Del performance callejero a la cárcel de máxima seguridad
Con 38 años, Luis Manuel Otero Alcántara se ha convertido en una de las figuras más visibles de la disidencia no partidista en la isla. Artista visual y cofundador del Movimiento San Isidro, utilizó durante años el performance como herramienta política: convivió un mes envuelto en la bandera cubana, impulsó un Museo de la Disidencia y protagonizó huelgas de hambre. Según cuenta en la entrevista con BBC News Mundo, esas acciones derivaron en una vigilancia constante, decenas de arrestos cortos y noches de calabozo hasta su encarcelamiento definitivo en 2021, tras las históricas protestas del 11 de julio. El gobierno cubano lo procesó por los delitos de ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos, y un tribunal lo condenó a 5 años de prisión en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa, a unos 30 kilómetros al oeste de La Habana. El artista sostiene que su juicio fue “un montaje” y que la sentencia estaba decidida de antemano por la Seguridad del Estado, extremo que no ha sido confirmado públicamente por el gobierno cubano.
Guanajay: encierro, vigilancia extrema y arte como resistencia
Otero Alcántara describe Guanajay como un entorno de máxima seguridad, cámaras en cada esquina y presos condenados a cadena perpetua. Compartía una celda de aproximadamente cuatro por tres metros con otras tres personas, en literas de cemento y un baño sin puerta, lo que, según su testimonio, anulaba la intimidad. Relata que, apenas llegó, funcionarios le ofrecieron el exilio como única vía para salir: le dijeron que nunca más caminaría libremente por las calles de Cuba. Durante cinco años, asegura, vivió bajo una vigilancia reforzada: un preso asignado dormía en su misma celda para informar a la Seguridad del Estado, mientras los guardias cerraban partes del penal cada vez que él salía al patio. Afirma que no accedió a rebajas de condena habituales y que en varias etapas se le restringió el contacto con otros reclusos, lo que considera una forma de aislamiento político. Según relata, la presión internacional fue clave: su caso fue asumido por Amnistía Internacional, que lo declaró preso de conciencia, y la revista Time lo incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo, lo que, a su juicio, contuvo posibles abusos y permitió que sus denuncias sobre la prisión tuvieran eco fuera de Cuba.
Huelgas de hambre, celdas de castigo y la economía de la comida
Dentro de la cárcel, el artista convirtió el tiempo en obra. Explica que creó un proyecto en el que “vendía” cada día de sus cinco años preso, acompañando cada uno con un fragmento de almanaque y un contrato simbólico, como forma de recuperar el control frente a lo que considera un sistema que apropia el tiempo de los ciudadanos desde la niñez. Asegura que protagonizó entre seis y siete huelgas de hambre, una de ellas de cerca de 48 días, y que en respuesta fue enviado varias veces a celdas de castigo, donde llegó a pintar una serie sobre militares “frustrados y rotos” que, según cuenta, fue decomisada. Sobre la alimentación, señala que las condiciones reflejan el colapso económico del país: “Si quieren saber cómo está la comida en la prisión, miren cómo está la comida en Cuba”, afirma. Dice que pudo comer relativamente bien gracias a los paquetes que le llevaban amigos, familiares y vecinas de Bauta, quienes recorrían entre 30 y 50 kilómetros para entregarle alimentos y medicinas. Para él, esos envíos, incluso cuando se trataba solo de arroz con huevo, tenían “un condimento extra: el amor”, y se convirtieron en un símbolo de resistencia compartida entre reclusos y familias.
Guardias también como víctimas y una sociedad fracturada
Uno de los giros más importantes de su experiencia carcelaria fue la percepción de los uniformados. Otero Alcántara afirma que muchos de los jóvenes guardias, de unos 20 o 21 años y procedentes de zonas muy pobres, estaban allí atraídos por promesas de vivienda o estabilidad que, según su relato, rara vez se concretaban. Dice haber visto casos de agentes que se autolesionaban o hacían huelgas de hambre para intentar abandonar el trabajo, lo que lo llevó a concluir que, más allá de algunos abusos de poder, presos y custodios compartían una condición de subordinación frente a lo que él llama “una cúpula que mantiene secuestrado al país”. Desde la prisión seguía la realidad nacional a través de la televisión, llamadas familiares y nuevos ingresos al penal. Por esos testimonios, asegura que se enteró de la expansión de drogas sintéticas baratas entre adolescentes, incluso de 12 o 13 años, y de madres absorbidas por la búsqueda de comida y la gestión de apagones, sin capacidad para atender a sus hijos. En su visión, las historias que escuchó en Guanajay reflejan una sociedad “fracturada” por la crisis económica y la falta de oportunidades, especialmente para los jóvenes.
El precio del exilio y el futuro de su obra
Tras años de rechazo a la idea de abandonar la isla, Otero Alcántara terminó aceptando el exilio al considerar que su “misión” dentro de Cuba estaba cumplida y que la Seguridad del Estado no le permitiría volver a caminar libremente. Estados Unidos le concedió un permiso humanitario y, con la mediación de la embajada de Estados Unidos en La Habana, viajó a Miami, donde hoy inicia una nueva etapa. No lo ve como un premio, sino como otra forma de violencia política: no puede ver a su hijo ni a sus sobrinos ni participar en sus vidas cotidianas. Afirma que logró sacar de Cuba unas 4 000 pinturas realizadas en prisión y que su objetivo es organizar un gran evento en el que pueda desplegarlas todas para que el público “huela la prisión” que contienen, antes de que la atmósfera de las galerías borre el rastro físico del encierro. Mientras camina por las calles de Miami “sin que nadie lo vigile”, asegura seguir en estado de alerta, con los sentidos entrenados por años de encierro. Su desafío, sostiene, será transformar ese trauma en obras que mantengan visible, desde el exterior, la situación de quienes siguen encarcelados en Cuba por motivos políticos, según las organizaciones de derechos humanos que han acompañado su caso.