Un cubano con 28 años firmando ante ICE termina en la frontera sur de México
Lázaro Romero León llegó a Estados Unidos en los años 90, se instaló en Puerto Rico tras pasar por Miami, Tennessee y Los Ángeles, y vivió casi tres décadas bajo una orden de supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Según su propio relato, llevaba 28 años presentándose sin fallar una sola cita cuando, el 20 de mayo de 2025, seis agentes lo arrestaron frente a su casa en Aguadilla. Sobre él pesaba una orden de expulsión dictada en 2002 pero nunca ejecutada, en parte porque no existían acuerdos de deportación efectivos con Cuba. Como a decenas de miles de cubanos en situación similar, se le había permitido seguir con su vida en territorio estadounidense. Todo cambió con el endurecimiento de las políticas migratorias durante el segundo mandato de Donald Trump, que convirtió a los cubanos en uno de los blancos de nuevas operaciones masivas de ICE.
Condiciones penales, orden judicial y un "aparente error de comunicación"
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) define a Romero León como un "inmigrante ilegal criminal con un historial delictivo extenso". Los expedientes oficiales recogen condenas en 1997 por agresión física a la cónyuge, en 2000 por intentar transportar marihuana para su venta y en 2001 por falsificar una licencia de conducir y presentar información falsa. "Ya pagué", afirma él sobre esos hechos de hace más de 25 años. ICE intentó primero deportarlo a Cuba y en junio de 2025 solicitó documentos a las autoridades de la isla, gestión que aún no se había concretado meses después. En diciembre, Romero León recurrió a un hábeas corpus ante un tribunal federal, argumentando que era poco probable que Cuba lo aceptara. El juez Hernán Diego Vera, del Distrito Central de California, emitió una orden inequívoca: se prohibía trasladar al peticionario fuera de Estados Unidos a México mientras se resolviera el caso. Sin embargo, el 16 de febrero de 2026, y tras lo que el propio gobierno calificó más tarde como un "aparente error de comunicación", ICE lo condujo a la frontera y lo envió al sur de México, en abierta contradicción con la decisión judicial.
De los centros del ICE a vivir en la calle en Tapachula
Antes de ser expulsado a México, Romero León pasó por dos centros de detención: el de Adelanto, en California, y el de Florence, en Arizona. Después de su deportación, quedó indocumentado en el sur de México y fue interceptado por agentes migratorios mexicanos, llevado a una estación migratoria y, finalmente, abandonado en la frontera con Guatemala. Terminó en Tapachula, en el estado de Chiapas, viviendo en la calle, con la misma ropa con la que había sido deportado y alimentándose de comida donada. Según su testimonio, vio a "muchos otros" cubanos mayores, incluso abuelos, enfermos y sin dinero ni papeles, condenados a la indigencia. Human Rights Watch entrevistó a más de 50 personas en Tapachula y Villahermosa y documentó un patrón: con excepción de una, todas las personas cubanas interrogadas dijeron haber tenido residencia permanente previa en Estados Unidos, y la mayoría reconoció haberla perdido tras una condena, muchas veces por delitos menores como conducción bajo los efectos del alcohol, falsificación de documentos o cargos vinculados a drogas.
Trump, acuerdos con terceros países y un "acuerdo no escrito" con México
El caso de Romero León se inscribe en un giro estructural de la política migratoria. Desde que Donald Trump asumió su segundo mandato en enero de 2025, su administración ordenó operaciones antiinmigración masivas y amplió tanto las vías de expulsión como los convenios con países dispuestos a recibir deportados de otras nacionalidades. Camerún, Ecuador, El Salvador, Esuatini, Ghana, Honduras y Panamá figuran entre los terceros países con acuerdos públicos. Costa Rica se sumó más recientemente. Con México no existe un contrato público de este tipo y la presidenta Claudia Sheinbaum ha descartado firmarlo, pero la práctica muestra otra realidad: solo hasta diciembre, México había recibido 11.886 extranjeros, según la propia mandataria. Un fallo del juez federal William G. Young indicó que el DHS le informó de un "acuerdo no escrito" mediante el cual Estados Unidos habría deportado a 6.000 cubanos a México en el último año. El informe de Human Rights Watch sitúa el total de extranjeros enviados por Washington a México en casi 13.000 en poco más de un año, con los cubanos como el grupo más numeroso.
Sin servicios, permisos de 10 días y un regreso a EE.UU. a la cuarta tentativa
De acuerdo con Human Rights Watch, el gobierno mexicano no garantiza servicios a las personas deportadas de otros países y las empuja a un sistema de asilo complejo. Antes de ser liberados, funcionarios migratorios informan a los deportados de que tienen permisos limitados —en la mayoría de los casos, por 10 días— y los instan a iniciar trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). Mientras tanto, deben permanecer en el estado donde solicitaron refugio. El Instituto Nacional de Migración remitió las consultas de cifras a la Unidad de Política Migratoria y se negó a detallar cuántos deportados han pedido asilo o lo han obtenido. En ese vacío institucional, Romero León intentó regresar a la frontera estadounidense en varias ocasiones. Primero, ICE intentó que volara a Tijuana, algo inviable con una simple copia de su carné de Puerto Rico y un certificado de nacimiento cubano. Luego, su abogada Margaret Farrand costeó un billete de autobús para el 11 de abril, pero él fue detenido en un retén antes de llegar a Tuxtla Gutiérrez y devuelto a la estación migratoria de Tapachula, desde donde lo dejaron otra vez en la frontera con Guatemala. Un tercer intento repitió el mismo patrón: detención y regreso a la calle. Solo el 8 de mayo, con un salvoconducto y coordinación formal entre autoridades de ambos países, pudo subir a un avión rumbo a Tijuana, completando a la cuarta tentativa un retorno que Estados Unidos estaba obligado por un juez a garantizar desde el inicio.