Un operativo que destapó un patrón de abuso
El rescate se produjo hace pocos días en la localidad de Espejo, en la cuenca del río Tigre, durante un operativo en el que intervinieron el Ejército de Ecuador y la Fiscalía ecuatoriana, tras una investigación que se extendió por dos meses y que seguía la pista de al menos otros dos casos de tráfico de menores en la frontera con Perú. El hombre de 50 años fue detenido en el lugar y, de acuerdo con la versión oficial, es investigado por el delito de tráfico humano para matrimonio servil, una figura que describe la captación o entrega de una mujer, muchas veces menor de edad, para casarse o convivir en condiciones de sometimiento. La propia Fiscalía ecuatoriana señala que la menor declaró haber sido víctima de “tocamiento en sus zonas íntimas”, lo que sugiere indicios de violencia sexual además de la explotación matrimonial, aunque las responsabilidades penales deberán dirimirse en tribunales y el acusado mantiene la presunción de inocencia.
Un crimen individual dentro de una crisis regional
El caso de Pastaza no es un hecho aislado, sino la expresión extrema de un problema que organizaciones como Unicef y la iniciativa Girls Not Brides describen como estructural. Aunque África subsahariana registra un porcentaje mayor de matrimonios infantiles (cuatro de cada diez niñas), en las últimas décadas ha logrado reducir sus cifras, mientras que América Latina es la única región donde no se observa una disminución significativa. La vocera de Girls Not Brides para América Latina y el Caribe, Alma Burciaga González, explica que “una de las principales razones por la que esto ocurre es que, debido a la pobreza, el acceso limitado a la educación y las pocas oportunidades económicas, así como por la exposición a la violencia, muchas niñas buscan seguridad, estabilidad económica o una mayor autonomía en sus uniones”. Pero advierte que estas decisiones “suelen estar condicionadas por circunstancias desiguales y restrictivas” y que la unión temprana, aun cuando no pase por el registro civil, “puede acarrear muchas de las mismas consecuencias que el matrimonio formal para las niñas, como la interrupción de la educación, el embarazo precoz, una mayor exposición a la violencia de género y la reducción de las oportunidades para desarrollar su potencial”.
Leyes que avanzan, realidades que se resisten
Los Estados latinoamericanos han reaccionado tarde y de manera desigual. Nicaragua prohibió el matrimonio de menores de 18 años en 2014, El Salvador lo hizo en 2017, y en 2019 el Estado mexicano aprobó una prohibición total del matrimonio o convivencia con menores de 18 años. Medidas similares llegaron aún después: en Perú la regulación se adoptó en 2023 y en Colombia y Bolivia se consolidó en 2025. Sin embargo, las estadísticas muestran que el cambio normativo no basta. Un informe de Unicef de 2025 identifica a República Dominicana, Nicaragua y Honduras como los países con mayor prevalencia de matrimonios infantiles o uniones tempranas: en el caso dominicano, más de 35 % de las mujeres mayores de 20 años se casó o entró en unión permanente antes de los 18. En México, la titular del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de México (Sipinna), Lorena Villavicencio, admite que la reforma de 2019 tuvo un efecto ambivalente: se redujeron los enlaces formales con niñas, pero aumentaron las uniones de hecho. “No hemos resuelto los problemas estructurales que permiten las uniones tempranas en nuestro territorio, por eso siguen ocurriendo”, afirma, y detalla que solo en el último año se registraron cerca de 9 000 uniones tempranas en el país.
Pobreza, desigualdad y tradiciones: el caldo de cultivo
Los diagnósticos de Sipinna, Unicef y Girls Not Brides coinciden en el mismo núcleo: la pobreza y la inequidad de género. Unicef subraya que “es más probable que la mayoría de las niñas-esposas involucradas en estas situaciones vivan en situaciones de pobreza e inequidad económica”. En República Dominicana, por ejemplo, una niña rural y sin estabilidad económica tiene cuatro veces más probabilidades de terminar en una unión temprana que una niña con educación y apoyo económico. A esta dimensión material se suma una lectura distorsionada de la masculinidad y del rol femenino: “Hay un problema de cómo se ve la masculinidad, de cómo se ven las mujeres y las niñas que hace que una relación de este tipo, con serias diferencias de edad, pueda verse como permitida o posible”, alerta Villavicencio. La funcionaria recuerda que en muchas regiones “todavía estamos viviendo esa herencia de que casarse con una niña de 10 años es algo normal. Que es cultural. Y eso no es así”. Entre los factores que sostienen estas prácticas se encuentran también algunos usos y costumbres en territorios indígenas, donde “se ve con normalidad que las niñas se puedan casar a partir de la primera menstruación, más o menos a los 11 años”. Para Villavicencio, “algunas veces, por respetar tradiciones, podríamos estar condenando a las niñas a vivir en un círculo de pobreza y desigualdad”.
Consecuencias para toda una generación y caminos posibles
El impacto de estas uniones va más allá del ciclo vital de cada niña: compromete el desarrollo de comunidades enteras. Unicef relaciona directamente el matrimonio infantil con una mayor prevalencia de embarazos adolescentes, abandono escolar y exposición temprana a violencia intrafamiliar y abuso sexual, como sugiere el testimonio de la menor rescatada en Ecuador al denunciar “tocamiento en sus zonas íntimas”. Frente a este panorama, Alma Burciaga González sostiene que “no es una solución” limitarse a prohibir por ley y que “debe haber muchos caminos a tomar que solucionen la profunda raiz del problema, que es básicamente una desigualdad de género que está presente en toda la región”. Una de las apuestas centrales de Unicef es ofrecer más alternativas reales a las niñas que no pasen por el matrimonio: en República Dominicana se han creado clubes de niñas y campamentos nacionales de liderazgo juvenil para fomentar el empoderamiento, el desarrollo de habilidades y las redes de apoyo. Para Lorena Villavicencio, “no hay una sola solución. Son muchas causas, interconectadas. Pero creemos que mantener a las niñas en el sistema escolar les permitirá tener opciones” y por eso insiste en que “debemos hacer un esfuerzo económico para que las niñas vayan a las escuelas e incluso puedan llegar a la universidad”. Tras el operativo en Pastaza, los gobiernos de Ecuador y Perú anunciaron que reforzarán la vigilancia fronteriza para prevenir el tráfico de menores con fines de matrimonio, pero organizaciones especializadas recuerdan que la respuesta también debe incluir a las niñas que ya están casadas o en uniones tempranas, si se quiere evitar que la historia de la niña de 10 años siga repitiéndose en silencio a lo largo de América Latina.