Del arresto domiciliario al cuartel militar
Tras ser removido de la jefatura del Estado por el Senado por su presunta implicación en la crisis de Ueno Bank, la justicia ordenó para Santiago Peña una medida de arresto domiciliario. Sin embargo, según relatan medios locales, la decisión judicial desató protestas inmediatas frente a su residencia en el barrio Santísima Trinidad de Asunción, donde decenas de ciudadanos exigieron que fuera enviado a una cárcel y no permaneciera en su casa. La tensión escaló hasta el punto de que algunos manifestantes atravesaron el cordón de seguridad, lanzaron huevos e increparon al exmandatario, mientras se golpeaban vehículos oficiales. En medio de los disturbios, agentes dispararon balas de goma y, de acuerdo con el diario ABC Color, un comisario resultó herido por un proyectil durante el operativo.
Seguridad y presunción de inocencia bajo la lupa
Al filo de la medianoche, integrantes de la antigua escolta del exgobernante lo retiraron de su vivienda y lo trasladaron a la sede del Regimiento de Escolta Presidencial, cuerpo del ejército encargado de la seguridad del presidente en funciones, sus familiares, expresidentes y dignatarios extranjeros. Según la información disponible, las autoridades justificaron el traslado en motivos de seguridad ante la concentración de manifestantes fuera de la casa de Peña. Aún no se ha informado cuánto tiempo permanecerá allí. La Fiscalía General del Estado modificó además el lugar de su primera comparecencia: en vez de hacerlo en la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, el exmandatario deberá presentarse este sábado en la sede central del Ministerio Público en Asunción, donde los fiscales avanzan en las pesquisas sobre Ueno Bank, banco del que Peña fue accionista hasta 2025.
El escándalo de Ueno Bank y la respuesta del sistema financiero
La intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay dejó a alrededor de tres millones de clientes sin acceso inmediato a sus fondos, detonando una ola de indignación social y protestas en las calles. En paralelo a la crisis política, las nuevas autoridades financieras intentan contener el impacto entre los depositantes. El presidente interino del Banco Central del Paraguay, Pedro Acosta, afirmó tras una reunión con el nuevo presidente Pedro Alliana que en solo dos días de operativos, jueves y viernes, se realizaron pagos de garantía estatal a 1 196 000 personas, por un total de 996 millones de guaraníes, monto que estimó cercano a US$160 millones. Estos desembolsos se presentan como el primer paso para recomponer la confianza mínima de los ahorristas en el sistema financiero paraguayo.
Alliana toma el mando con foco en los ahorristas
Mientras continúa el proceso judicial contra Peña en calidad de investigado por presunto mal desempeño, el flamante jefe de Estado Pedro Alliana intenta marcar distancia de la gestión previa y ha hecho énfasis público en la protección de los depositantes. El mandatario declaró en redes sociales que su prioridad es que los ahorristas recuperen su dinero, en línea con la narrativa oficial de blindar a los pequeños clientes de Ueno Bank frente a las decisiones de los antiguos gestores del banco. De acuerdo con el presidente interino del Banco Central del Paraguay, la coordinación con el Poder Ejecutivo será clave para completar los pagos de garantías y afrontar el enorme desafío de gestionar los reclamos de millones de afectados por la intervención.
Impacto en jubilados y críticas a la prisión preventiva
El alcance social del colapso financiero también se refleja en el sistema previsional. El presidente del Instituto de Previsión Social, Derlis León, aseguró que todos los jubilados seguirán percibiendo sus pensiones en las fechas previstas, incluidos los 32 000 que cobraban a través de Ueno Bank, intentando despejar el temor de este grupo particularmente vulnerable. En el plano jurídico, la defensa de Santiago Peña cuestiona el criterio de los fiscales. Su abogado, el penalista Ricardo Preda, sostuvo ante medios locales que el exmandatario estaba dispuesto a colaborar con las investigaciones y que, en sus palabras, “él siempre dijo que se va a someter como cualquier ciudadano a cualquier investigación”. La discusión sobre si la privación de libertad en un cuartel militar era necesaria o proporcional se suma al clima de polarización, mientras la causa penal y la crisis bancaria avanzan en paralelo y marcarán los próximos pasos de la transición política en Paraguay.