De las listas negras de Washington a un cerco financiero hemisférico
Los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago ratificaron una declaración conjunta que transforma un esquema unilateral en un bloque coordinado de sanciones. Según el documento oficial, los 15 Estados replicarán en sus propios marcos jurídicos las prohibiciones financieras y las restricciones de visado que Estados Unidos ya aplicaba a estas 24 estructuras del crimen transnacional, con el objetivo de cerrar los refugios bancarios y empresariales fuera del territorio norteamericano. Hasta ahora, dichas organizaciones estaban incluidas en listas del Departamento del Tesoro de Washington, pero solo sufrían consecuencias directas en el sistema estadounidense, lo que les dejaba márgenes para mover capitales y operadores en otras jurisdicciones del continente.
Las 24 estructuras señaladas y el peso de la etiqueta narcoterrorista
El acuerdo incorpora por nombre a 24 grupos criminales, entre ellos el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo de México; la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18, con origen en El Salvador; el Tren de Aragua de Venezuela; el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central en Colombia; así como el Clan del Golfo/Autodefensas Gaitanistas de Colombia. La lista incluye además al Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho de Brasil, Sendero Luminoso de Perú, diversos clanes ecuatorianos como Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones, los Latin Kings con presencia regional, el conglomerado haitiano G9 en Famille et Alliés y el Clan del Único desde Paraguay. Para la coalición, estas organizaciones tienen en algunos contextos capacidades operativas equiparables a las de instituciones estatales, lo que justifica la calificación de narcoterroristas y la adopción de herramientas financieras propias de la lucha contra el terrorismo internacional.
Marco Rubio y la lógica de una soberanía asediada por el crimen
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, defendió la iniciativa argumentando que se trata de grupos que “no reconocen fronteras” ni colaboran con las autoridades, lo que a su juicio erosiona la soberanía de los Estados americanos. La propuesta, enmarcada en la plataforma de cooperación regional Escudo de las Américas, pretende que cada país firmante aplique de manera sincronizada el congelamiento de cuentas, la inmovilización de bienes y la revocación o denegación de visas y permisos migratorios. Con ello, se busca que los cabecillas y financistas de estas redes no puedan resguardarse solo con cambiar de país, y que cualquier intento de relocalizar sus estructuras financieras o logísticas tropiece con restricciones similares en las 15 jurisdicciones. Más allá del impacto inmediato, la medida consolida el liderazgo normativo de Estados Unidos en materia de sanciones y traslada el centro de gravedad de la política antidrogas hacia un modelo de castigo económico compartido.
El regreso del TIAR y los dilemas de una respuesta militarizada
Para sustentar jurídicamente el intercambio de información y la persecución de activos, los países anunciaron que solicitarán al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) de 1947. Este tratado, concebido originalmente como un mecanismo de defensa colectiva frente a agresiones estatales, se intenta ahora reorientar hacia la lucha contra organizaciones criminales catalogadas como narcoterroristas. El movimiento abre un debate de fondo: vincular un instrumento de seguridad hemisférica de la posguerra con estructuras delictivas no estatales podría ampliar las obligaciones de coordinación, pero también reforzar una respuesta fuertemente securitizada frente a fenómenos que tienen raíces sociales, económicas y políticas profundas. Si el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos acepta la activación, los Estados firmantes quedarán políticamente comprometidos a sostener las sanciones y compartir inteligencia de manera más estrecha, algo que pondrá a prueba sus sistemas bancarios, sus legislaciones internas y su capacidad real de supervisar flujos ilícitos.
Impacto regional y próximos pasos en la lucha contra el crimen transnacional
La alianza Escudo de las Américas se presenta como un intento de construir un frente hemisférico frente al crimen organizado, especialmente en América Latina y el Caribe, regiones donde muchas de estas estructuras han consolidado poder territorial y financiero. Sin embargo, el éxito de la iniciativa dependerá de que los 15 países conviertan la declaración política en reformas legales y controles efectivos en sus sistemas financieros y migratorios, evitando que el acuerdo quede reducido a un gesto simbólico en la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Los próximos meses serán clave para observar si los parlamentos nacionales aprueban los cambios normativos necesarios, si las unidades de inteligencia financiera logran coordinarse sin filtraciones y si el uso del TIAR de 1947 se limita a la dimensión financiera o se expande hacia otras formas de cooperación coercitiva. De ello dependerá que el cerco anunciado contra estas 24 organizaciones criminales se traduzca en un debilitamiento real de sus redes o en un nuevo reacomodo de sus operaciones hacia países que no forman parte del acuerdo.