Una decisión que descansa en la amnistía y la prescripción
La disposición firmada por el fiscal Jesús Víctor Dávila Rojas reconoce que las esterilizaciones forzadas reúnen, según el derecho penal internacional, los elementos de un crimen de lesa humanidad, al haber formado parte de un ataque generalizado y sistemático contra un sector de la población civil. Sin embargo, el documento concluye que debe archivarse la causa por mandato de la Ley 32107, que declaró prescritos los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Perú antes del 1 de julio de 2002. La resolución alcanza a 52 investigados, entre ellos los exministros de Salud Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta y Alejandro Aguinaga, hoy senador de Fuerza Popular, y dispone el archivo de las pesquisas por las lesiones graves seguidas de muerte de cinco mujeres y las lesiones graves atribuidas a 4 172 víctimas.
Un programa estatal cuestionado por organismos internacionales
Las esterilizaciones se ejecutaron como parte de una política de control demográfico aplicada entre 1990 y 2000 que, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afectó a más de 24 000 hombres y más de 314 000 mujeres, principalmente indígenas y de zonas de alta pobreza. Organizaciones y asociaciones de víctimas sostienen desde hace años que numerosas mujeres murieron por malas prácticas y condiciones precarias en las intervenciones, entre ellas Celia Ramos Durand, cuyo caso fue clave para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado peruano en noviembre del año anterior. Desde la comunidad indígena de Lluto Kututo, en el departamento de Cusco, Margarita Rojas recuerda cómo, con 18 años, personal de salud de Llusco la presionó para someterse a una ligadura de trompas y le aseguró que el procedimiento se podía revertir, algo que ella descubrió falso años después.
Choque entre tribunales y rechazo de organizaciones de derechos humanos
La Ley 32107 ha desatado una profunda controversia jurídica. En noviembre de 2025, el Tribunal Constitucional rechazó una demanda de inconstitucionalidad y avaló aplicar los criterios de prescripción vigentes al momento de los hechos. En sentido contrario, la Corte Suprema decidió en marzo pasado inaplicar la misma norma por considerarla contraria a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y a la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Para Tania Pariona, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la amnistía impone una política de olvido forzoso sobre los abusos cometidos entre 1980 y 2000, mientras que Jennie Dador Tozzini, directora de Amnistía Internacional Perú, advierte que aún existe la posibilidad de revertir la decisión fiscal y que la sociedad civil explorará todas las vías para garantizar el acceso a justicia de las víctimas.
Fujimorismo a la defensiva y acusaciones de impunidad
Desde el fujimorismo, la narrativa es radicalmente distinta. El senador Alejandro Aguinaga sostiene que todas las investigaciones se archivaron porque, según su versión, en Perú no existió un programa de esterilizaciones forzadas y acusa a las denunciantes de haber mentido a cambio de supuestas prebendas económicas. La presidenta Keiko Fujimori, heredera política de su padre, calificó en una entrevista con Canal N al “mal llamado plan de esterilizaciones” como un programa de salud reproductiva que educó y dio opciones a miles de mujeres para decidir cuántos hijos tener. La secretaria de Prensa de la Presidencia no respondió a los pedidos de comentario sobre el archivo del caso. En paralelo, figuras como la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, han afirmado que los jueces peruanos no están obligados a someterse a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos si, a su juicio, contravienen las leyes nacionales, mientras que el congresista de Fuerza Popular Fernando Rospigliosi, impulsor de la Ley 32107, ha descalificado a ese tribunal regional con duros términos y pidió sancionar a los jueces que se nieguen a aplicar la amnistía.
Recursos, vía internacional y el horizonte para las víctimas
Para las mujeres afectadas, la orden de archivo supone un nuevo golpe tras más de una década de denuncias en el fuero penal. El abogado Sigfredo Florián, representante de nueve denunciantes, ha recurrido la decisión ante la Fiscalía Superior de Derechos Humanos y sostiene que, desde el punto de vista jurídico, la determinación debería revertirse, aunque reconoce la dimensión política del caso. Las organizaciones de víctimas anuncian que volverán a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un contexto en el que, según la académica Valeria Reyes del Instituto Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Estado peruano confronta abiertamente las resoluciones del sistema interamericano. Mientras se dirimen esos recursos, mujeres como Margarita Rojas insisten en que la esterilización les cambió la vida y denuncian que, con la ley de amnistía promovida por Fuerza Popular y el archivo dictado por la Cuarta Fiscalía de Derechos Humanos, el Estado vuelve a darles la espalda. El siguiente capítulo dependerá de si las instancias superiores y los organismos internacionales logran forzar a las autoridades peruanas a reabrir un caso que muchas víctimas consideran emblemático de la impunidad en materia de derechos humanos.