De la declaración de guerra a la estética del bukelismo
El 9 de enero de 2024, el presidente Daniel Noboa declaró la existencia de un conflicto armado interno y ordenó a las Fuerzas Armadas neutralizar a 22 grupos del crimen organizado. A partir de entonces se aceleró la militarización de la seguridad pública, se extendieron los estados de excepción y se construyó una megacárcel, la llamada cárcel del Encuentro, presentada como una versión ecuatoriana del Cecot salvadoreño. Según el investigador Luis Córdova, del Observatorio Ecuatoriano de Conflictos de la Universidad Central del Ecuador, esa cárcel reproduce sobre todo una “estética del bukelismo”: imágenes de presos hacinados y humillados que buscan mostrar al poder punitivo como eficaz, aunque la infraestructura dista mucho del Cecot, diseñado para 20 000 o 30 000 internos, frente a las 740 plazas de la prisión ecuatoriana. Para Córdova, este despliegue simbólico permite a Noboa proyectarse como el líder que “no tiene miedo a enfrentar a los malos”, pero no se ha traducido en un control efectivo del crimen organizado, como demuestra el récord de homicidios de 2025.
Un crimen transnacional más complejo que las maras
Expertos consultados subrayan que copiar el modelo salvadoreño en Ecuador ignora diferencias estructurales. La investigadora Karen Sichel, de la Universidad de Cambridge, sostiene que las pandillas de El Salvador tienen una naturaleza distinta al crimen transnacional que opera en el nodo ecuatoriano de la cocaína, con “financiamiento infinito”. El propio Noboa admitió que “es una guerra, un conflicto en el cual peleamos contra mafias que mueven decenas de miles de millones de dólares al año”. A ello se suma la geografía: El Salvador es unas 13 veces más pequeño que Ecuador, que combina Sierra, Costa, Amazonía y región Insular, con zonas de difícil acceso y fronteras porosas aprovechadas por redes ilícitas. De acuerdo con el proyecto ACLED –Armed Conflict Location & Event Data Project–, cuando Noboa asumió su segundo mandato en mayo de 2025 ya no enfrentaba solo a los 22 grupos que él mismo había declarado enemigos, sino a una constelación aún más amplia, fragmentada y volátil. ACLED calcula que el crimen organizado se ha expandido a más de 150 de los 222 cantones del país y que cerca del 80 % de la violencia se concentra en las provincias costeras, claves como puntos de tránsito de cocaína, mientras las organizaciones se diversifican hacia minería ilegal, tráfico de personas y armas, lavado de activos y extorsión.
Economía ilícita, lavado de activos y complicidades profesionales
El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado describe el lavado de activos como “el motor estratégico” que mantiene y legitima los distintos mercados ilegales en Ecuador. Su líder técnico, Byron Villagómez, explica que el crimen organizado se adapta para aprovechar los resquicios de la legalidad, invertiendo en sectores formales como el mercado automotriz –con énfasis en patios de autos usados–, bienes inmuebles, agricultura y pesca. Este acople entre economía lícita e ilícita se sostiene en lo que organismos internacionales denominan facilitadores profesionales: abogados que constituyen empresas de fachada, notarios que las registran, contadores, intermediarios inmobiliarios y otros asesores. Karen Sichel apunta que quienes apuntalan al narcotráfico no son solo miembros visibles de bandas como Los Lobos o Los Choneros, sino “personas educadas, profesionales que fueron compañeros de tu universidad, que están haciendo dinero”. La desaceleración económica desde 2023 y el deterioro de las condiciones sociales favorecen, según los expertos, la expansión de estas redes: la economía ilícita sustituye empleos formales, mientras la corrupción transversal señalada por el exdirector de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Roberto Andrade, permite que los mercados ilegales florezcan a pesar de algunos avances recientes en prevención del lavado.
Armas, seguridad privatizada y el dilema del desarme
La magnitud de la violencia homicida también se expresa en el uso de armas. El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, con datos del Ministerio del Interior, reporta que entre 2020 y junio de 2025 se registraron 29 305 homicidios intencionales, el 83,4 % cometidos con arma de fuego. La docente e investigadora Carla Álvarez, del Instituto de Altos Estudios Nacionales, recuerda que Ecuador tuvo durante años una de las políticas de control de armas más restrictivas de la región, hasta que el gobierno de Guillermo Lasso autorizó en abril de 2023 el porte y la importación de armas y la colaboración de guardias privados armados con la policía. Para Álvarez, se instaló una lógica de seguridad privatizada que se ha profundizado bajo Noboa: la protección se concibe como un privilegio para quien puede pagar armas o custodia, no como un derecho público garantizado por el Estado. La flexibilización regulatoria abrió grietas para el desvío de armamento hacia el mercado ilegal, incluso mediante empresas de seguridad privada que habrían pasado a manos de cabecillas criminales. Al mismo tiempo, el gobierno siguió la senda de Bukele al reutilizar armas y bienes incautados a grupos delictivos, una medida que Álvarez considera “antitécnica” porque obstaculiza la homogeneización del armamento de las fuerzas de seguridad, aunque sea vendida como gesto político de dureza: armarse con las propias herramientas de los “malditos”.
Militarización sin instituciones y tensiones con derechos humanos
A pesar de que el Ejecutivo insiste en que “no pacta con el crimen” y asegura tener el control del territorio, de las cárceles y de las fronteras, las cifras de 2025 y la expansión de las bandas muestran que la militarización por sí sola no ha revertido la violencia. Karen Sichel advierte que el gobierno trata al crimen organizado solo como un enemigo a eliminar, sin reconocer que su arraigo depende de una sociedad que colabora con redes ilícitas y de instituciones judiciales débiles. “Es importante tener militares, por supuesto, pero mientras no se construyan instituciones, en particular en lo judicial, difícilmente vamos a avanzar porque no es un problema solamente del gobierno, es un problema de la sociedad”, resume. En paralelo, la estrategia de Noboa ha tensionado la relación con la Corte Constitucional, que cuestionó la figura de conflicto armado interno, y con periodistas y defensores de derechos humanos, que denuncian estigmatización oficial. El presidente de la CDH en Guayaquil, Billy Navarrete, sostiene que el trabajo de quienes documentan abusos y violaciones de derechos se ha vuelto más riesgoso, mientras casos como el de la activista Mónica Silva Koniuszek exponen la vulnerabilidad de quienes se enfrentan a intereses criminales. Ante un mapa delictivo atomizado, una economía permeada por el lavado y un Estado que prioriza la guerra simbólica sobre la reforma institucional, el desafío para Ecuador será superar la lógica de excepción permanente y construir una política de seguridad que no dependa solo de cárceles icónicas y despliegues militares, sino de la reconstrucción paciente de su tejido judicial, económico y social.