Un vuelo a África para quienes tenían protección contra la tortura
Kenis López, nicaragüense de 45 años, fue detenido en enero frente a su casa en Mineápolis, en el estado de Minnesota, por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, pese a mostrarles su permiso de trabajo y una resolución del Tribunal de Inmigración Fort Snelling de Minnesota fechada el 13 de agosto de 2024. Ese fallo le otorgaba la llamada retención de remoción y protección bajo la Convención contra la Tortura (CAT), que impide el retorno a un país donde exista una probabilidad alta de tortura. Aun así, tras siete meses en centros de detención en Texas y Luisiana, fue subido esposado a un vuelo de deportación en Dallas el 28 de agosto. Según su relato y el de otros deportados, en el autobús hacia la pista se negó a bajar al desconocer el destino y rogó no ser enviado a África. Afirma que un agente de ICE ordenó disparar balas de goma a corta distancia; las marcas visibles en su cuerpo y en el de otros tres migrantes fueron consideradas compatibles con proyectiles de bajo impacto letal por expertos de Physicians for Human Rights y de Omega Research Foundation. El Departamento de Seguridad Nacional niega cualquier abuso y sostiene que “no se está golpeando ni abusando de ningún detenido”.
De Nicaragua a un país en guerra civil sin vínculos previos
López, junto a otros nicaragüenses como Isaac Cruz y Luis Mendoza, fue finalmente informado en el avión de que su destino era República Centroafricana, país con 5,5 millones de habitantes, riqueza en diamantes, oro, petróleo y uranio, pero con una población de la que el 71,6 % vive con US$3 o menos al día, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Mundial. La nación, sumida en crisis desde su independencia de Francia en 1960, arrastra una guerra civil abierta desde 2013 y un promedio de solo 3,9 años de escolaridad. Pese a ello, el Departamento de Seguridad Nacional insiste en que los deportados han sido trasladados a “un tercer país seguro” y que “estamos aplicando la ley tal como está escrita”. De acuerdo con Human Rights First, al menos tres vuelos con unas 92 personas han aterrizado en Bangui desde junio bajo acuerdos que el gobierno de Estados Unidos no ha divulgado públicamente, pero cuya existencia ha sido confirmada por altos funcionarios citados por varias agencias de noticias.
La paradoja de la protección: limbo entre Nicaragua y Bangui
El caso de Kenis López ilustra la paradoja legal generada por estos acuerdos. Un tribunal estadounidense determinó que no podía ser devuelto a Nicaragua por el riesgo a su vida y libertad ante las violaciones de derechos humanos denunciadas por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU, que ha documentado desapariciones forzadas y muertes bajo custodia desde 2018, atribuidas al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sin embargo, el mismo Estado que reconoce ese peligro lo envía ahora a República Centroafricana, país en conflicto armado, con una esperanza de vida de apenas 58 años y graves carencias sanitarias. López describe que en Bangui vive con temor a la malaria, el cólera y la fiebre amarilla y afirma que fue tratado “como cualquier animal” durante la expulsión. Organizaciones como Human Rights First y Refugees International advierten que más de 330 personas han sido enviadas a países africanos, incluidos Liberia, Esuatini, República Democrática del Congo y Guinea Ecuatorial, quedando en un limbo migratorio sin redes de apoyo ni estatus claro.
La gran maquinaria de deportación de la administración Trump
La administración de Donald Trump, que prometió ejecutar “la mayor deportación de la historia” de Estados Unidos, defiende que la expulsión a terceros países es el único modo de cumplir simultáneamente con las órdenes finales de deportación y con la prohibición de devolver a personas a los Estados donde enfrentan persecución. De acuerdo con Human Rights First y Refugees International, desde enero de 2025 se han cerrado acuerdos de este tipo con más de 35 países, aunque no todos han sido anunciados. Casi 20 000 personas habrían sido enviadas a México, más de 2 700 a países de América Latina y el Caribe y al menos 330 a naciones africanas. Resoluciones judiciales inferiores habían exigido dar a los afectados oportunidad de impugnar el destino, pero la Corte Suprema permitió que el gobierno siga aplicando deportaciones expeditas mientras se analiza la legalidad de la política. Las organizaciones de derechos humanos consideran que estos acuerdos, calificados de opacos, convierten a los Estados receptores en colaboradores de posibles violaciones del derecho internacional de los refugiados. El futuro de Kenis López, Isaac Cruz y Luis Mendoza dependerá ahora de que tribunales y organismos internacionales definan si enviar a personas protegidas por la Convención contra la Tortura (CAT) a un país en guerra cumple o no con los estándares de derechos humanos que Estados Unidos afirma respetar.