Los encargados del operativo son los agentes de la Policía Profesional de Migración, PPM, en conjunto con otros cuerpos policiales.
Tras la acción ocurrida en Zona Norte, Guanacaste, Cartago y San José se logró detener a una mujer de nacionalidad nicaragüense y su pareja, un hombre de origen dominicano, quienes serían los líderes y estaban en compañía de 17 mujeres en la pensión Latin Divas VIP, ubicada en barrio Amón en la capital.
El allanamiento del lugar se da gracias a la investigación desde meses atrás que venía realizando este ente policial, después de que detectaron mediante anuncios en redes sociales cómo captaban a las víctimas, en su mayoría de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles ofertas laborales a cambio de altas sumas de dinero.
La Policía logró demostrar que esta red criminal trasladaba a las mujeres a los nueve establecimientos que mantenía en todo el país, con la estructura adecuada para que brindaran el servicio sexual.
Cobraban por la actividad de ¢16 mil a ¢500 mil, es decir entre los 26 y 800 dólares, hacían hasta 6 servicios sexuales diarios, de acuerdo con el perfil y petición del cliente, que consistía en trasladar a la víctima al lugar solicitado.
Asimismo, la organización las sometía a permanecer en los establecimientos bajo diferentes medios de coacción y amenaza, se les impedía salir de los lugares sin previa autorización de los ahora imputados. En ocasiones eran obligadas a consumir drogas.
Las mujeres no tienen acceso a sus documentos excepto con autorización de los líderes, por lo cual pasan encerradas en los locales a la espera de clientes.
Explotaban a menores de edad
Entre las explotadas sexualmente estaban menores de edad y mujeres hasta los 33 años, de diferentes nacionalidades, entre ellas nicaragüenses, colombianas, dominicanas, panameñas, mexicanas y costarricenses.
Esta red criminal contaba con un alto nivel económico, a pesar de la pandemia por Covid-19 seguía laborando de forma clandestina en locales comerciales que tenían orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud.
A los ahora imputados los presentarán ante los Tribunales de Justicia de San Carlos y enfrentarán cargos por el delito de trata de personas.
Esta actividad delictiva se encuentra normada en el artículo 172 de la Ley N°4573, Código Penal de Costa Rica, la cual tiene una pena de prisión de 8 a 16 años con los agravantes relacionados.
Con información de Diario Extra