De potencia azucarera a importadora crónica de alimentos
El actual desabastecimiento no surgió de la noche a la mañana. Durante décadas, la economía cubana se construyó sobre una apuesta casi exclusiva por el azúcar como producto de exportación. William A. Messina, economista agrícola de la Universidad de Florida, sostiene que “parte del problema” se remonta a ese énfasis histórico: Cuba vendía azúcar, sobre todo a Estados Unidos primero y al bloque socialista después, y con esos ingresos financiaba la compra de arroz, grasas, carne de cerdo o trigo. Los acuerdos comerciales hacían rentable especializarse y relegar la autosuficiencia alimentaria. Tras la Revolución de 1959, Estados Unidos dejó de ser socio y la Unión Soviética asumió el rol de principal cliente y proveedor de petróleo, fertilizantes y maquinaria, a precios preferenciales. Cuando el bloque socialista se derrumbó a inicios de la década de 1990, Cuba perdió no solo su mercado azucarero privilegiado, sino también los insumos que sostenían una agricultura intensiva y altamente dependiente del exterior. La industria azucarera se desplomó desde unos 8 millones de toneladas en 1989 a menos de 150 000 en la zafra 2024-2025, según cálculos a partir de datos oficiales citados por EFE, dejando a la isla sin la principal fuente de divisas para financiar la importación de comida.
Caída productiva y libreta cada vez más vacía
La contracción de la agroindustria azucarera vino acompañada de un retroceso profundo en otros rubros. Las propias estadísticas recogidas por el Programa Mundial de Alimentos de la ONU muestran que entre 2018 y 2023 la producción nacional de carne de cerdo cayó un 95 %, la de arroz un 87 %, la de frijoles un 70 % y la de leche un 58 %. Estos alimentos básicos escasean en los mercados estatales y cuando aparecen en espacios no subsidiados suelen tener precios inaccesibles para el salario promedio. El resultado es una dieta más pobre en energía, variedad y calidad nutricional, especialmente para los hogares que dependen de la libreta de abastecimiento. El propio Plan Estratégico para Cuba 2026-2030 del Programa Mundial de Alimentos de la ONU alerta de que la canasta alimentaria habitual no cubre las necesidades energéticas mínimas. La deteriorada red de racionamiento, que durante años amortiguó las crisis, hoy distribuye cantidades cada vez menores y con menos productos, obligando a muchas familias a buscar alternativas en mercados informales o recurrir a remesas del exterior.
El papel de Acopio y los incentivos bloqueados en el campo
La organización de la producción agrícola interna ayuda a explicar por qué el país no logra responder con más cosechas a la escasez. El sistema se articula alrededor de Acopio, la empresa estatal que contrata con los agricultores la entrega de ciertos volúmenes de alimentos a cambio de suministrar combustible, fertilizantes y otros insumos. El economista cubano Pável Vidal describe la agricultura como “el ejemplo típico de lo que provoca la falta de mecanismos de mercado” y acusa al gobierno de haber instaurado controles económicos que “no han funcionado”. Según Vidal, Acopio paga precios “muy bajos”, a veces por debajo de los costes de producción, y acumula una deuda “multimillonaria” con campesinos y cooperativas. William A. Messina recuerda que durante años el Estado fijó cuotas obligatorias sin consultar a los productores, condicionando además la entrega de insumos al cumplimiento estricto de esas metas. Quien no llegaba a la cuota se arriesgaba a perder acceso a fertilizantes o diésel, quedando atrapado en un circuito que castiga tanto el fracaso como la iniciativa propia. A ello se suman los topes de precios que no reflejan costes reales ni inflación, lo que incentiva el desvío y la reventa de combustibles y recursos agrícolas hacia mercados paralelos más lucrativos.
Propiedad estatal, pesca restringida y prioridades de inversión
La estructura de propiedad de la tierra también condiciona el rendimiento. El 79 % de la superficie agrícola es estatal, frente a un 13 % en manos de campesinos privados y un 8 % gestionado por cooperativas, aunque más del 80 % de la producción de alimentos proviene de estas últimas y del sector campesino, que trabaja a menudo en tierras en usufructo. Las Unidades Básicas de Producción Cooperativa funcionan, según Vidal, más como empresas estatales que como cooperativas reales, con limitada autonomía para decidir cultivos, inversiones y clientes. En el mar, la paradoja se repite: una isla rodeada de agua, pero con una dieta cotidiana pobre en pescado y marisco. La flota estatal, que llegó a capturar unas 100 000 toneladas anuales en aguas internacionales entre 1976 y 1990, se fue desintegrando por falta de inversión, combustible y mantenimiento, mientras los estrictos controles sobre embarcaciones privadas, pensados para evitar fugas migratorias, reducen la pesca artesanal y de pequeña escala. Todo esto se agrava por una descapitalización prolongada del sector agrícola. En octubre de 2024, el Ministerio de Agricultura reconoció que el campo recibe apenas el 10 % del combustible que necesita y que solo el 7 % de la superficie dispone de riego. Ese mismo año, el 37,4 % de la inversión estatal se destinó a turismo y hostelería, frente a un exiguo 2,7 % dirigido a la agricultura, según datos oficiales, una apuesta que deja claro qué sectores elige privilegiar el Gobierno de Cuba.
Reformas fragmentadas y dudas sobre el giro prometido
Ante el deterioro productivo, las autoridades han anunciado sucesivas rondas de reformas, desde la ampliación del usufructo de tierras estatales hasta mayores atribuciones para cooperativas y productores. En junio de 2026 se presentó un paquete de 176 transformaciones que incluye eliminar límites al usufructo, permitir a las cooperativas importar y vender combustible, y medidas para atraer capital extranjero. Pável Vidal considera que figuras como el usufructo por 99 años se aproximan de hecho a la propiedad privada y podrían incentivar inversiones si se aplican con seguridad jurídica. William A. Messina, en cambio, expresa reservas sobre la implementación efectiva de este nuevo marco y advierte de la resistencia política a ceder autonomía económica al sector privado por temor a perder control. Incluso si estas reformas se ejecutaran de forma coherente, deberían operar sobre un campo con maquinaria envejecida, poca infraestructura de riego, escasa refrigeración y transporte deficitario. Sin un cambio profundo en los incentivos, la asignación de recursos y la prioridad presupuestaria, Cuba seguirá gastando miles de millones de dólares en importar la comida que podría producir en su propio territorio, prolongando la vulnerabilidad alimentaria de su población y postergando la posibilidad de una verdadera seguridad alimentaria.