Una cumbre blindada para exhibir la alianza Trump‑Milei
La Conferencia Internacional para el Control de Drogas, considerada por sus organizadores como el mayor foro mundial contra el narcotráfico, se desarrolla durante tres días a puertas cerradas en Buenos Aires, con delegaciones de 110 países y sin acceso para la prensa. La elección de Argentina como sede es presentada por el Gobierno de Estados Unidos como un reconocimiento a la “alianza estratégica” en seguridad forjada entre el presidente Donald Trump y el presidente Javier Milei, que en los últimos meses han firmado un convenio de cooperación militar bilateral por cinco años y acordado el patrullaje conjunto del Atlántico Sur. El encuentro permite a ambos Ejecutivos proyectar una sintonía política que va más allá de la lucha contra las drogas e incluye la iniciativa Escudo de las Américas, lanzada en marzo para combatir el narcotráfico, frenar la inmigración e intentar reducir la influencia de China en la región.
Discursos de urgencia y cooperación asimétrica
“Ningún país es inmune al narcotráfico ni puede librar esa batalla por si solo”, advirtió la representación del Gobierno de Estados Unidos al abrir la sesión, marcando el tono de una cita enfocada en reforzar la cooperación internacional. El embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas, sostuvo que Washington “trabaja codo a codo con la Argentina y los países democráticos frente a los carteles, redes criminales y terroristas”, pero reconoció las dificultades para contener a organizaciones que se adaptan con rapidez: “Los carteles y los criminales se mueven rápido. Por eso debemos movernos aún más rápido”. El jefe de la DEA, Terry Cole, elogió la colaboración argentina y reclamó extenderla “a una escala más grande para vencer a las organizaciones criminales trasnacionales responsables de narcotráfico, lavado de dinero, corrupción y violencia alrededor del mundo”, en una formulación que refuerza el rol de Estados Unidos como coordinador de las estrategias regionales.
Argentina como corredor de cocaína y socio preferente
Mientras desde la Casa Rosada y el Ministerio de Seguridad de Argentina se marcan distancias con los gobiernos previos, a los que acusan de haber negado “el problema del narcotráfico”, los datos del Fondo de investigación de inteligencia financiera muestran un escenario más complejo. Entre enero de 2024 y mediados de 2026, las fuerzas federales argentinas decomisaron casi 15 000 kilos de clorhidrato de cocaína en operativos de gran escala, y alrededor del 80 % de las cargas incautadas tenían origen en Bolivia, lo que confirma la consolidación de Argentina como corredor de tránsito y distribución hacia otros mercados. La ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, definió al crimen organizado como uno de los grandes males del siglo XXI y subrayó que “es imposible pensar el crecimiento y el desarrollo por fuera de la seguridad”, ligando la agenda económica del Gobierno de Argentina a una estrategia de mano dura respaldada por la cooperación con Washington.
México, tensiones silenciosas y Escudo de las Américas
Aunque la cumbre es hermética, trascendió que Terry Cole ha intentado matizar fricciones con México al calificar como “socio de confianza” al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch. Ese guiño diplomático se produce en medio de una relación bilateral atravesada por choques previos en materia de seguridad, y mientras Estados Unidos impulsa el Escudo de las Américas junto a una docena de gobiernos latinoamericanos políticamente afines. En paralelo, el canciller argentino, Pablo Quirno, mantuvo una reunión con Cole que el propio funcionario presentó en redes como una nueva demostración del “firme compromiso” de Javier Milei con la lucha contra el crimen trasnacional y el narcotráfico, alineando la política exterior de Buenos Aires con las prioridades de la administración Trump.
Retórica de guerra y ausencia de debate público
La celebración de la IDEC sin prensa y con escasa información sobre su agenda concreta limita el escrutinio público de unas políticas que, según sus impulsores, pretenden frenar la expansión de los carteles pero que históricamente han privilegiado la perspectiva militar y policial. Los discursos de la Administración para el control de Drogas de Estados Unidos y del Gobierno de Argentina insisten en la urgencia y la necesidad de moverse “más rápido”, pero dejan sin responder cuestiones clave sobre el impacto social de esa estrategia, la transparencia de los acuerdos de cooperación o la evaluación de resultados más allá de las incautaciones. Con Argentina convertida en un nodo cada vez más relevante del tráfico de cocaína, el verdadero alcance de esta alianza en seguridad se medirá en los próximos años por su capacidad de reducir la violencia, el lavado de dinero y la corrupción estructural, y no solo por la magnitud de los decomisos.