Católica del Perú, resume esta combinación al señalar que “puedes ser populista y ortodoxo al mismo tiempo, es lo que demostró Fujimori”. La nueva mandataria llega además con su propio historial judicial: cumplió cerca de año y medio de prisión preventiva entre 2018 y 2020 por una investigación sobre presuntas aportaciones ilegales a sus campañas, causa que fue desestimada el año pasado. Pese a ello, parte del electorado la percibió como una opción de menor riesgo frente a Roberto Sánchez, asociado al expresidente Pedro Castillo, quien intentó un autogolpe en 2022 y terminó encarcelado, en un país que ha tenido ocho presidentes en la última década.
Promesa de límite de mandato y retos para la democracia peruana
Keiko Fujimori ha prometido gobernar solo por cinco años y no buscar la reelección, marcando una diferencia con Alberto Fujimori, que tras el autogolpe de 1992 disolvió el Congreso, intervino el Poder Judicial, impulsó una nueva Constitución y se mantuvo en el poder hasta 2000 con dos reelecciones antes de renunciar desde el extranjero. No obstante, su responsabilidad en la inestabilidad reciente es objeto de crítica: Fuerza Popular utilizó su mayoría congresal para forzar la salida del presidente Pedro Pablo Kuczynski en 2018, generando un uso recurrente de la figura de “incapacidad moral” y contribuyendo a la sucesión de mandatarios. Ahora, la presidenta enfrentará un Congreso fragmentado, pero con bloques aliados que reducen el riesgo de que ella misma sea destituida por ese mecanismo. Los próximos años pondrán a prueba hasta qué punto el nuevo gobierno se distancia en los hechos de los rasgos autoritarios del pasado fujimorista o si, bajo la promesa de orden y seguridad, Perú vive una nueva etapa de tensión entre estabilidad política y vigencia plena de los derechos humanos.