Un retorno unilateral que encendió las alarmas federales
El viernes 21 de agosto, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum afrontaba una jornada aparentemente rutinaria y medio afónica, el primer movimiento llegó desde Sinaloa: a las 09:46, Rubén Rocha Moya difundió en redes su decisión de reincorporarse a la gubernatura, alegando que, tras más de tres meses de pesquisas de la Fiscalía General de la República (FGR), no existían elementos mínimos que acreditaran una conducta penal de su parte. El anuncio tomó por sorpresa a Palacio Nacional, que no había sido informado de antemano pese a que el mandatario conservaba una interlocución indirecta con el entorno presidencial durante su licencia. La reacción inicial de la Presidencia fue de abierto malestar y la instrucción fue clara: contener el desafío político y evitar que el regreso de un gobernador investigado y solicitado en extradición por Estados Unidos se consolidara como un hecho consumado.
La maquinaria de la Secretaría de Gobernación contra la apuesta de Rocha
Con las llamadas de la Secretaría de Gobernación ignoradas por Rocha y su círculo cercano, la estrategia cambió de inmediato. Rosa Icela Rodríguez activó la estructura institucional de Secretaría de Gobernación para coordinar un mensaje unificado de Gobierno federal, gobernadores, Congreso y dirigencias partidistas. A las 13:28, la dependencia difundió un comunicado subrayando que el retorno al cargo era una decisión exclusivamente personal del gobernador y recordando que permanecían abiertas las carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) relacionadas con él y con nueve exfuncionarios de Sinaloa solicitados en extradición por Estados Unidos. Ese pronunciamiento marcó la línea oficial: el Gobierno se desmarcaba políticamente de Rocha y advertía que tenía herramientas legales para removerlo si insistía en su postura, entre ellas la ruta del juicio político iniciada en la Cámara de Diputados a petición del PRI.
Morena y aliados cierran filas con la presidencia
La reacción partidista endureció el cerco. La dirigencia de Morena, encabezada por Ariadna Montiel, se deslindó del movimiento del gobernador y lo calificó de decisión personal, mientras Citlalli Hernández remarcó en redes que nadie está por encima de la ley. El coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, y el legislador Alfonso Ramírez Cuéllar insistieron en que la bancada respaldaba a Claudia Sheinbaum y cuestionaron el uso del fuero como refugio político. Paralelamente, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, a través de figuras como Karen Castrejón y Alberto Anaya, difundieron posicionamientos en la misma línea. Hacia el final de la tarde, los 23 gobernadores del oficialismo publicaron un desplegado que pedía madurez y responsabilidad a Rocha y manifestaba respaldo categórico a la presidenta. Para las 19:00, el gobernador se encontraba prácticamente aislado en Culiacán, sostenido solo por su gabinete local, mientras en Washington un portavoz del Departamento de Estado recordaba que el Cártel de Sinaloa no podría operar sin funcionarios corruptos, mensaje que añadía presión internacional al episodio.
El tuit de Sheinbaum y la derrota de la política de hechos consumados
El sábado a las 10:39, tras más de un día de tensión, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó postura en un mensaje de alto voltaje político: advirtió que ningún interés personal puede colocarse por encima del pueblo y de la Nación y criticó lo que describió como ambición desnuda de poder. Ariadna Montiel secundó sus palabras minutos después, consolidando la narrativa de que la continuidad de Rocha en el cargo era incompatible con los principios del movimiento. En paralelo, el único canal de interlocución con el gobernador dejó claro que el Gobierno federal estaba dispuesto a activar el juicio político y todas las vías institucionales disponibles. Rocha reconoció entonces que su estrategia consistía en volver primero y negociar después, pero comprobó que no obtenía concesiones. A las 18:40 del mismo sábado, envió al Congreso de Sinaloa un breve escrito en el que solicitaba una licencia temporal con carácter indefinido por más de 30 días, renunciando en los hechos a sostener su pulso con la federación.
Reacomodo en Sinaloa y mensaje de control desde la federación
Con la retirada de Rubén Rocha Moya, la Presidencia se movió con rapidez para recomponer el tablero en Sinaloa. La Secretaría de Gobernación, nuevamente a cargo de Rosa Icela Rodríguez, trabajó con el Congreso estatal para definir un relevo interino que no respondiera plenamente al grupo político del exmandatario. La elegida fue la diputada federal Graciela Domíguez Nava, exsecretaria de Educación en el gobierno local, cuya trayectoria y revisión exprés en el gabinete de seguridad federal le valieron el visto bueno de Sheinbaum para concluir el mandato que legalmente terminaba en octubre de 2027. Al mismo tiempo, la dirigencia de Morena adelantó los tiempos internos y nombró a la senadora Imelda Castro como coordinadora estatal de defensa de la transformación y virtual candidata a la gubernatura, con el aval del Partido Verde y del Partido del Trabajo. La secuencia de decisiones dejó un mensaje inequívoco: el intento de Rocha de regresar al poder pese a estar imputado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y bajo el escrutinio de la Fiscalía General de la República (FGR) no solo fracasó en 33 horas, sino que aceleró un reacomodo político que lo dejó sin control del estado que gobernó y reafirmó la capacidad del centro federal para disciplinar a sus propios barones territoriales.