Contratos congelados, deuda millonaria y silencio oficial
La red nacional de unas 100 organizaciones que ofrece servicios legales a menores no acompañados o en custodia migratoria depende en gran medida de esos fondos federales. Según Shaina Aber, directora ejecutiva de Acacia Center for Justice, el Gobierno no ha explicado qué ocurrirá con los 20 000 niños que hoy cuentan con representación bajo ese contrato ni ha detallado un plan de transición. Desde noviembre de 2025, el Departamento de Salud y Servicios Humanos mantiene retenidos más de 65 millones de dólares previamente autorizados por congresistas de ambos partidos, lo que ha obligado a muchas ONG a recortar o cerrar programas. Algunas, como Estrella del Paso en Texas, han dejado de aceptar nuevos casos y sobreviven gastando reservas internas, mientras arrastran deudas cercanas al millón de dólares con el Gobierno federal.
Niños solos ante jueces, interrogatorios y amenazas veladas
A diferencia de las cortes penales, las cortes de inmigración en Estados Unidos no garantizan abogado gratuito, ni siquiera a los menores. En ese vacío, las organizaciones advierten que se está rompiendo el debido proceso. Alexa Sendukas, abogada del Proyecto de Representación al Inmigrante Galveston-Houston, describe interrogatorios prolongados a niños en custodia federal en los que funcionarios les dicen que permanecerán detenidos, que sus familiares podrían ser arrestados y que “no tienen derecho” a pedir asilo. Para Sendukas, estos métodos son “coercitivos y traumatizantes” y llevan a muchos menores a desistir y aceptar regresar a países donde temen por su seguridad, pese a que la ley les reconoce derechos de protección.
Cartas prohibidas y multas de 5 000 dólares contra menores
Las presiones sobre los niños no se limitan a los interrogatorios. Marie Silver, abogada principal del Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante, relató ante una corte que encontró en el archivo de un menor una carta oficial ofreciendo la salida “voluntaria” del país en 72 horas. El documento prometía que, si regresaba a su país, “todavía tendrá la oportunidad de solicitar una visa en el futuro”, pero advertía que pedir una audiencia o expresar miedo a volver implicaría una custodia federal prolongada y el riesgo de detención y deportación para sus padres o guardianes. Un juez federal prohibió expresamente el uso de esa carta en abril de 2026, al considerarla incompatible con las garantías del proceso migratorio. Paralelamente, abogados en Michigan, Nueva York y Texas han documentado que la Patrulla Fronteriza ha impuesto a menores no acompañados multas de 5 000 dólares por entrar por puntos no autorizados o no tener estatus legal, amparada en una mega ley tributaria firmada por Donald Trump en julio de 2025. Según Sendukas, la mayoría de los niños ni siquiera sabe que esa sanción figura en su expediente y casi todas las apelaciones han sido rechazadas.
Detenciones prolongadas y salud mental en caída libre
El impacto del recorte se agrava por la extensión de las detenciones. La Oficina de Reasentamiento de Refugiados registró 22 833 menores no acompañados remitidos por el Departamento de Seguridad Nacional en el año fiscal 2025, con una estancia promedio en custodia federal de 117 días, más del triple que el año anterior. Abogadas como Sendukas y Aber aseguran haber tenido que presentar recursos de habeas corpus para liberar a niños que llevaban más de 300 e incluso 500 días retenidos en albergues de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, cuando en etapas previas —incluido el primer Gobierno de Trump— el promedio no superaba los 70 días. Durante esas estancias prolongadas, los menores pasan de un optimismo inicial a cuadros de ansiedad, depresión y pérdida total de esperanza, hasta el punto de plantearse abandonar sus casos con tal de salir de custodia, lo que afecta directamente su derecho a solicitar asilo o estatus de protección juvenil.
Red de defensa al límite y aceleración de deportaciones
La presión económica sobre las organizaciones coincide con un endurecimiento de las políticas migratorias. El Gobierno de Estados Unidos ha acelerado entrevistas de asilo justo cuando los fondos federales se agotan: en solo dos semanas, las autoridades fijaron 35 entrevistas para menores representados por el Proyecto de Representación al Inmigrante Galveston-Houston, condensando casi tres años de expedientes. GHIRP y otras ONG intentan mantener la representación con recursos privados, pero Sendukas subraya que es prácticamente imposible encontrar donantes que cubran déficits superiores al millón de dólares. En paralelo, se multiplican las detenciones de adolescentes que ya vivían en el país y no son clasificados como “menores no acompañados”; muchos son sacados de escuelas o trabajos informales y enviados a instalaciones de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, obligando a padres biológicos o tutores a repetir trámites, presentar pruebas de ADN y superar nuevos controles de antecedentes para recuperar la custodia. Según Sendukas, se trata de “un esfuerzo muy coordinado, involucrando a múltiples agencias, para privar a estos niños del acceso a un abogado pro bono” y empujarlos hacia la maquinaria de deportación.
Un derecho en disputa a falta de respuesta del Gobierno
Ni el Departamento de Salud y Servicios Humanos ni la Oficina de Reasentamiento de Refugiados han respondido a cómo piensan garantizar asistencia legal una vez que terminen los contratos actuales, pese a que los litigios por los 65 millones retenidos siguen abiertos en las cortes federales. Mientras llega una decisión judicial, organizaciones como Acacia Center for Justice, Estrella del Paso y el Proyecto de Representación al Inmigrante Galveston-Houston trabajan semana a semana, recortando personal especializado que tardaron dos décadas en formar. Los defensores advierten que, si no se restablece el financiamiento o se crea una obligación legal de proveer abogados a los menores en procesos migratorios, Estados Unidos consolidará un sistema en el que niños que huyen de abusos, tráfico o abandono deberán defenderse solos ante jueces y agentes, con un desenlace altamente probable: órdenes de deportación difíciles de revertir en el futuro.