Derrota parlamentaria y fractura en los apoyos al Gobierno de España
El revés llegó sin sorpresas, pero con un fuerte impacto político. Los decretos de vivienda, aprobados esta misma semana por el Gobierno de España como reales decretos-ley, solo lograron el apoyo firme de PSOE y Sumar, mientras que Partido Popular y Vox ratificaron su rechazo. La clave estuvo en Junts per Catalunya, que se alineó con la oposición y dejó al Ejecutivo sin la mayoría necesaria, después de exigir la redacción de un nuevo texto basado en una propuesta propia. Uno de los decretos incluía la limitación de subidas de alquiler, la prohibición de desahucios hasta 2030, la regulación del alquiler de temporada, restricciones a la compra especulativa por fondos de inversión considerados “fondos buitre” y prórrogas de contratos, además de incentivos para bajar rentas; el segundo se limitaba a la renovación automática de contratos de alquiler. Varios medios españoles apuntan que este fracaso legislativo podría empujar a Pedro Sánchez a valorar un adelanto electoral, aunque el presidente no aludió a esa posibilidad en su intervención.
Protestas en la calle y tensión dentro del Congreso de los Diputados de España
Mientras el debate avanzaba, miles de personas se concentraron en Madrid frente al Congreso de los Diputados de España convocadas por el Sindicato de Inquilinas, que defendía los decretos como un “avance en el derecho a la vida” aunque los consideraba una medida de mínimos. La protesta se sumó a la acampada iniciada el 26 de septiembre en la Puerta del Sol tras el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, un caso que expuso la dureza de la crisis de vivienda. Tras las votaciones fallidas, parte del público en la bancada del hemiciclo estalló en gritos de “los fondos buitres gobiernan el Congreso”, reflejando la desconfianza hacia la capacidad del Parlamento de España para frenar los desahucios y la especulación. Desde la tribuna, Pedro Sánchez había pedido a los diputados que “pensaran en la gente de a pie” y admitió que los decretos no resolvían la crisis habitacional, aunque, a su juicio, contribuían a mitigarla.
Críticas cruzadas: del Sindicato de Inquilinas a la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler
Las medidas generaron críticas desde casi todos los frentes. El Sindicato de Inquilinas denunció que, al tumbar los decretos, el Parlamento de España demostraba ser “puramente rentista” y priorizar la especulación por encima de la vida, insistiendo en que incluso este paquete era insuficiente ante la magnitud del problema. En el extremo opuesto, la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) sostuvo que los textos vulneraban la seguridad jurídica, el derecho de propiedad, la libertad de empresa y el principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos. Junts per Catalunya, decisivo en el resultado, acusó al Gobierno de haber ejercido un “chantaje ideológico de los extremos” y afirmó, en palabras de su portavoz Miriam Nogueras, que los decretos no impedían que “los especuladores sigan especulando” ni frenaban los desahucios. Desde Partido Popular, Juan Bravo aseguró que el Ejecutivo pretendía “cargarse” el mercado, al insistir en que el problema de fondo es el déficit de construcción de nuevas viviendas, mientras que Vox alertó de una retirada “significativa” de oferta de alquiler si las medidas entraban en vigor.
Un mercado tensionado: datos que explican la crisis de vivienda en España
Más allá de la batalla política, los datos muestran un mercado extremadamente tensionado. A pesar de la existencia de miles de viviendas vacías, gran parte de ellas no se encuentra en los núcleos urbanos más demandados, como Madrid o Barcelona, y se estima un déficit de alrededor de 750 000 viviendas en las zonas donde más se necesitan. El Instituto Nacional de Estadística registró en el segundo trimestre de 2026 una subida de más del 12 % en los precios de la vivienda respecto al mismo periodo de 2025, tanto en obra nueva como en segunda mano, mientras que los alquileres aumentaron un 4,2 % en ese mismo trimestre. Al mismo tiempo, la vivienda pública apenas representa un 2 % del parque inmobiliario en España, muy lejos del 7 % de media en la Unión Europea, lo que reduce la capacidad del Estado para ofrecer alternativas asequibles. El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, advirtió esta semana que los decretos del Gobierno de España podían provocar efectos negativos en un mercado ya muy tensionado, lo que sumó una voz técnica crítica al debate parlamentario.
Escenario abierto para Pedro Sánchez y el Parlamento de España
La caída de los decretos deja al Gobierno de España sin su principal respuesta inmediata a la presión de la calle y amplifica las dudas sobre la estabilidad de sus apoyos en el Parlamento de España. PSOE y Sumar defendían los textos como un paso urgente mientras se preparaban reformas de mayor calado, pero el rechazo de Junts per Catalunya, sumado al voto en contra de Partido Popular y Vox, obliga ahora a la Moncloa a decidir si intenta negociar un nuevo texto, cede terreno a las exigencias de los socios o asume el coste de mantener el statu quo del mercado. Con la crisis de vivienda agravada por el alza de precios, la escasez de vivienda pública y el aumento de desahucios, la respuesta institucional que salga del Congreso de los Diputados de España en las próximas semanas será crucial para determinar si se abre un nuevo ciclo legislativo pactado o si España se encamina hacia un adelanto electoral y una campaña marcada por el conflicto en torno al derecho a la vivienda.