De jueza mal pagada en Matanzas a detenida en Broward
Según la reconstrucción del caso, Katrina Castro-Menéndez creció en una zona rural de Matanzas y estudió Derecho en la Universidad de La Habana antes de convertirse en jueza en los tribunales de Cárdenas y Centro Habana, donde cobraba apenas 190 pesos cubanos al mes, unos 7 dólares al cambio oficial de la época. Ella sostiene que sus sentencias nunca superaron los 12 meses de sanción y que se limitaron a delitos menores, principalmente multas por robos de baja cuantía. No hay indicios en el expediente relatado de que haya participado en procesos políticos o de represión de protestas. Sin embargo, el Gobierno de Estados Unidos interpreta que su labor en el sistema judicial cubano implicaba una asociación automática con el Partido Comunista de Cuba, pese a que al menos tres jueces consultados por EL PAÍS aseguran que no es obligatorio militar en el partido para ejercer la judicatura en la isla.
Una detención planificada en Cooper City y una familia sin visitas
La ofensiva contra Katrina Castro-Menéndez culminó en junio pasado en Cooper City, Florida. De acuerdo con su testimonio, cuando salió en su Chevrolet Trax de 2017 fue rodeada por varios vehículos y seis oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la obligaron a detenerse para arrestarla por un supuesto caso migratorio. Desde entonces permanece en el Centro de Transición de Broward, administrado por GEO Group, empresa que paga 1 dólar diario a algunos migrantes por tareas de limpieza. Su esposo, Deyni Rojas González, y su hija de 15 años no pueden visitarla: las autoridades les niegan el acceso por no tener residencia o ciudadanía estadounidense, y las videollamadas se interrumpieron tras el vencimiento de las garantías legales del programa de parole humanitario que amparaba al padre. La ex jueza describe un régimen de madrugadas para limpiar, dos salidas diarias al patio y una asistencia médica cuestionada por organizaciones de derechos humanos.
El giro de Washington: comunismo, sanciones y culpabilidad por asociación
El caso se inscribe en la estrategia de la Administración Trump de usar las herramientas migratorias y de sanción contra el ecosistema del poder cubano. Con el secretario de Estado Marco Rubio como figura central, Washington ha anunciado en los últimos meses nuevas sanciones contra entidades vinculadas al castrismo, como el conglomerado militar GAESA, que controla alrededor del 40% de la economía cubana, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y los Comités de Defensa de la Revolución. “Cualquier persona que preste servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionada a su vez”, advirtió Rubio. Bajo esa lectura expansiva, el ICE ha comenzado a detener en territorio estadounidense a parientes de altos cargos, como una hermana de la presidenta ejecutiva de GAESA o la hija del general Ulises Rosales del Toro. Katrina Castro-Menéndez, que no procede de la élite política, ha quedado atrapada en ese clima de culpabilidad por asociación, a pesar de que su trayectoria laboral se desarrolló en instancias judiciales municipales y sin pruebas públicas de militancia partidista.
La “inconsistencia” migratoria que hoy la persigue
El expediente migratorio de Katrina Castro-Menéndez es complejo. Tras abandonar la judicatura en 2014, trabajó como abogada en el Bufete Colectivo de Centro Habana y en 2019 obtuvo una visa de estudiante para cursar una maestría en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en México. Allí se vinculó con el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), organización crítica con el castrismo. En agosto de 2021 se presentó en un punto fronterizo de Arizona y fue liberada bajo el estatus I-220A, la misma figura administrativa que ha dejado en un limbo legal a más de 500 000 cubanos. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos la acusa ahora de haber intentado obtener beneficios migratorios “mediante fraude o tergiversación deliberada”, porque en un primer formulario de asilo preparado por un bufete privado —al que pagó 3 000 dólares— se afirmó que no pertenecía a ninguna organización política; más tarde, en la solicitud de residencia al amparo de la Ley de Ajuste Cubano, ella misma reconoció haber estado integrada a los Comités de Defensa de la Revolución y a la Federación de Mujeres Cubanas, estructuras de afiliación prácticamente automática en Cuba. Ese giro, para las autoridades, constituye una inconsistencia; para su defensa, refleja que la ex jueza fue más precisa en un segundo momento y que esas organizaciones no son equiparables a un partido político en términos de militancia consciente.
Presunción de inocencia frente a un aparato político-migratorio
En su primera audiencia ante un juez de inmigración, aún pendiente de resolución según la información disponible, Katrina Castro-Menéndez deberá responder por dos señalamientos: la presunta tergiversación de información en sus formularios y la supuesta afiliación al Partido Comunista de Cuba derivada de su cargo de jueza. Hasta ahora no se han presentado pruebas documentales de que haya sido miembro de dicho partido, más allá de la inferencia de que trabajar en el sistema judicial implicaría necesariamente esa militancia, una afirmación que otros jueces cubanos desmienten. El caso ilustra cómo la política de sanciones de Washington contra el Gobierno de Cuba se traslada al terreno migratorio y termina impactando a profesionales que huyeron del propio sistema al que ahora se les vincula. El desenlace judicial marcará hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos en el uso del aparato de inmigración para fines de presión política sobre Cuba y determinará si prevalece la presunción de inocencia de la ex jueza o la lógica expansiva de las sanciones.