Un río convertido en fuente de desconfianza
En comunidades como San Pablo de Aconchi, donde el río Sonora era espacio de recreo y sustento, el derrame del 6 de agosto de 2014 cambió la vida cotidiana. Las familias dejaron de bañarse en el río y de beber agua directamente de la red. Habitantes como María Juana Peralta Fuentes, integrante de los Comités de Cuenca Río Sonora, compran agua purificada solo para consumo humano y usan la de la llave con recelo para bañarse y limpiar, ante la falta de recursos para sustituirla por completo.
La desconfianza se alimenta de los propios diagnósticos oficiales. El Dictamen Diagnóstico Ambiental del Río Sonora, publicado en 2023 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, reportó niveles elevados de aluminio, mercurio, hierro y manganeso en distintos puntos del cauce, así como presencia de arsénico y otros metales en tomas domiciliarias, aunque en este último caso por debajo de los límites permitidos. La institución atribuyó el desastre a fallas en el diseño hidrológico del sistema de almacenamiento de la mina y descartó que las lluvias explicaran el vertido, contradiciendo los argumentos iniciales de la empresa.
Salud en la incertidumbre y agricultura dañada
Para quienes viven en la cuenca, el problema va más allá de la calidad físico-química del agua. Integrantes de los Comités de Cuenca Río Sonora han reportado casos de cáncer, enfermedades renales y padecimientos de tiroides entre sus compañeros, algunos de los cuales han fallecido. Sin embargo, los documentos públicos disponibles no permiten vincular de manera directa estos diagnósticos con la contaminación de 2014. En su recomendación 50/2024, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exigió concluir los estudios toxicológicos y epidemiológicos, publicar sus resultados y determinar qué personas requieren atención especializada y qué afectaciones pueden asociarse al derrame.
El impacto también golpeó a la economía rural. Un documento de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación contabilizó 2 519 agricultores y ganaderos en la zona de apoyo tras el cierre preventivo de pozos, que interrumpió el uso de agua para cultivos y ganado. Productores como el esposo de Peralta perdieron cosechas de maíz y frijol y, con el tiempo, optaron por sembrar pastura para ganado, que se vende más barata y con mayor dificultad por la desconfianza hacia los alimentos de la región, según estudios sobre percepción de riesgo en el río Sonora.
Promesas oficiales inconclusas
Desde 2014, el gobierno federal y el Gobierno de Sonora han anunciado plantas potabilizadoras, monitoreo de agua y programas de atención médica. No obstante, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó en 2024 que varias de estas medidas están incompletas o presentan fallas de operación. Un caso emblemático es la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora, anunciada en 2015 por el gobierno federal para dar seguimiento durante 15 años a la salud y al ambiente en la cuenca. Aunque comenzó a operar de forma provisional con brigadas médicas, el edificio definitivo proyectado en Ures se quedó inconcluso, según informes de organizaciones que han dado seguimiento al caso.
La acción gubernamental más reciente es el Hospital de la Región del Río Sonora en Ures, impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum y el Gobierno de Sonora. El 5 de agosto de 2026, un día antes del aniversario número doce del derrame, las autoridades colocaron la primera piedra del nuevo hospital. Habitantes como Peralta lo ven como una esperanza de atención especializada, pero arrastran el escepticismo que dejan años de compromisos incumplidos y falta de información directa sobre los riesgos a largo plazo.
Grupo México bajo nuevo escrutinio ambiental
El aniversario del derrame coincide con otra emergencia en el estado vinculada al mismo consorcio. El 25 de julio de 2026, un tren de Ferromex, empresa de Grupo México Transportes, descarriló en Naco y provocó el derrame de 70 000 litros de hidrosulfuro de sodio. Aunque se trata de un incidente diferente, el hecho reaviva las críticas a los protocolos de seguridad industrial y a la gestión de emergencias químicas de las empresas del grupo, así como a la capacidad de supervisión de las autoridades ambientales y de transporte.
Para las comunidades del río Sonora, reparar el daño no significa solo contar plantas, consultas o estudios aislados. De acuerdo con la Ley General de Víctimas, la reparación incluye restituir derechos y garantizar la no repetición de hechos similares. Habitantes como María Juana Peralta Fuentes reclaman análisis públicos, infraestructura que funcione y seguimiento médico sostenido. Su horizonte de justicia es concreto: poder volver a usar el agua del río y de la red sin miedo a enfermar, y que desastres como el de 2014 o el descarrilamiento de 2026 no se conviertan en la norma en Sonora.