Un ataque a quemarropa contra un crítico del poder en Oaxaca
El crimen ocurrió este miércoles en San Pablo Etla, a unos 40 minutos en automóvil de la capital de Oaxaca. De acuerdo con la descripción de los hechos, "unos sujetos" a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra Leyva cuando comía en un negocio callejero. El periodista quedó desplomado sobre la mesa, aún sentado, en una escena que subraya su completa indefensión. Leyva era un periodista independiente, con alrededor de tres décadas de carrera, conocido por su columna "El Zumbido del Moscardón" y por el apodo con el que se presentaba: "¿Me conocen? Me llamo Alejandro Leyva, pero muchos me dicen El Moscardón, el que le zumba los oídos al anodino gobernador, en minúsculas y entre comillas, las verdades que los oaxaqueños padecemos por su ineptitud y su enfermedad mental". Su objetivo preferente era el Gobierno del Estado, encabezado por Salomón Jara, del partido Morena, al que acusaba de haber permitido que el narco estuviera "metido hasta las narices" en la Administración y de alentar la censura y el hostigamiento a periodistas críticos.
Amenazas, denuncias y nula protección pese a la alerta
Reporteros Sin Fronteras (RSF) documenta que desde el año pasado Leyva había reportado amenazas de muerte. Según la organización, el periodista vinculaba esos ataques con su exposición en un programa transmitido durante las conferencias del gobernador, llamado "Trapitos al Sol", cuyo objetivo declarado era desmentir informaciones que el Gobierno estatal consideraba falsas o engañosas. Para organizaciones defensoras, formatos de ese tipo, al estilo de "Quién es Quién en las Mentiras" y "Detector de Mentiras/Derecho de Réplica", funcionan como mecanismos de estigmatización que señalan a periodistas ante audiencias polarizadas. Tras esa exposición, RSF refiere que Leyva fue blanco de una campaña de desprestigio en medios y cuentas en línea y recibió amenazas de muerte por teléfono de personas no identificadas. El propio periodista atribuyó la ofensiva al Gobierno estatal y responsabilizó públicamente al gobernador por cualquier daño que pudiera sufrir. Pese a ello, las denuncias que presentó ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ante la Fiscalía General de la República, que remitió el expediente a la Fiscalía estatal, no se tradujeron en medidas de protección. RSF exige ahora una "explicación pública" a esas autoridades por su inacción, subrayando que "conocían la situación de riesgo" de Leyva y no actuaron para resguardar su vida.
Un historial de acoso judicial y denuncias de corrupción y crimen organizado
Además de las amenazas, Leyva había denunciado acoso judicial. Relató que la Auditoría Estatal del Gobierno de Salomón Jara abrió una indagatoria en su contra por supuestos malos manejos en la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv) casi seis años después de que él dejó la dirección del organismo. Organizaciones defensoras interpretaron ese proceso como otro episodio de presión institucional contra la prensa independiente. En paralelo, en su columna y en videos difundidos en redes sociales, el periodista había señalado por nombre a funcionarios del oficialismo y a presuntos integrantes del crimen organizado en un esquema de despojo de tierras y blanqueo de dinero mediante desarrollos hoteleros. Atribuía al auge de estas redes, en complicidad con autoridades, el incremento de la violencia en el Estado. En uno de sus mensajes más duros, advirtió: "Por cada voz que apagues en los medios, Salomón, van a surgir 10 más". Hasta la información disponible, no se detalla qué investigación formal, si alguna, se abrió sobre las denuncias de despojo y lavado de dinero. Lo que sí consta es que las instituciones competentes no ofrecieron garantías de seguridad al periodista que las formuló.
La respuesta del Gobierno estatal y la exigencia de esclarecer el crimen
Tras el asesinato, el gobernador Salomón Jara reconoció que Leyva era un periodista crítico de su Administración, "como muchos otros comunicadores" que cuestionan al poder. En un mensaje posterior al crimen, afirmó que el Gobierno del Estado es respetuoso de la libertad de expresión y anunció que había instruido a la Fiscalía estatal a realizar una investigación "exhaustiva" en coordinación con la Fiscalía General de la República. "No vamos a especular ni adelantar conclusiones sobre el móvil. Lo que corresponde es una investigación seria, profesional y transparente, que determine quiénes son los responsables y permita llevarlos ante la justicia", declaró. Sin embargo, la trayectoria de violencia contra la prensa y la impunidad persistente hacen que ese compromiso llegue tarde para Leyva y para otros comunicadores asesinados. La información accesible no reporta detenciones ni líneas específicas de investigación, ni aclara si la carpeta de investigación considerará como contexto las amenazas previas, el acoso judicial y las denuncias de corrupción y crimen organizado que él documentó.
Siete periodistas asesinados en 2026 y un patrón de vulnerabilidad estructural
Con Leyva, suman siete los periodistas asesinados en México en 2026. Antes que él fueron ejecutados Carlos Castro en Poza Rica, Veracruz, el 8 de enero; Juan David Gámez en Nuevo León, el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada en Veracruz el 2 de junio y hallada muerta a finales de ese mes; Luis Ángel López, nuevamente en Poza Rica, el 11 de junio; Alex Serna en Zihuatanejo, Guerrero, el 3 de julio; y Josué Martínez en Puebla, el 16 de julio. Algunos de ellos contaban con mecanismos institucionales de protección; a otros se les negó esa posibilidad pese al riesgo documentado. La lista sugiere una geografía de alto peligro en entidades gobernadas por Morena o por sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), donde se combinan precariedad laboral, fuerte presencia de redes criminales y estructuras políticas dispuestas a usar la criminalización y el acoso judicial como herramientas de control. En ese entorno, México se mantiene como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, mientras cada nuevo asesinato exhibe las fallas del Estado para prevenir ataques, proteger vidas y garantizar justicia.