Del duelo personal a una hipótesis de paramilitarismo
Hijo de Octavio Infante, uno de los reporteros linchados en la comunidad andina de Uchuraccay, Carlos Infante, hoy investigador de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, acaba de publicar el libro ¡Dame tu cámara, carajo! Estrategia militar, paramilitarismo y masacre en Uchuraccay. Allí cuestiona la versión dominante, que según él “atribuye [lo ocurrido] a una confusión” y “aísla del contexto sociopolítico” la muerte de los periodistas que intentaban verificar denuncias de matanzas en la provincia de Huanta, en la región de Ayacucho.
Infante recupera una hipótesis formulada ya en 1983: que la masacre respondió a un diseño del Estado peruano y del Ejército del Perú para “trasladar los costos de la guerra sobre la población campesina” mediante el fomento de grupos paramilitares. A su juicio, los comuneros que participaron en el linchamiento formaban parte de una estructura armada local impulsada por el mando militar desde marzo de 1982 y liderada por los dirigentes de Uchuraccay para frenar a Sendero Luminoso y reafirmar su hegemonía comunitaria.
Una masacre en la cumbre de la guerra interna
El 26 de enero de 1983, cuando el conflicto con Sendero Luminoso se intensificaba en Ayacucho, ocho periodistas, un guía y un comunero acusado de colaborar con la guerrilla llegaron a más de 4 000 metros de altura para investigar versiones de matanzas en la zona. Según reconstruye Infante, en la segunda quincena de enero ya se habían registrado 24 asesinatos en solo dos días en comunidades cercanas, en medio de una escalada de violencia que incluyó la rebelión de Huaychao y la ejecución de militantes senderistas por parte de campesinos armados.
La delegación de reporteros fue interceptada por comuneros de Uchuraccay y acabó linchada a hachazos, pedradas y golpes. Imágenes tomadas por el fotoperiodista Willy Retto, halladas meses después, documentan el momento en que los campesinos interrogan al grupo antes de la matanza. Frente a la tesis de la incomunicación entre quechuahablantes y hispanohablantes, Infante enfatiza que “mi padre hablaba quechua, y no era el único en el grupo que lo manejaba, por lo que no puede defenderse que los comuneros no les entendieron cuando se identificaron como periodistas”.
Choque con la comisión Vargas Llosa y la Comisión de la Verdad y la Reconciliación
Tras el crimen, el entonces presidente Fernando Belaúnde Terry creó una comisión encabezada por el escritor Mario Vargas Llosa. Aquella investigación concluyó que los comuneros, presa de un clima de “altísima tensión psíquica” y advertidos por militares de que todo forastero que llegara a pie podía ser senderista, confundieron a los reporteros con insurgentes. Años más tarde, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación retomó parte de esas conclusiones, atribuyendo la autoría a los habitantes de Uchuraccay, sin identificar una política oficial de paramilitarismo.
Infante disiente de este marco interpretativo. Afirma que “no se trató de un diálogo imposible pese a las distancias sociales y del quechua al castellano”, sino de una decisión premeditada de dirigentes comunales con poder armado que buscaban ocultar su implicación en asesinatos anteriores. Según su lectura, “no fue la explosión irracional de 430 aldeanos, sino una acción relativamente calculada de 35 hombres a cambio de restablecer su hegemonía absoluta en la comunidad”. Con ello, confronta no solo a las versiones oficiales, sino a un amplio sector académico que ha subrayado sobre todo la fractura cultural y étnica entre Estado y campesinado.
Otras miradas: la voz de los comuneros y los límites de la tesis
Investigadores como la historiadora japonesa Hiromi Hosoya ofrecen una lectura distinta. Hosoya critica igualmente el discurso simplista de la “confusión”, pero insiste en la distancia racial, étnica y cultural entre quienes juzgaron el caso, incluida la comisión Vargas Llosa, y los comuneros. A su juicio, la comunidad se movía en medio de mensajes estatales contradictorios: mientras el gobierno celebraba la “gallardía” campesina frente a Sendero Luminoso, se les advertía que la justicia debía aplicarse por vía judicial, lo que generaba una frontera borrosa entre violencia criminal y violencia considerada heroica.
Hosoya sostiene que “la violencia recibía un trato diferente según el contexto: a veces se la consideraba un acto criminal, y otras un hecho heroico” y que, en este proceso, “la voz de los comuneros no se escuchó”. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación sí subrayó la falta de protección estatal a la población campesina de Ayacucho y el temor a represalias senderistas, pero no llegó a calificar a Uchuraccay como un grupo paramilitar. Esa ausencia alimenta las reservas de quienes ven en la tesis de Infante un aporte polémico que exige nuevas pruebas documentales antes de ser asumido como explicación central.
Memoria, Keiko Fujimori y disputa por el relato del conflicto
La publicación del libro de Carlos Infante se produce mientras el pasado violento del país es utilizado como terreno de batalla política. Tras la llegada de Keiko Fujimori a la presidencia, sectores de su partido han pedido revisar la exposición del Lugar de la Memoria y los contenidos escolares dedicados al periodo 1980-2000, acusándolos de “sesgo ideológico” y de privilegiar la noción de “conflicto armado interno” por encima de la idea de “victoria del Estado frente al terrorismo”. Para críticos de estas iniciativas, entre ellos académicos y cineastas como Joel Calero, se trata de una ofensiva coordinada contra la memoria que diluye la responsabilidad del Estado en graves violaciones de derechos humanos.
En este escenario, la investigación que Infante define como “controversial y provocadora, pero necesaria” introduce una pieza incómoda en el tablero: la posibilidad de que el caso Uchuraccay no solo revele el horror de la guerra entre el Estado peruano y Sendero Luminoso, sino también la construcción deliberada de estructuras armadas campesinas como herramienta contrainsurgente. El siguiente paso, coinciden especialistas de distintas corrientes, será contrastar de manera sistemática archivos militares, testimonios y trabajos académicos para determinar hasta dónde llega la responsabilidad institucional en una de las masacres más emblemáticas de Ayacucho y qué enseñanza deja para las políticas de memoria y reparación en el Perú de hoy.