Un sistema saturado que comprime años en días
Miami se ha convertido en uno de los puntos más visibles de las llamadas mega audiencias, comparecencias en las que más de 100 personas pasan en bloque ante un mismo juez. De acuerdo con la plataforma de datos migratorios BKLG, la ciudad fue la tercera urbe con más audiencias de este tipo en julio, solo por detrás de Chicago y Nueva York. El fenómeno se despliega sobre un sistema desbordado: según TRAC, a finales de agosto había cerca de 3,1 millones de expedientes migratorios pendientes en los tribunales de Estados Unidos, de los cuales 132 387 correspondían a residentes de Miami-Dade, el condado con más procedimientos abiertos del país.
Audiencias adelantadas y tiempo mínimo para armar una defensa
En este contexto, las fechas de juicio se están adelantando varios años. Migrantes con audiencias previstas para 2028 o 2029 han sido reprogramados para fechas mucho más cercanas, según relatan abogados de inmigración. El caso de Sandra, colombiana de 31 años que llegó a Estados Unidos en 2022 huyendo de amenazas de grupos armados en Cundinamarca, ilustra la dinámica: su audiencia final para 2027 fue movida al 17 de septiembre, apenas una semana después de una vista preliminar el 10 de septiembre. Su abogada, Cindy Blandón, afirma que ese plazo hizo imposible completar la recolección de pruebas, en un escenario en el que los jueces —según la letrada— “están siendo extremadamente rigurosos a la hora de analizar los casos de asilo”. El resultado fue una orden de deportación que deja a la solicitante a un paso de ser expulsada.
Mega audiencias y órdenes in absentia al alza
La dinámica no se limita a Miami. De acuerdo con datos de la organización Mobile Pathways, en junio se celebraron más de 1 300 audiencias masivas en todo Estados Unidos, casi el triple que un año antes. Paralelamente, según BKLG, en junio se dictaron 56 523 órdenes de deportación in absentia, un 62,8 % más que en mayo y un 92,5 % más que un año antes. Abogados como Cindy Blandón vinculan el auge de estas resoluciones con la masificación y el adelanto de audiencias: muchas personas no alcanzan a enterarse de los cambios de fecha, llegan tarde tras hacer filas de cientos de metros o, directamente, evitan acudir por miedo a ser detenidas. El abogado Billy Bosch, del American Friends Service Committee, sostiene que algunos jueces que antes veían unas decenas de expedientes ahora atienden hasta 160 personas en una sola jornada, lo que, a su juicio, incrementa el riesgo de errores y decisiones sin un análisis individualizado suficiente.
El pulso entre rapidez y debido proceso
Las autoridades niegan que el aceleramiento vulnere derechos. La Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración, organismo del Departamento de Justicia que administra los tribunales migratorios, defiende los ajustes de calendario como una forma de evitar que los expedientes queden paralizados. Un portavoz señaló que “las demoras innecesarias perjudican tanto a los extranjeros con solicitudes fundadas como al público estadounidense” y aseguró que todos los casos se tramitan “de manera oportuna y conforme a la ley”. En la misma línea, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. sostiene que “todos los extranjeros en situación irregular con una orden final de expulsión han recibido todas las garantías del debido proceso” y subraya que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas proporciona listados de abogados gratuitos o de bajo costo a las personas detenidas. Sin embargo, especialistas como Joanna Soler Betancourt insisten en que el poco margen para recabar pruebas desde el exterior “pone a los inmigrantes en una situación de desprotección muy grande” y transforma las comparecencias rápidas en un filtro que prioriza la productividad sobre el análisis profundo de cada carpeta.
Deportaciones en aumento y una oferta de retorno “voluntario”
El endurecimiento de los tiempos procesales coincide con un repunte de expulsiones. Entre abril y julio de 2026, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas deportó a 122 153 personas, frente a 93 782 en el mismo periodo del año anterior, un incremento cercano al 30 %. Además, los jueces de inmigración dictaron 77 234 órdenes de deportación en agosto de 2026, un 65,5 % más que en agosto de 2025. Mientras abogadas como Cindy Blandón interpretan esta compactación de procesos como una estrategia para “emitir el mayor número de órdenes de deportación rápido”, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. destaca la opción de retorno voluntario: quienes están en situación irregular y no deseen permanecer detenidos pueden solicitar un vuelo gratuito de regreso y un incentivo económico de 3 000 dólares. Para migrantes como Sandra, que afirma “a día de hoy temo por mi vida” si regresa a Colombia, el dilema se vuelve existencial. Su apelación seguirá su curso dentro de un sistema presionado por millones de expedientes, en el que la próxima fase del debate será si la búsqueda de rapidez puede compatibilizarse con una evaluación plena y justa de cada historia de persecución y refugio.