Guantánamo, el eslabón opaco de la maquinaria de deportación
El análisis de más de 43 600 registros vinculados a Nicaragua permitió identificar por primera vez cuántos nicaragüenses han sido trasladados a la Base Naval de la Bahía de Guantánamo. De acuerdo con los datos revisados por CONFIDENCIAL, en 2025 hubo 11 vuelos que despegaron del Aeropuerto Internacional de Alexandria, en Louisiana, hicieron escala en Guantánamo y continuaron luego hacia el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, en Managua. En total, 155 nicaragüenses fueron retenidos en la base: 101 en el Migrant Ops Center Main AV622, 38 en el Centro de Detención Windward y 16 en el Campamento Seis, instalaciones donde organizaciones como Human Rights Watch han documentado violaciones a derechos humanos y condiciones de aislamiento extremo.
Perfiles de los detenidos y salto del 41,3% con la campaña antiinmigrante
La ofensiva migratoria de la Administración de Donald Trump elevó en 2025 los arrestos de nicaragüenses en un 41,3% respecto a 2024, al pasar de 7011 a 9910 detenciones, a las que se suman 2361 entre enero y marzo de 2026. El 84% de los 12 271 arrestados son hombres y al menos 133 son menores de 18 años. La distribución por edades muestra 4212 personas entre 18 y 30 años, 7245 entre 31 y 50, y 681 mayores de 51, lo que evidencia el impacto sobre población en plena edad productiva. Los datos revisados indican que la mitad de los arrestos responden a simples infracciones migratorias —carecer de estatus legal para vivir y trabajar en Estados Unidos— y sólo cerca del 15% tiene condenas previas, mayoritariamente por conducir en estado de ebriedad (390 casos), infracciones de tránsito (304) o ingreso ilegal (155), mientras los delitos graves como homicidio, agresión sexual o robos son marginales.
Deportaciones masivas, vigilancia en Nicaragua y muertes bajo custodia
El análisis de CONFIDENCIAL detalla que, además de los 8197 deportados, 347 nicaragüenses fueron liberados bajo fianza, 246 permanecen en libertad provisional, 158 optaron por el retorno voluntario, 70 fueron enviados a penales por delitos ajenos a inmigración, 36 obtuvieron estatus legal, 31 quedaron en libertad provisional por imposibilidad de deportación, 7 fueron liberados sin condición, 5 vieron retirados sus cargos, 2 murieron bajo custodia y 1 menor fue remitido a un albergue federal. Los vuelos de deportación con destino a Managua parten principalmente desde Texas, aun cuando los detenidos se encuentran en centros de todo el país. A su regreso, los expulsados son catalogados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como “personas de interés” y sometidos a una vigilancia estrecha articulada por el Ministerio del Interior, la Policía y estructuras partidarias, lo que convierte la deportación en un doble castigo: primero en los centros de ICE y luego en el control político en Nicaragua.
Estados de origen, opacidad institucional y llamado de organismos de derechos humanos
Los registros del Proyecto de Datos sobre Deportaciones muestran que Texas concentra 2527 nicaragüenses detenidos, seguido de Florida con 2224, California con 866, Georgia con 555 e Indiana con 487, lo que refleja la dispersión geográfica de una comunidad marcada por la precariedad legal. Pese al incremento de arrestos y a la utilización de Guantánamo como eslabón de detención, la Administración de Donald Trump se ampara en la narrativa de los “inmigrantes peligrosos”, desmentida por la baja proporción de delitos graves entre los deportados. El Gobierno de Daniel Ortega, por su parte, ha limitado sus declaraciones a reconocer algunos vuelos y proclamar una política de “brazos abiertos”, mientras mantiene el silencio sobre la vigilancia interna y no ofrece garantías de protección a los retornados. La combinación de endurecimiento en Estados Unidos y control político en Nicaragua anticipa nuevas rondas de violaciones de derechos humanos para quienes intenten migrar o regresen forzados, a la espera de que futuras investigaciones internacionales y litigios estratégicos obliguen a modificar estas prácticas.