Del asilo pendiente al arresto en la puerta de embarque
Claudia Carolina Rodríguez Caglianone, de 28 años, entró a Estados Unidos el 25 de enero de 2017 con una visa de estudiante que le permitía permanecer hasta el 24 de julio de 2017. Antes de su vencimiento solicitó asilo y, años después, obtuvo el Estatus de Protección Temporal (TPS) en 2023, un programa humanitario aprobado por el Congreso de Estados Unidos. Pese a tener un caso de asilo abierto y autorización de trabajo, fue retenida por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos en la puerta de embarque de Fort Lauderdale, trasladada primero a la oficina de Operaciones de Detención y Deportación en Miramar durante ocho días y luego al Centro de Transición de Broward por otros nueve días. La propia agencia sostuvo que Rodríguez “violando las leyes de nuestro país, se quedó más tiempo del permitido por su visa” y subrayó que “una autorización de trabajo o una solicitud pendiente no otorgan estatus legal en EE.UU.”, confirmando que un juez de inmigración ordenó su liberación bajo fianza el 3 de agosto.
Detenciones en cadena y cifras multiplicadas por cinco
El caso de Rodríguez se suma al del futbolista argentino Matías Pourrain, detenido en el mismo aeropuerto de Fort Lauderdale cuando iba a volar a Los Ángeles para disputar la final de la liga UPSL, y al de la argentina Iliana Lick, interceptada el 11 de julio en el aeropuerto internacional de Filadelfia. Ambos contaban, según sus representantes y familiares, con solicitudes migratorias en proceso y permisos de trabajo. Lick fue trasladada a centros de detención en Pensilvania, Luisiana, Texas y finalmente a unas instalaciones del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos en Nuevo México, donde espera poder salir bajo fianza. Estos casos ilustran un patrón descrito por NBC y el Deportation Data Project: desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump el 20 de enero de 2025 se produjeron 568 arrestos en aeropuertos o sus inmediaciones, cinco veces más que los 108 del periodo equivalente anterior, en un contexto de eliminación del TPS para más de una docena de países y de afectación a cientos de miles de beneficiarios, incluidos procedentes de Venezuela, Haití, Honduras y Afganistán.
Memorando ICE-TSA y nueva doctrina del Departamento de Seguridad Nacional
Abogados migratorios y organizaciones proinmigrantes vinculan el aumento de estas operaciones con un memorando de entendimiento firmado en mayo de 2025 entre el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos y la Administración de Seguridad en el Transporte, ambas dependientes del Departamento de Seguridad Nacional. El documento, obtenido mediante la Ley de Libertad de Información por American Oversight, establece que ICE compartirá información con TSA “para identificar a individuos de interés” y almacenará los datos obtenidos en sus propias bases. Aunque ni ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional precisaron qué perfiles quedan bajo ese acuerdo, el propio departamento defendió por escrito que “revirtió la horrible política de la era Biden que permitía a los extranjeros en nuestro país de manera ilegal viajar en avión” y afirmó que, bajo el presidente Donald Trump, trabajará para que “los extranjeros que están aquí de manera ilegal ya no puedan volar a menos que sea fuera del país, para autodeportarse”. En ese marco, el mensaje oficial subrayó que quienes estén en situación irregular pueden usar la aplicación CBP Home y recibir un vuelo gratuito y un cheque de US$2.600 o enfrentar arresto, detención y deportación.
Migrantes en área gris y advertencias legales
Cada año, cientos de miles de personas se quedan en Estados Unidos más tiempo del permitido por sus visas mientras aguardan decisiones sobre extensiones, residencias permanentes o solicitudes de asilo. Para muchos especialistas, se trata de un área gris en la que, bajo otras administraciones, quienes no tenían antecedentes penales rara vez eran detenidos durante viajes internos. Ese enfoque se ha modificado: organizaciones como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes reportan nuevos incidentes en estados tan diversos como California, Colorado, Florida, Illinois, Kansas, Massachusetts, Míchigan, Nevada, Nueva Jersey, Texas y Virginia, y recomiendan a titulares de solicitudes de residencia permanente o asilo consultar con un abogado antes de volar dentro del país. La propia Claudia Rodríguez describe que “nunca imaginé que me pudiera pasar algo así” mientras esperaba la audiencia de su caso de asilo, que sigue en curso pese a su sobreestadía inicial.
Denuncias sobre condiciones de detención y disputa de relatos
Tras su liberación, Rodríguez denunció en una conferencia de prensa, acompañada por la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz, las condiciones que observó en la oficina de Miramar: comida en ocasiones vencida, falta de higiene, imposibilidad de ducharse o cambiarse de ropa, mujeres durmiendo en el suelo y personas enfermas, incluidas pacientes con cáncer, sin acceso a tratamientos posteriores. Aseguró además haber conocido a dos mujeres que sufrieron abortos espontáneos dentro de la custodia migratoria. El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos calificó estas acusaciones de “totalmente falsas” y sostuvo que la atención médica que ofrece es integral y, en muchos casos, “la mejor atención médica que muchos inmigrantes han recibido en toda su vida”, con menús certificados por dietistas. La controversia sobre las condiciones en los centros y el uso del nuevo acuerdo con la Administración de Seguridad en el Transporte como herramienta de captura en aeropuertos previsiblemente se intensificará, a medida que se publiquen datos oficiales actualizados o se obtengan nuevos registros mediante la Ley de Libertad de Información que permitan evaluar el verdadero alcance de esta estrategia migratoria.