Un golpe al único punto plenamente cumplido del Acuerdo de Paz
Las emisoras de paz son, según la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia, el único compromiso del pacto firmado con las FARC que alcanzó el 100 % de cumplimiento desde diciembre de 2024. No se trata solo de haber puesto al aire 20 frecuencias: el Acuerdo exige que produzcan y emitan contenidos desde los territorios más afectados por el conflicto, con participación de comunidades indígenas y campesinas, y con programación sobre convivencia, reconciliación y seguimiento a la implementación. Voces que han participado en la Comisión, como Federico Montes, delegado de los desmovilizados de las extintas FARC, recuerdan que estas emisoras fueron diseñadas para operar, al menos, hasta 2030 y para abordar “los componentes de las violencias en Colombia, incluyendo la cultural”. Al concentrar la señal en Bogotá y vaciarla de contenidos regionales, el Gobierno de Colombia desmonta de facto ese diseño territorial sin ofrecer un calendario ni un plan detallado de reactivación informativa.
Acusaciones de propaganda y revisión de contratos millonarios
La justificación política llegó desde el entorno del presidente Abelardo de la Espriella. Miembros de su Gobierno sostienen que el sistema de medios públicos se convirtió en un “aparato de propaganda” durante la presidencia de Gustavo Petro, una crítica reforzada por sectores de derecha como el senador Enrique Gómez, del Movimiento Salvación Nacional, quien tildó a las emisoras de paz de “megáfonos oficiales de las FARC para adoctrinar regiones”. En paralelo, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la nueva gerencia de Inravisión anunciaron una auditoría interna. La ministra Alexandra Falla informó el 22 de agosto que encontraron convenios firmados con el Ministerio de Educación y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República por unos 7.255 millones de pesos, dedicados a servicios de “pauta, plan y/o contenido digital” durante meses que coincidieron con la campaña presidencial de 2026. Aunque se trata, por ahora, de una sospecha de utilización indebida del sistema y no de una acusación formal, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha prometido revisar a fondo la contratación. Sin embargo, hasta el momento no ha señalado que las emisoras de paz estén vinculadas a esos convenios ni que hayan incurrido en conductas irregulares.
El silencio impuesto en territorios que dependen de la radio
Mientras el Gobierno de Colombia habla de revisión, en las regiones el efecto es inmediato. Las 31 frecuencias pausadas operan con unos 230 contratistas —114 en las emisoras de paz y 116 en las demás emisoras descentralizadas—, muchos con contratos vigentes hasta entre octubre y diciembre. Periodistas vinculados al sistema, que solicitan anonimato por temor a represalias contractuales, describen una programación que iba más allá de los boletines: espacios culturales, información de servicio, reportes sobre víctimas, campesinos y líderes sociales, y apoyo permanente a la parrilla informativa nacional con reportes desde zonas rurales. Algunos relatan que, incluso antes de la suspensión, ya se habían dado órdenes de corte editorial, como evitar el uso de la palabra “compañero” o limitar entrevistas con población indígena. En ese escenario, las palabras de Alexei Castaño Kostin, director de Radio Nacional de Colombia, en su cuenta de X, apuntan al corazón del conflicto: “La radio pública no es únicamente una programación. Es un servicio esencial que informa, orienta, acompaña y conecta a los ciudadanos, especialmente en territorios donde otros medios tienen una presencia limitada”. El periodista subrayó que la decisión se tomó cuando el país enfrenta las secuelas del terremoto del 10 de agosto, situación que hace todavía más crítica la suspensión de un canal directo de información para comunidades vulnerables.
Reacción institucional y batalla cultural del nuevo gobierno
La decisión de Inravisión ya ha generado respuestas institucionales. La Defensoría del Pueblo recordó públicamente que las emisoras de paz “no son emisoras públicas ordinarias” y pidió reevaluar de forma prioritaria la suspensión, subrayando su carácter de herramienta del Acuerdo de Paz de 2016. Desde el Congreso de la República, el representante Alejandro Toro, del Pacto Histórico, anunció un debate de control político contra la ministra Alexandra Falla y la gerente de Inravisión, Ángela María Mora, por un posible incumplimiento de compromisos de Estado y por la afectación al derecho a la información de casi medio millón de oyentes. El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, también del Pacto Histórico, comunicó que interpondrá una acción de tutela contra el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones e Inravisión para restablecer las emisiones, alegando vulneración de los derechos fundamentales a la información, la libertad de expresión y la paz. Todo ocurre bajo la consigna de la “batalla cultural” proclamada por Abelardo de la Espriella para disputar narrativas públicas y reforzar valores conservadores frente a lo que considera una agenda progresista. Aunque el Gobierno de Colombia aún no ha presentado una política formal para los medios públicos, señales recientes —como la jornada de oración promovida desde las redes de RTVC por las víctimas del terremoto— apuntan a un giro editorial. El pulso que se abre ahora, entre cierre de micrófonos y reclamos por el cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016, definirá si las emisoras de paz siguen siendo un instrumento de reconciliación territorial o se transforman en un simple eslabón de la nueva estrategia comunicativa oficial.