Un paraíso turístico convertido en escenario de guerra
La intervención llega en uno de los destinos más visitados de la costa Caribe: según cifras oficiales citadas por analistas, cerca de 60 000 turistas extranjeros visitaron Santa Marta en 2025 y más de 800 000 viajeros ingresaron al cercano Parque Tayrona. Ese atractivo contrasta con una realidad donde confluyen narcotráfico, extorsión y contrabando. El puerto de Santa Marta es clave para las exportaciones de Colombia y, de acuerdo con las autoridades, es usado por narcotraficantes para infiltrar cargamentos ilícitos con destino a Europa y Estados Unidos. Según la Fundación Ideas para la Paz, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada extorsionan a alrededor del 95 % de hoteles, restaurantes, operadores turísticos y otros negocios del área, mientras mantienen un control territorial que se extiende desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta La Guajira con rutas de contrabando hacia la frontera con Venezuela.
Paro armado, vehículos calcinados y bloqueo de vías
La actual escalada comenzó cuando el gobierno anunció la neutralización de alias Cholo y de una decena de presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en un operativo militar. En respuesta, ese grupo decretó un paro armado hasta este viernes, con amenazas directas a comerciantes, pobladores y transportadores. En videos difundidos en redes sociales se observan hombres armados disparando desde motocicletas contra negocios abiertos y varios vehículos y un autobús calcinados bloqueando la Troncal del Caribe, una de las principales arterias de la región. ACLED, centro internacional de monitoreo de conflictos, reporta que la violencia en Santa Marta y otros destinos turísticos cercanos aumentó un 28 % en 2026, con cierres forzados del Parque Tayrona en dos ocasiones por enfrentamientos y bloqueos que dejaron varados a cientos de turistas.
La estrategia de fuerza de De la Espriella
Abelardo de la Espriella ha presentado la ofensiva como la primera gran prueba de su política de seguridad, claramente opuesta a la de su antecesor Gustavo Petro. Tras asumir la presidencia en agosto, De la Espriella desmanteló las mesas de diálogo que Petro había abierto con diversos grupos armados y les declaró la guerra, incluyendo al Ejército Gaitanista de Colombia y a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ambos remanentes de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia. En Santa Marta, el mandatario ha difundido videos en los que aparece armado, recorriendo barrios y acompañando a los uniformados desplegados. En uno de sus mensajes, afirmó que "estos delincuentes pretenden incendiar gran parte de la región Caribe, empezando por Santa Marta, donde han amenazado a comerciantes, pobladores y transportadores", mientras de fondo se escuchaba música épica. Para Gerson Arias, analista de la Fundación Ideas para la Paz, la combinación de despliegue militar e intensa comunicación puede reforzar la imagen de autoridad del presidente en una zona donde los grupos criminales están más concentrados y ha habido un trabajo de inteligencia previo.
Críticas por el “show” y los videos entre cadáveres
El tono performático del mandatario ha encendido críticas. Gabriel Becerra, congresista del Pacto Histórico, calificó el despliegue en Santa Marta como un “show mediático”, cuestionando que se use la coyuntura para fortalecer la figura presidencial más que para construir una política de seguridad integral. La controversia se suma al episodio reciente en Guaviare, donde De la Espriella se grabó caminando entre cuerpos de presuntos insurgentes abatidos en una operación militar. Un juez de Bogotá ordenó la retirada temporal de esas imágenes y la defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que "el Estado y el Gobierno no pueden entrar en una competencia por demostrar quién puede ser más cruel". Pese a ello, el presidente ha continuado difundiendo videos en los que aparece junto a bolsas de cadáveres, reforzando un relato centrado en la mano dura, lo que abre un debate sobre los límites éticos y la utilidad real de esa exhibición para restablecer el orden.
Un conflicto que excede a Santa Marta
Más allá del efecto inmediato sobre el paro armado, el desafío para el gobierno es desmontar estructuras que, como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Ejército Gaitanista de Colombia, cuentan con cientos de integrantes y cadenas de financiación que van desde la extorsión hasta el narcotráfico. El analista de ACLED Tiziano Breda coincide en que la militarización puede contener la situación a corto plazo, pero señala que la estrategia de De la Espriella parece enfocada en golpear cabecillas sin detallar un plan prolongado para desarticular las bases económicas y armadas de estos grupos. A su juicio, la presencia física del presidente en operativos como el de Santa Marta “abona muy poco a la estrategia de contención y la capacidad del Estado para restablecer el orden”, aunque reconoce que la ciudad tiene una dimensión internacional por su importancia turística. Con frentes abiertos también frente al ELN y distintas disidencias de las Farc, la continuidad de los esfuerzos en Magdalena está en duda. El éxito o fracaso de la operación en Santa Marta perfilará si el modelo de militarización intensa y comunicación agresiva será replicado en otros focos de criminalidad o si el gobierno se verá obligado a ajustar una política de seguridad que busca, una vez más, reducir una violencia que golpea a Colombia desde hace más de seis décadas.