Lula, que gozó de una inmensa popularidad tras dos mandatos al frente del país entre 2003 y 2010, fue condenado el año pasado por ayudar a una empresa constructora a lograr contratos a cambio de la promesa de que recibiría un departamento en primera línea de playa.
El encargado de dictar la sentencia fue el juez Sergio Moro, responsable de los casos derivados de la Operación Autolavado, el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil. Moro es considerado un héroe por muchos, mientras que sus detractores lo acusan de ser partidista.
El juez brasileño Sergio Moro, fue quien condenó a Lula da Silva en 2017 por cargos de sobrono.
El exdirigente siempre ha mantenido su inocencia, señalando que este caso, como otros cargos de corrupción pendientes de juicio, son intentos para mantenerlo fuera de la carrera presidencial. A pesar de los problemas legales que han enojado a algunos brasileños, las encuestas dan a Lula como favorito para hacerse con el poder.
Sin embargo, las negativas de Lula recibieron un revés en enero, cuando una corte de apelaciones ratificó la condena relativa al apartamento en la costa. Los tres magistrados que revisaron el caso ampliaron incluso la sentencia a 12 años y un mes.
Aunque Lula puede presentar más recursos, la ley brasileña podría obligarlo a empezar a cumplir su pena, como han ordenado Moro y los otros magistrados. En este punto, su última y más plausible esperanza para no entrar en prisión y mantener vivas sus aspiraciones de poder es el Supremo Tribunal Federal, que el miércoles empezará a estudiar su petición habeas corpus.
Los abogados de Lula sostienen que su cliente tiene el derecho constitucional de permanecer en libertad hasta agotar todas las apelaciones posibles. Pero en un caso no relacionado de 2016, el alto tribunal discrepó con esa línea argumental, dictaminando que un condenado debería empezar a cumplir su sentencia tras la denegación de la primera apelación.
Voz de América