Destitución exprés y relevo inmediato en el Palacio de López
Tras el juicio político impulsado por la Cámara de Diputados de Paraguay y concluido en el Senado de Paraguay, el Congreso de Paraguay votó la remoción de Santiago Peña por unanimidad, con 44 votos a favor y una ausencia, y rechazó previamente su intento de renuncia. Al quedar sin efecto esa renuncia, el expresidente perdió la posibilidad de convertirse en senador vitalicio y mantener fueros parlamentarios, lo que lo deja ahora plenamente expuesto a las investigaciones en curso de la Fiscalía de Paraguay. Inmediatamente después de la votación, el entonces vicepresidente Pedro Alliana juró como nuevo presidente del país ante el mismo pleno y deberá completar el mandato hasta agosto de 2028, en un contexto de fuerte presión social y descrédito institucional.
Detención, investigación penal y traslado a un cuartel militar
Horas después de la destitución, un mando de la Policía paraguaya informó a medios locales que se ejecutó la orden de privación de libertad emitida por la Fiscalía de Paraguay contra Santiago Peña, en el marco del caso Ueno Bank. Inicialmente se dispuso arresto domiciliario en su residencia en Asunción, pero la noche del viernes fue trasladado a una instalación militar de la capital por motivos de seguridad, según reportó la prensa. El fiscal general Emiliano Rolón Fernández confirmó que Peña se suma a la lista de investigados dentro de la causa, que está a cargo de un equipo encabezado por la fiscal adjunta de Delitos Económicos Nancy Salomón. Hasta el momento, las autoridades hablan de presuntos delitos relacionados con conflicto de intereses, injerencia indebida y posible enriquecimiento ilícito, sin que exista todavía una sentencia judicial firme.
Ueno Bank, la pieza central de la tormenta
El origen político del derrumbe de Peña se encuentra en la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay, que actuó tras constatar que la entidad había caído por debajo de los mínimos exigidos de solvencia. El banco pertenece a un conglomerado, Ueno Holding SAECA, en el que el expresidente mantuvo acciones millonarias al menos hasta 2025, es decir, ya en pleno ejercicio de su mandato. Según la acusación política, existió un grave conflicto de intereses porque Peña habría influido en nombramientos clave dentro del banco y habría favorecido la colocación de fondos del Instituto de Previsión Social en esa entidad. La intervención dejó en el aire el dinero de millones de clientes, incluidos los recursos que respaldan jubilaciones y servicios de salud, y golpeó la confianza en el sistema financiero paraguayo.
Juicio político, intento de renuncia y presuntos conflictos de interés
La secuencia que llevó al juicio político se aceleró cuando Santiago Peña presentó su renuncia el jueves, una jugada que la oposición interpretó como maniobra para preservar fueros. En un mensaje difundido en X, el entonces mandatario sostuvo que no quería que su presencia fuese motivo de mayor división o inestabilidad y afirmó que su responsabilidad era, según escribió, poner al país por encima de su destino personal. Sin embargo, cuando el Congreso de Paraguay se disponía a votar la aceptación de la renuncia en sesión conjunta, los diputados del Partido Colorado, la fuerza política de Peña, abandonaron el recinto y provocaron la falta de quórum. El acuerdo posterior entre bancadas trasladó al Senado de Paraguay la tarea de procesar el juicio político ya aprobado por la Cámara de Diputados de Paraguay. En la acusación se enumeraron presuntos conflictos de intereses por sus vínculos accionariales con Ueno Holding SAECA, presunta injerencia indebida en el Instituto de Previsión Social para colocar fondos en Ueno Bank, indicios de beneficio patrimonial y presunto enriquecimiento ilícito, además de cuestionamientos políticos por decisiones y omisiones durante su gestión.
Calle, jubilaciones y la presión de los ahorristas
El impacto social del colapso de Ueno Bank se hizo visible en las calles de Asunción. Desde que se conoció la renuncia de Peña, manifestantes se concentraron alrededor del recinto legislativo, y el viernes, una vez anunciada su destitución, se registraron escenas de celebración con aplausos, abrazos y lágrimas entre ahorristas, jubilados y estudiantes. La intervención de la entidad dejó en situación de riesgo los ahorros de millones de depositantes, que ahora miran al esquema de garantía de depósitos como último respaldo. La sensación de vulnerabilidad entre quienes dependen del Instituto de Previsión Social para sus jubilaciones y su salud añade presión al recién asumido presidente Pedro Alliana, que deberá lidiar con la reconstrucción de la confianza en el sistema financiero y con las reformas institucionales que reclaman amplios sectores ciudadanos.
Un sistema político bajo escrutinio
La caída de Santiago Peña, el segundo mandatario paraguayo destituido en juicio político desde Fernando Lugo en 2012, profundiza el debate sobre los vínculos entre poder político y sector financiero en Paraguay. El rol del Partido Colorado, que aportó votos clave para el juicio político tras años de respaldo al gobierno, pone de relieve las tensiones internas en la fuerza hegemónica del país. Mientras la Fiscalía de Paraguay continúa la investigación sobre Ueno Bank y evalúa eventuales imputaciones formales, la administración de Pedro Alliana enfrenta el desafío de articular respuestas rápidas para los ahorristas, revisar el marco de supervisión bancaria del Banco Central del Paraguay y demostrar que las responsabilidades por la crisis no quedarán limitadas a un cambio de nombres en la cúpula del poder.